Gobierno y parlamento de Colombia se aprestan a librar su primer gran pelea en torno a un proyecto de reforma política, cuyo trámite legislativo pondrá también a prueba el proceso de paz con organizaciones guerrilleras.
Precedido de un acuerdo entre las cúpulas del Partido Conservador (PC), en el poder, del Partido Liberal (PL) y del Movimiento Opción Vida (OV), el proyecto fue presentado el miércoles por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes, donde deberá cursar el primero de cuatro debates reglamentarios.
La reforma propuesta por el gobierno, antes de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se refieren principalmente a cambios en el régimen electoral y de partidos, organismos de control político y fiscal y composición del parlamento.
En cuanto a la negociación con las fuerzas insurgentes, la propuesta contempla facultades especiales al Poder Ejecutivo para facilitar la reincorporación de rebeldes a la vida civil y establecimiento de circunscripciones especiales de paz para elegir o designar representantes a corporaciones públicas.
El proyecto de reforma política, conocido por sus siglas PRP, propone que el Presidente pueda decretar la extinción de la acción penal o de la pena a guerrilleros que elijan la senda política.
Un grupo de 14 parlamentarios, en su mayoría miembros de nuevos movimientos independientes de las estructuras partidarias liberal y conservadora y que originalmente habían adherido al proyecto, pidieron al gobierno un aplazamiento del debate.
"Si tenemos en cuenta que hay un proceso en marcha, no parece conveniente hacer una enmienda constitucional para que finalizado dicho proceso se vuelva a modificar la carta", sostuvieron en un manifiesto divulgado pocas horas después de que el gobierno presentara el proyecto a la Cámara de Representantes.
Jaime Caicedo, secretario del Partido Comunista, dijo a IPS que el debate es inoportuno porque es previo a hechos previstos que afectarán el curso de los acontecimientos políticos, como el diálogo con las FARC y una convención del ELN con la sociedad civil.
"Una reforma que consulte la realidad e impulse un acuerdo de paz serio debe ser producto también del diálogo con la izquierda legal y con el movimiento social, y no sólo con los sectores de la coalición de gobierno", dijo Caicedo, cuyo partido perdió su representación parlamentaria en las elecciones de marzo.
La reforma política fue una de las promesas de campaña de Pastrana, quien asumió el poder el 7 de agosto, tras derrotar en la segunda vuelta presidencial al liberal Horacio Serpa.
Serpa, líder del PL, y la ex candidata presidencial Noemí Sanín, de OV, suscribieron el acuerdo político que permitió al gobierno presentar el PRP en el congreso legislativo.
En su momento se planteó la aprobación de la reforma mediante referendum popular. La senadora independiente Ingrid Betancur, que propuso este tipo de consulta, adhirió a la candidatura de Pastrana con el compromiso de impulsar mancomundamente el proyecto.
Pero ahora, Betancur, que llegó al Senado con el mayor caudal de votos de todo el congreso, lidera una campaña para recoger dos millones de firmas que avalen un referendum de iniciativa popular, en contraposición con el del gobierno.
A la reforma "la desplumaron, no tiene dientes", dijo Betancur al referirse a las concesiones que hizo Pastrana para llegar a una fórmula de consenso con el PL y OV.
También a Serpa le surgieron críticos dentro de sus filas por el acuerdo, que le baja el tono a su inicialmente beligerante discurso de "oposición patriótica".
Tal es el caso del senador Jaime Dussan, para quien "Serpa se entregó a un acuerdo bipartidista". El líder liberal replicó que "la oposición patriótica impide decir no a la reforma política o al proceso de paz".
Si el PRP fuera aprobada sin modificaciones, podrían aspirar a la presidencia quienes, mediante encuestas de opinión certificados, cuenten con cinco por ciento de las intenciones de voto.
En uno de los artículos más polémicos, el proyecto plantea listas únicas de candidatos por partido y libertad para que el votante elija a cualquier aspirante dentro de ellas, sin tener en cuenta la jerarquía en el orden de la nómina.
El PRP restringe prebendas de que gozan los legisladores actualmente, como los "fondos de cofinanciación", partidas de destinación regional para obras de infraestructura asignadas como cupo a los legisladores.
Una de las reformas propuestas le daría a los candidatos presidenciales derrotados que obtengan al menos 20 por ciento de los votos derecho a participar con voz en el congreso.
Otros puntos se refieren a la financiación estatal de la totalidad de las campañas presidenciales y parcialmente las de los otros cargos, estímulos para los votantes, a cambio de la propuesta original del gobierno de establecer el voto obligatorio.
Algunos estiman que la persistencia del gobierno por impulsar la reforma en la antesala de las conversaciones con la guerrilla apunta a llegar con mayor fuerza política a la mesa de negociaciones.
El gobierno esgrimiría su voluntad de reforma "para combatir de una vez por todas las viejas prácticas que falsean la democracia como la compra de votos", como dijo Pastrana, y los recortes a los favores de que goza el congreso, la institución más desprestigiada.
Al amarrar proceso de paz y reforma, Pastrana logró aunar el apoyo de sus principales contrincantes, Serpa y Sanín, pero falta ver qué ocurre antes de diciembre, cuando se prevé que el PRP haya transitado por las comisiones constitucionales de las dos cámaras y por los plenarios de ambas instancias legislativas. (FIN/IPS/mig/mj/ip/98
