Corporaciones transnacionales norteamericanas lograron una victoria judicial contra leyes de gobiernos estatales y locales en Estados Unidos que penan a las compañías con negocios en países de regímenes opresores en el mundo.
Un juez federal decidió la semana pasada que una ley vigente hace dos años en Massachusetts, la cual hace difícil ganar contratos estatales a las compañías que negocian en Birmania, viola la constitución de Estados Unidos.
El juez de la corte de distrito Joseph L. Tauro resolvió que la ley, que impone un gravámen de 10 por ciento a las licitaciones de contratos de empresas con inversiones en Birmania, "viola impermisiblemente el poder del gobierno federal de regular los asuntos exteriores".
La portavoz de la Procuraduría General de Massachusetts dijo el jueves que la decisión será apelada ante una corte superior, aunque "queremos analizar la decisión con más detenimiento".
Algunos analistas creen que el caso finalmente será decidido por la Corte Suprema.
La decisión tiene implicaciones importantes para organizaciones defensoras de los derechos humanos que se oponen al régimen militar en Birmania y para la relación entre estados y otras jurisdicciones locales y el gobierno federal.
El impacto de la decisión va mucho más allá de Massachusetts, dijo Bob Stumberg, profesor del Centro de Leyes Georgetown en esta capital. "Negaría a las ciudades y estados el poder de usar normas morales para elegir a sus socios comerciales si el comercio exterior es afectado", agregó,
La ley de Massachusetts es una entre docenas de las llamadas leyes de "compra selectiva", que durante más de 20 años han sido usadas por estados y jurisdicciones locales para presionar a compañías con el fin de que dejen de hacer negocios con gobiernos represivos en el exterior.
Estas leyes están diseñadas para forzar a las transnacionales a escoger entre licitaciones lucrativas de contratos estatales y locales o continuar con sus operaciones en el país en cuestión.
Fueron utilizadas con éxito durante fines de los años 70 y los 80, para forzar a transnacionales de Estados Unidos a retirarse del apartheid en Sudáfrica.
A estas leyes se debió el éxodo de decenas de algunas de las mayores corporaciones estadounidenses como Coca-Cola, IBM y General Motors de Sudáfrica entre 1976 y 1986, cuando el Congreso impuso sus propias sanciones contra Pretoria por encima de la oposición del entonces presidente Ronald Reagan.
Leyes similares en Nueva York, California, Pennsylvania y otros estados y ciudades, orientadas a bancos suizos y compañías de seguros que no respondieron adecuadamente a sobrevivientes del Holocausto nazi y sus familias lograron una solución a varios reclamos en agosto.
Unas dos docenas de estados y ciudades se involucraron en compras selectivas contra compañías con negocios en Birmania, donde una junta militar reprime la oposición democrática encabezada por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Otras jurisdicciones lo hicieron contra empresas con operaciones en Nigeria, China y Cuba.
Las transnacionales naturalmente se oponen a estas iniciativas porque reducen su libertad de hacer negocios donde quieren.
Pero, hasta ahora, habían sido reticentes a desafíos legales, en parte debido a la publicidad negativa que podría surgir si cualquier compañía reclama el derecho de hacer negocios con gobierno represores.
Este caso, sin embargo, fue presentado por el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), una asociación de 580 de las mayores corporaciones estadounidenses y afiliadas estadounidenses de transnacionales extranjeras.
El presidente del NFTC, Frank Kittredge, dijo el jueves que "la decisión descansa sobre claros principios constitucionales, y debería impedir a estados y ciudades imponer sus propias sanciones de política exterior".
"Compartimos las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos en Birmania, pero nuestro sistema no fue diseñado para permitir a los cincuenta estdos y cientos de municipalidades que planteen su propia política exterior", agregó Kittredge.
Las ley de sanciones a Birmania provocó gran interés en el exterior.
La Unión Europea (UE) envió un informe a la corte en respaldo de la posición del NFTC, una acción que concitó una fuerte reacción de autoridades estatales y legisladores de Massachusetts en el Congreso.
La UE y Japón también presentaron desafíos formales a la ley ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, alegando que viola el Acuerdo de Contratación Gubernamental con Washington, el cual prohíbe a los estados utilizar criterios no económicos para decidir sobre licitaciones para contratos.
El gobierno del presidente Bill Clinton, que inicialmente intentó persuadir a los legisladores de Massachusetts para que enmendaran la ley para que la UE y Japón abandonaran el juicio ante la OMC, se comprometió a defenderla ante el órgano regulador del comercio mundial. (FIN/IPS/tra-en/jl/kb/lp/if hd/98
