Amnistía Internacional acusó hoy a Estados Unidos de oponerse activamente a los esfuerzos por mejorar el tratamiento de los derechos humanos en todo el mundo, e incumplirlos en su propio territorio.
"Estamos extremadamente preocupados por el papel destructivo que Estados Unidos juega cada vez más en el escenario internacional", declaró Pierre Sane, secretario general del grupo defensor de los derechos humanos.
Sane llevó este jueves hasta la sede de la Organización de las Naciones Unidas la campaña de Amnistía Internacional (AI) por la mejora de los derechos humanos en el mundo.
Como evidencia de sus acusaciones contra Washington, Sane citó la oposición de Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional (TPI), creado en julio en una conferencia en Roma, a pesar de las presiones norteamericanas en contra.
Además, se refirió a la prohibición el año pasado contra el relator de la ONU Bacre Waly Ndiaye, quien intentó investigar los derechos humanos en Estados Unidos, y a un intento de bloquear un protocolo opcional que aumentaría a 18 años la edad mundial para el reclutamiento militar.
Sane criticó los antecedentes de derechos humanos en Estados Unidos, señalando que la población carcelaria de Estados Unidos se triplicó desde 1980, e informó sobre abusos de mujeres y adolescentes en prisiones, detenciones de solicitantes de asilo y un resurgimiento de las ejecuciones.
"¿Cómo puede Estados Unidos presentarse como el campeón de los derechos humanos cuando su propia casa está en desorden?", alegó Sane, y criticó el "papel negativo y obstruccionista" de la potencia mundial en los intentos de respeto de los derechos humanos en su propio territorio y en el exterior.
Sane presentó una lista detallada de acusaciones de violaciones de los derechos en Estados Unidos al Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, con jurisdicción sobre el tema. Sin embargo, la forma en que Washington aborda los derechos humanos ante la ONU, ofrece poca esperanza de avances inmediatos.
Estados Unidos es uno en siete países que se opuso al Tribunal Penal Internacional durante una votación en julio en Roma, frente a 120 países que lo respaldaron, entre ellos los principales aliados de Washington.
Esta semana, funcionarios de Estados Unidos volvieron a subrayar su oposición al TPI.
El embajador David Scheffer, presidente de la delegación de Estados Unidos en las conversaciones de Roma, dijo el miércoles que "Estados Unidos no firmará el tratado del TPI en su forma actual, y tampoco hay perspectivas de que firmemos el texto del tratado en el futuro".
Scheffer se quejó de que, bajo las reglas presentes, el TPI juzgaría a autoridades militares de Estados Unidos por disparar "erróneamente" contra civiles durante una operación de paz, uno entre varios temas claves por los que Washington considera al TPI como "inaceptable".
El TPI no es el único caso en que Washington quedó aislado de sus aliados en cuestiones fundamentales de derechos humanos.
A la vez, señaló Sane, Estados Unidos es uno de los seis países, junto a Yemen, Arabia Saudita, Pakistán, Nigeria e Irán, que han ejecutado niños (legalmente, una persona que cometió delitos antes de los 18 años) en la última década.
En general, alegó el director de AI, Washington intentó debilitar a organismos y protocolos de derechos humanos en los que ni siquiera participa.
Además del TPI, el gobierno de Estados Unidos presionó tras bambalinas contra la campaña del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para un protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, que aumentaría la edad de reclutamiento militar de 15 a 18 años.
Washington hizo esto aunque no ratificó la Convención.
Ante el 50 aniversario este año de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que centra la atención sobre los antecedentes de derechos humanos en muchos países, Estados Unidos reaccionó a la defensiva ante varios intentos de examinar su actuación en esta área.
Ndiaye, en su investigación de prisiones y otras instalaciones de Estados Unidos el año pasado, no pudo reunirse con la secretaria de Justicia Janet Reno, y tampoco pudo visitar varias grandes prisiones.
En otro ejemplo de conducta obstruccionista, Sane alegó que funcionarios de gobierno de Estados Unidos trabajan tras bambalinas para evitar que el ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en un hospital británico, sea extraditado a España para enfrentar un juicio por las desapariciones de ciudadanos españoles, chilenos y argentinos durante su régimen. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/lp/hd ip/98
