La comisión mixta del Congreso de Chile que estudia el proyecto de ley sobre delitos sexuales concluyó su labor con la aprobación de una serie de normas que castigan la pornografía infantil.
La comisión trató el jueves, entre otros puntos, lo que el diputado de la Democracia Cristiana Sergio Elgueta definió como "actos de significación sexual sin contacto físico". Entre éstos se encuentra la realización de producciones pornográficas en que se utilizan menores de edad.
Dichas prácticas quedaron sancionadas con penas de 61 días a cinco años de cárcel cuando se usen para ellas a menores de 12 años.
En los casos de jóvenes de entre 12 y 18 años, para que se aplique la pena deberá acreditarse que dichos actos fueron efectuados valiéndose de acciones intimidatorias.
El grupo de trabajo también revisó la penalidad para el delito de violación con homicidio y su concordancia con tratados internacionales suscritos por Chile.
Es el caso del pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe a las naciones firmantes crear nuevas figuras delictivas cuyo castigo sea la pena de muerte.
Debido a esto, pese a que el proyecto buscaba ampliar la definición de violación, las penas asignadas a las distintas formas de este delito terminaron siendo distintas.
Para la violación a la mujer por vía vaginal y al hombre por vía anal se mantuvo, en los casos de homicidio, la actual normativa, que sanciona dichas acciones hasta con pena de muerte.
El problema surgió con las nuevas formas de violación que contempló el proyecto: la penetración forzada por vía anal cuya víctima sea mujer y la penetración forzada por vía bucal.
Debido a que son nuevas figuras, no pudieron ser sancionadas con pena de muerte, pues hacerlo sería ir en contra del pacto de San José. Por ello, dichas acciones, también en los casos de homicidio, sólo recibirán como castigo máximo el presidio perpetuo.
La diputada de Renovación Nacional María Angélica Cristi, pese a que reconoció que no existía otra salida, consideró la situación como absurda y discriminatoria para con la mujer.
En el vespertino La Segunda del jueves 8 de octubre, la diputada señala que no se cumplirá uno de los objetivos centrales del proyecto, que era asignar la misma gravedad a cualquiera de las formas de abuso sexual con resultado de muerte.
Hizo notar, además, que del modo como quedó la norma podría hasta considerarse que se termina incentivando ciertas formas de violación que tendrán penas menores.
El presidente de la comisión mixta, el senador de la Unión Demócrata Independiente Hernan Larraín, reconoció el problema generado por este punto, aunque insistió en que era imposible otra solución.
Señaló, además, que existía el acuerdo de no utilizar este proyecto para abrir una discusión sobre la pena capital, por lo que la otra fórmula para armonizar las sanciones, que era eliminar la pena de muerte, tampoco era factible.
Más allá de este punto conflictivo, Larraín destacó que la iniciativa despachada establece mano dura respecto de estos delitos, contrapesando la liberalización de costumbres que caracteriza a la sociedad actual.
En este sentido se rescata la iniciativa del Instituto de La Mujer, organismo no gubernamental que promueve la campaña "Cero Tolerancia a la Violencia Sexual contra las Mujeres".
Con la colaboración de Amnistía Internacional, sección Chile, el Instituto está empeñado en dar a conocer el problema, exigir sanciones a la agresión sexual y protección a las víctimas e instaurar el derecho de las mujeres a una sexualidad libre de fuerza o coacción.
Según datos aportados por el Instituto de La Mujer, cada 25 minutos ocurre una agresión sexual que constituye delito en la capital de Chile.
De los pocos casos que se denuncian, 80 por ciento de las víctimas son mujeres, la mayoría de los agresores son hombres, la mayor parte de los afectados son mujeres y niños de ambos sexos, 66 por ciento de las víctimas son niñas de uno a 14 años, y 16 por ciento son niños de la misma edad.
Contrariamente a lo que se cree, el principal peligro de agresiones sexuales no está en las calles, ni los agresores son psicópatas o enfermos mentales.
El Instituto Médico Legal, organismo encargado de los peritajes para constatar la agresión sexual, entregó en 1997 antecedentes de casos en los que 80,4 por ciento de los autores fueron familiares o conocidos de las víctimas.
Además del grado de parentesco o cercanía del agresor, la burocracia del sistema judicial influye en que la mayoría de los delitos sexuales no sean denunciados.
Los trámites incluyen más de una citación a declarar al Tribunal, interrogatorios respecto de la conducta sexual de la víctima e incluso la exposición a careos con el agresor, a lo que se debe sumar que sólo 10 por ciento de los procesados recibe una sentencia condenatoria. (FIN/IPS/lfg/ml/hd/98
