Costa Rica comenzará en breve la apertura gradual de su sector de telecomunicaciones para terminar definitivamente, en enero del 2002, con un monopolio estatal mantenido con gran celo durante décadas.
Así lo resolvió la Comisión de Telecomunicaciones, una de las que integran el Foro de Concertación Nacional impulsado por el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, en el poder desde el 8 de mayo, para la adopción de decisiones de gran trascendencia nacional.
La decisión, anunciada el lunes, coloca a Costa Rica en el mismo camino seguido por el resto de América Central, de privatizar sus empresas de telecomunicaciones o abrir el mercado a la iniciativa privada.
Esta segunda alternativa es la escogida por Costa Rica. Según integrantes de la Comisión, el país no pondrá en venta sus activos, sino que ofrecerá los servicios en concesión.
Jorge Arguedas, representante de Frente de Asociaciones Laborales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dijo que el proyecto de apertura que el gobierno presentará a la Asamblea Legislativa fortalece a la institución porque la pondrá a competir como un operador más de telefonía y otros servicios.
El ICE es el propietario de la compañía encargada de las telecomunicaciones y telefonía fija y móvil.
Marisel Salas, representante del Foro Autónomo de Mujeres, propuso que se establezca la universalización de servicios de telecomunicaciones y que 50 por ciento del dinero que se recoja con la venta de concesiones se utilice para ese propósito.
Fabio Chávez, representante del partido Fuerza Democrática, dijo que su organización estima conveniente abrir el mercado en seis años y no en cuatro años, pues, sostuvo, eso podría implicar alzas desmedidas de tarifas.
La propuesta de apertura en cuatro años a partir de 1998 fue planteada por el gobierno y aprobada en la Comisión con los votos del sector empresarial y de los representantes de dos partidos minoritarios, pese a la oposición del también emergente Fuerza Democrática.
El proceso comenzará con la concesión de una banda de comunicación celular y una de servicios de comunicación personal al sector privado. Incluye también la cesión de servicios de valor agregado, como acceso a la red informática mundial Internet y transmisión de datos.
El fin del monopolio de las telecomunicaciones requerirá la aprobación de una ley, pero, tras el paso por el Foro de Concertación, su trámite será expedito.
Costa Rica fue, hasta inicios de la década del 90, uno de los países de América Latina más adelantados en materia de telecomunicaciones y telefonía, pero sucesivos recortes presupuestarios causaron un rezago, en momentos en que empresas de alta tecnología se instalan en el territorio.
La decisión costarricense se produjo precisamente poco después del traspaso por parte de dos países centroamericanos de sus empresas de telecomunicaciones al sector privado.
Guatemala vendió la Compañía de Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua) el jueves al consorcio centroamericano Luca SA, que ofreció 700 millones de dólares por 95 por ciento de las acciones de la empresa.
La negociación recibió críticas de diferentes sectores por falta de transparencia.
La subasta de la empresa estaba prevista para el 25 de septiembre, pero fue suspendida por la inestabilidad de las bolsas de valores del mundo. Pero el 30 de septiembre se anunció, sorpresivamente, que se realizaría al día siguiente.
La oposición política criticó que, con esa premura, ni siquiera se informó sobre las bases que rigieron la negociación.
Juan Francisco Reyes, dirigente del derechista Frente Republicano Guatemalteco, principal partido de oposición, aseguró que Luca SA está integrado por miembros de la familia del presidente Alvaro Arzú y de lo que denominó la "supercúpula" del país.
El grupo comprador tendrá un plazo máximo de tres años para cancelar la compra.
Guatemala, según el gerente de Telgua, Alfredo Guzmán, tiene una demanda insatisfecha de unas 500.000 líneas telefónicas.
En un proceso al parecer más transparente, El Salvador subastó el 17 de julio su empresa de telefonía inalámbrica (Intel) y el 24 de ese mes vendió la de telefonía fija (Antel). La venta de 51 por ciento de ambas empresas le reportó al gobierno salvadoreño un ingreso de 315 millones de dólares.
Honduras, por su parte, está lista ya para vender, en un plazo de ocho meses, 50 por ciento de las acciones de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), cuyo precio oscila entre 800 y 1.000 millones de dólares.
Honduras tiene la tasa más baja de líneas telefónicas por habitante de América Central, unos 2,5 teléfonos cada 100.
El gobierno de Nicaragua, rezagado en el proceso regional, ya cuenta con permiso del Poder Legislativo para vender su Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones (Enitel), y contrató al consorcio internacional M. Rothschild and Sons para asesorarlo en la venta de 40 por ciento de las acciones.
Finalmente, Panamá vendió su telefónica a la inglesa Cable and Wireles por 652 millones de dólares. (FIN/IPS/mso/mj/if/98
