El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prevé sanciones a gobiernos acusados de persecución religiosa, en el último revés para los intereses de las grandes empresas de este país.
Se prevé que el proyecto, adoptado el viernes, será confirmado por la Cámara de Representantes -que aprobó una versión mucho más severa en mayo- antes de que se levanten las sesiones del Congreso por este año.
Una alianza de más de 600 de las mayores compañías de este país, preocupadas por el efecto que tendrá el proyecto sobre los intereses económicos estadounidenses en el exterior, tenía como objetivo liquidar a la norma.
Los aliados de las grandes empresas en el gobierno del presidente Bill Clinton lograron mitigar los alcances del proyecto, sobre todo en comparación con la versión aprobada por la cámara baja, pero la alianza empresarial, USA-Engage, expresó su desilusión por el voto del Senado.
"Agradecemos a nuestros aliados, que trabajaron tanto para mejorar el proyecto. Por desgracia, sigue siendo una iniciativa de sanciones unilaterales que podría terminar por afectar a algunos de los más cercanos aliados y socios comerciales de este país", lamentó Frank Kittredge, director de USA-Engage.
La alianza, con el respaldo de la Cámara de Comercio, la Asociación Nacional de Industriales y el Consejo Nacional de Comercio Exterior, seguirá luchando por la adopción de normas que hagan más difícil que el Congreso apruebe sanciones económicas unilaterales en el futuro, anunció Kittredge.
La derechista Coalición Cristiana, principal auspiciante del proyecto, declaró que la votación del viernes fue una gran victoria y que envió "el mensaje de que, además de ser el líder económico del mundo, Estados Unidos también es el líder moral y no tiene miedo de ejercer ese liderazgo".
El gobierno, que luchó arduamente contra el proyecto de la Cámara de Representantes y negoció mucho para moderar la versión del Senado, también declaró la victoria.
"Con los cambios que hemos negociado, el proyecto de ley promueve la causa de la libertad religiosa y otorga al presidente la flexibilidad que necesita sin socavar las relaciones con otros países", aseguró el subsecretario para Asuntos Económicos y de Negocios, Stuart Eizenstat.
El proyecto legislativo, denominado Ley de Libertad Religiosa Internacional, otorga a Clinton varias opciones, como la posibilidad de votar contra la entrega de préstamos de instituciones financieras multilateras al país cuestionado, o la de renunciar a la sanción en aras del "interés nacional".
La versión de la Cámara de Representantes era mucho más severa ya que exigía al presidente anular toda la ayuda no humanitaria, restringir el comercio y oponerse a los préstamos de los organismos multilaterales para los gobiernos extranjeros que permitan o fomenten la persecución de grupos religiosos.
El presidente podía evitar las sanciones, según el proyecto de la cámara baja, sólo por razones de "seguridad nacional" -un matiz más estricto que el interés nacional- o si su imposición provocara mayor persecución.
El proyecto dividió a la comunidad religiosa. La Conferencia de Obispos Católicos, la judía B'nai B'rith y la Convención de Bautistas del Sur apoyaron la norma, pero el protestante Consejo Nacional de Iglesias y el Comité Estadounidense Judío la rechazaron.
La principal contienda tuvo lugar entre dos grupos de base del Partido Republicano: la derecha cristiana, que aporta electores, y la comunidad empresarial, que aporta dinero para la campaña electoral.
Durante la última sesión del Congreso, representantes de la derecha cristiana atacaron a los dirigentes republicanos por subordinar los "valores morales" del partido a los de las grandes empresas, sobre todo en cuestiones esenciales, como la inmigración, el comercio con China y el respaldo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, las grandes compañías vieron en el proyecto una amenaza a sus intereses en el exterior.
USA-Engage indicó que, según información del Departamento de Estado (cancillería), 77 países con más de la mitad de la población mundial padecen algún tipo de persecución religiosa, entre ellos importantes socios comerciales de Estados Unidos como Arabia Saudita, China, Egipto, los estados del Golfo, India, Pakistán, Rusia y Turquía.
USA-Engage, que incluye a grandes compañías como General Motors, General Electric, IBM y Boeing, fue creada para combatir las sanciones unilaterales que, asegura, le cuestan a las firmas estadounidenses unos 20.000 millones de dólares por año en oportunidades comerciales perdidas.
La alianza empresarial también apoyó la aprobación de normas que someterían los proyectos de ley con sanciones unilaterales a un riguroso proceso de revisión que dificultaría su adopción.
Pero el líder de la mayoría del Senado, Trent Lott, archivó esa iniciativa en septiembre y abogó para que el viernes se votara la versión más benigna del proyecto de ley de persecución religiosa, con el fin de cumplir sus compromisos con la Coalición Cristiana.
El proyecto indica que sólo se adoptarán sanciones económicas contra los países que cometan "atroces violaciones de la libertad religiosa", como la tortura, la desaparición física, la detención prolongada y la ejecución. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/ip-if/98
