El ex encargado de los programas humanitarios de la ONU en Iraq afirmó que el foro mundial viola su propia Carta y convenciones internacionales con las sanciones económicas contra ese país, impuestas hace ocho años.
En su primera aparición pública tras su renuncia la semana pasada, Denis Halliday dijo a una audiencia reunida en una oficina del Capitolio que las sanciones son "un concepto quebrado" que radicaliza a toda una generación de iraquíes.
"Renuncié para llamar la atención hacia el hecho de que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no está respondiendo en forma adecuada a la situación en Iraq", manifestó el martes pasado Halliday, quien puso fin a una carrera de 34 años en la organización mundial.
"Es innecesario e inaceptable que esta tragedia humana continúe", dijo Halliday, ex coordinador del programa que permitió a Iraq vender cantidades limitadas de petróleo para adquirir alimentos, medicinas y otros artículos humanitarios.
Sus declaraciones coincidieron con el envío de una carta firmada por 44 legisladores -o 10 por ciento de la Cámara de Representantes- al presidente Bill Clinton, exhortándolo a "repensar" el régimen de sanciones contra Iraq. El embargo fue impuesto en agosto de 1990, tras la invasión de Bagdad a Kuwait.
Durante la guerra del Golfo (1991), gran parte de la infraestructura básica de Iraq, incluida su red eléctrica y sistemas de saneamiento, fue destruida por las bombas, y no ha podido ser reparada debido principalmente a las sanciones y a la dificultad de importar repuestos.
"Esto contribuyó a una catastrófica situación humanitaria y al colapso generalizado de la sociedad" iraquí, sostuvo Peter Pellet, presidente del Departamento de Nutrición de la Universidad de Massachusetts, quien realizó dos estudios sobre Iraq para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
Entre 5.000 y 6.000 niños iraquíes mueren cada mes como resultado de las sanciones, según Halliday, quien citó los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación de Iraq.
Las principales causas directas de la elevada mortalidad son la mala salud de las madres, el colapso de los servicios de salud, la alta incidencia de enfermedades transmitidas por el agua y la falta de energía del sistema hídrico del país, explicó.
"Las víctimas son civiles inocentes. Existe una trágica incompatibilidad con la Carta de la ONU, las convenciones sobre derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño", agregó Halliday.
A pesar de la carta de los legisladores estadounidenses, pocos observadores creen que haya alguna posibilidad de cambiar la posición de Estados Unidos, que puede vetar todo intento del Consejo de Seguridad de la ONU de levantar o mitigar las sanciones.
Una de las razones de esa opinión radica en las críticas que recibe Clinton en Washington por su falta de firmeza hacia el presidente iraquí Saddam Hussein.
La noche del lunes, por ejemplo, la Cámara de Representantes autorizó, por 360 votos contra 38, el uso de 98 millones por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y grupos disidentes iraquíes para "retirar del poder al régimen dirigido por Saddam Hussein y fomentar el surgimiento de un gobierno democrático".
El proyecto de ley, que el Senado aprobará probablemente esta semana, fue aprobado a pesar de las protestas del gobierno de Clinton.
El gobierno arguyó que el proyecto socavará sus esfuerzos por lograr una alianza en el Consejo de Seguridad que mantenga las sanciones y señaló que la CIA fracasó en forma espectacular en dos intentos previos de organizar una oposición armada contra Saddam Hussein.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto principalmente porque los legisladores consideran que Clinton ya no apoya una posición de línea dura con respecto a las inspecciones de armas en Iraq.
Según las resoluciones del Consejo de Seguridad, las sanciones económicas contra Iraq seguirán en pie hasta que los equipos de inspección de la ONU confirmen que Bagdad eliminó todas sus armas de destrucción masiva y los medios para utilizarlas.
La única excepción es que se permite a Iraq vender una cantidad limitada de petróleo para adquirir alimentos y medicinas para sus 22 millones de habitantes.
En febrero, Washington aceptó una propuesta de la ONU para aumentar de 2.000 millones de dólares a 5.200 millones la cantidad de petróleo que Bagdad puede vender cada seis meses.
El incremento tuvo por finalidad mitigar el impacto humanitario del embargo, que causa cada vez mayor preocupación entre los demás integrantes del Consejo de Seguridad, mientras mantiene el régimen de inspección de armas.
Pero Bagdad cesó en agosto su cooperación con los inspectores de armas de la ONU. A diferencia de ocasiones y promesas anteriores, Washington no amenazó con tomar represalias militares.
En su lugar, Clinton declaró que apoyará las sanciones económicas con el objetivo de conseguir que el Consejo de Seguridad siga apoyando la política de contención. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml-aq/ip-hd/98
