Los 120 países que aprobaron la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) deben ratificar su estatuto antes del año 2001 para que su esfuerzo no sea inútil, exhortó la comisaria europea Emma Bonino.
Bonino, una de las primeras personalidades internacionales que abogó por el TPI y actual directora de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea, confía en que se logrará que 60 países ratifiquen el tribunal antes de la fecha límite del 31 de diciembre del 2000, lo que permitiría su entrada en vigor.
"Ahora es el momento de actuar, de decir que es en serio, que realmente queremos el TPI", urgió Bonino en una conferencia sobre el tribunal realizada el jueves en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
Bonino señaló que la Convención contra las Minas Terrestres fue ratificada por 45 países, 10 meses después de que fuera puesta a la firma en diciembre, en Ottawa. Eso demuestra que se puede lograr con la misma rapidez la meta de 60 ratificaciones para el estatuto del TPI, señaló.
"Logramos crear el impulso para afirmar que la impunidad no puede continuar", subrayó.
Bonino reconoció que, en las actuales circunstancias, Estados Unidos -uno de los siete países que votó en contra de la creación del TPI el 17 de julio, durante las negociaciones sobre su estatuto en Roma- no firmará el tratado en lo inmediato.
Pero la funcionaria cree que incluso Washington, que advierte que el TPI puede emprender procesos judiciales parciales contra los efectivos militares de determinado país, no puede permanecer al margen del tratado por mucho tiempo.
"Nada es más volátil que la política. Confío en que, finalmente, Estados Unidos se incorpore (al TPI)… quizá si Estados Unidos lo apoyara, entonces sería más eficaz, pero eso no significa que el mundo se debe paralizar por la ausencia de su única superpotencia", sostuvo Bonino.
El TPI fue aprobado en Roma por 120 países a favor y siete en contra. Estados Unidos se opuso al tratado junto con Iraq, Yemen y Sudán, entre otros. "Una gran compañía democrática para Estados Unidos", comentó Bonino.
No obstante, el TPI se enfrenta a grandes obstáculos antes de que pueda comenzar su tarea de sancionar a los presuntos culpables de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La mayoría de las organizaciones de derechos humanos creen que la meta de 60 ratificaciones es elevada, ya que es superior a la cantidad exigida para la puesta en práctica de múltiples tratados de derechos humanos.
El estatuto del TPI fue firmado por 30 países hasta el momento, pero aún están pendientes las ratificaciones de los parlamentos nacionales.
No obstante, el mayor desafío del TPI no tiene que ver con los números sino con la abierta oposición de Estados Unidos, donde el Pentágono tiene especial temor de que los fiscales independientes del tribunal lancen ataques con motivaciones políticas contra militares estadounidenses estacionados en todo el mundo.
David Scheffer, principal representante de Estados Unidos ante la conferencia de Roma, advirtió que su gobierno "se opondrá activamente" a una corte que permita a la fiscalía iniciar investigaciones en forma independiente, entre otros puntos clave en cuestión.
Algunos países temen que el tribunal realice investigaciones por motivos políticos, pero "el estatuto contiene tantas salvaguardas que esta posibilidad es muy remota", señaló Philippe Kirsch, el diplomático canadiense que presidió el comité principal de la conferencia.
Además, en concesión a las preocupaciones de Washington, hay muchas cosas que el TPI no puede hacer. Por ejemplo, si no tiene autorización del Consejo de Seguridad, la corte precisa el consentimiento del estado donde se cometió el crimen o del país de nacimiento del acusado para poder iniciar un proceso.
Además, la definición en el estatuto de "crímenes contra la humanidad" requiere evidencia de la comisión de múltiples crímenes y de la existencia de una política para cometerlos.
Pese a estos puntos débiles, el estatuto "es el resultado de una conferencia diplomática, es lo que se produjo y lo que era posible dada la situación", destacó el subsecretario general de la ONU Hans Corell, asesor legal del foro mundial.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch coincidió, arguyendo que, "aunque el documento no es perfecto, sus disposiciones representan el punto de partida para un tribunal que puede marcar una diferencia real y duradera". (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq-ml/hd/98
