La extradición del ex dictador de Chile Augusto Pinochet de Gran Bretaña a España es más que posible, de acuerdo con la legislación, la composición del tribunal que deberá decidir y con la situación política española y europea.
El portavoz de la cancillería española, Joaquín Pérez Villanueva, dijo el miércoles 21 que su gobierno cursará a Londres la petición de extradición si lo solicita la justicia.
Pinochet fue detenido la noche del viernes en Londres, al dar cumplimiento Scotland Yard (la Policía británica) a una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el juez español Baltasar Garzón.
La orden se debe al proceso que instruye Garzón por el secuestro entre 1974 y 1980 de 94 personas, la mayoría chilenas y algunas españolas, refugiadas en Argentina y luego trasladadas a Chile, desde entonces desaparecidas, con seria presunción de que fueron asesinadas.
El también juez español Manuel García Castellón instruía otro sumario, a partir de la denuncia para que se investigara la desaparición de españoles o descendientes de españoles bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990).
García Castellón recibió en este proceso denuncias por la desaparición de 3.900 personas.
La denuncia ante Garzón fue presentada el 10 de junio de 1996 por la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, de Madrid. Veinte días después hizo lo mismo ante García Castellón la Fundación Presidente Allende.
García Castellón se inhibió a favor de Garzón debido a que el primero comenzó la instrucción con anterioridad, por lo que le derivó todos los antecedentes para que continúe la investigación.
Garzón pedirá la extradición antes del día 26. En la semana siguiente, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano superior al juez instructor, deberá decidir si acepta o rechaza el recurso del fiscal, quien se opone al recurso.
Fuentes judiciales dijeron a IPS que una amplia mayoría de los magistrados que integran la sala está a favor de respaldar a Garzón.
En términos políticos, la duda que existía y que en gran medida se disipó era la actitud del centroderechista jefe del gobierno español, José María Aznar, a quien el presidente de Chile, Eduardo Frei, le planteó que no diera curso a la extradición.
Además de que un sector mayoritario de juristas entienden que el gobierno no puede evitar legalmente transmitir a su homólogo británico el pedido del juez, el costo político para Aznar sería muy alto, dentro y fuera de España, si lo hiciera.
El diario El Periódico de Cataluña reprodujo este miércoles una fotografía tomada el 11 de noviembre de 1986, en la que Aznar porta una pancarta en la que se lee "Libertad para Chile".
Bajo ese lema se manifestaron entonces 300.000 personas en Madrid, convocadas por todos los partidos políticos y asociaciones sindicales y de derechos humanos.
Además, el Parlamento Europeo se pronunció el martes, por 160 votos a favor y 153 en contra, para tratar el caso de Pinochet y debatirlo este jueves, lo que se considera un anticipo de que se aprobará una declaración instando al gobierno español a tramitar la extradición.
Los europarlamentarios entienden que se debe proceder así en cumplimiento de los tratados que sustentan a la Unión Europea, que establecen "determinadas obligaciones de colaboración entre los estados miembros en la lucha contra la delincuencia internacional".
Aznar, quien dos meses atrás lanzó un programa para ubicar más en el centro a su partido, con la intención de ganar una franja de ciudadanos que votan al Partido Socialista Obrero Español, vería afectado negativamente ese plan si desoyera la petición de extradición que efectuará la Justicia.
Los abogados acusadores ante García Castellón, al rechazar el recurso del fiscal que cuestionó la jurisdicción de la justicia española sobre delitos cometidos en Chile, señalaron que la propia fiscalía impulsó en su momento la convocatoria como imputado del diputado italiano Silvio Berlusconi.
Al actual líder de la oposición centroderechista italiana "se le tomó declaración en el Juzgado Central competente" en España.
Los hechos que llevaron a García Castellón a inhibirse a favor de Garzón se originan en la Operación Cóndor, plan represivo implementado en conjunto por las dictaduras que imperaban en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70.
La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que presidió el escritor Ernesto Sábato, creada por el parlamento argentino al recuperarse la democracia en 1983, investigó las actuaciones de la Operación Cóndor.
Los servicios de inteligencia de los seis países, dice el informe final de la Conadep, "formaron un aparato represivo típicamente multinacional".
"A su amparo, las fuerzas de represión extranjeras pasaron a integrar los llamados 'grupos de tareas', dedicándose a secuestrar, interrogar bajo tortura, asesinar o a proceder al traslado de sus compatriotas a los centros clandestinos de detención ubicados en sus propios países", explicó la comisión. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
