La represión de la inmigración ilegal en Estados Unidos tuvo el indeseado efecto de recrear en los lugares de trabajo condiciones de explotación propias del siglo pasado.
La aplicación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 socavó la capacidad de los trabajadores inmigrantes para conseguir mejores salarios y un tratamiento más digno, y minimizó la eficacia de los sindicatos que intentan ayudarlos.
La ley convirtió a las sanciones de los empleadores contra los trabajadores en parte de las leyes federales y formalizó la creación de una categoría especial de residentes que tienen menos derechos que la población en general, ya que no pueden trabajar ni recibir asistencia social.
Los trabajadores indocumentados, cerca de uno por ciento de los habitantes de este país, son parte permanente y constante de la población estadounidense, y lo han sido durante décadas.
Según el Instituto Urbano, la cantidad de indocumentados fluctuó entre tres y cinco millones en 1986, entre dos y tres millones en 1988 y entre 2,7 y 3,7 millones en 1992.
El Foro Nacional de la Inmigración calcula que esos inmigrantes pagan 7.000 millones de dólares en impuestos y subsidian el sistema de seguridad social, del que no pueden recibir ayuda.
En California, que alberga casi 43 por ciento de la población indocumentada de este país, o cerca de 1,4 millones de habitantes, los trabajadores indocumentados pagan 732 millones de dólares en impuestos.
Un estudio de la Universidad de California en Los Angeles reveló que este tipo de trabajadores aportan aproximadamente siete por ciento de los 900.000 millones del producto interno bruto de California, o sea unos 63.000 millones.
Casi todos los trabajadores indocumentados reciben salarios cercanos o inferiores al mínimo legal, que con 5,75 dólares por hora equivale a un ingreso anual de 11.960 dólares.
Los indocumentados sólo reciben un pequeño porcentaje del dinero que inyectan a la economía. Esa diferencia es una fuente de ganancia para los sectores que dependen de su trabajo, como la agricultura y el procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la vestimenta, la industria liviana, el comercio minorista, la atención médica y los servicios domésticos.
Las leyes de inmigración hacen más vulnerables a estos trabajadores, lo que abarata su trabajo para los empleadores.
No obstante, los indocumentados no son víctimas pasivas de la explotación. En la última década, se convirtieron en la espina dorsal de muchas huelgas y campañas de sindicalización, pero los empleadores se aprovecharon de su vulnerabilidad para frenar el creciente respaldo que reciben los sindicatos.
La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados indicó este mes en un informe sobre allanamientos realizados en lugares de trabajo por agentes del Servicio de Inmigración y Nacionalización (INS) que, en muchos casos, la ley se utilizó para privar a los inmigrantes de sus derechos laborales.
Un ejemplo es la actual campaña de sindicalización emprendida por el Sindicato de Camioneros y los Trabajadores Unidos de la Granja en el sector manzanero de Washington.
La compañía de frutas Stemilt informó a los trabajadores que si apoyaban al sindicato, los agentes del INS allanarían el lugar para deportar a los trabajadores indocumentados.
"Aún no hay sindicato aquí y la INS no hizo ningún allanamiento. Pero con el sindicato, la INS va a aparecer", advirtió a los trabajadores el consultor antisindical de Stemilt, según la empleada Mary Méndez.
Con esas amenazas, la compañía pudo vencer al sindicato en una elección para decidir la sindicalización de los trabajadores. Sin embargo, posteriormente el estatal Consejo Nacional de Relaciones Laborales ordenó a Stemilt negociar con los trabajadores debido a sus acciones ilegales.
Los empleadores están obligados a solicitar a los trabajadores documentos que verifiquen su derecho legal a residir en Estados Unidos y registrar esos documentos en formularios especiales.
Desde que esta legislación se comenzó a aplicar en 1986, muchos empleadores la utilizaron como mecanismo para despedir a los trabajadores sindicalistas.
Aun cuando no haya campañas de sindicalización, la posibilidad de allanamientos mantiene bajos los salarios en algunos de los sectores más vulnerables para los trabajadores.
En la zona de San Francisco, California, los allanamientos se concentran en los restaurantes de comida rápida, lavaderos de automóviles y lugares donde se buscan trabajo por el día.
El INS aplica la ley según sus propios criterios. En el estado de Georgia, en la primavera boreal, el organismo realizó allanamientos en los campos cebolleros fuera de la localidad de Vidalia.
Luego de que los propietarios se quejaran porque los allanamientos interferían con el trabajo, el director local de la INS aceptó suspender los allanamientos y las deportaciones hasta que concluyera la cosecha.
En un centro de lavado de ropa de la localidad de Staten Island, los empleados, que ganaban 300 dólares por hasta 80 horas de trabajo por semana, solicitaron la intervención del Departamento de Trabajo este verano boreal.
Luego de que los trabajadores demandaron a la empresa por 159.000 dólares en salarios adeudados, el INS realizó un allanamiento. (FIN/IPS/tra-en/db/mk/aq-ml/lb-hd/98
