Todas las partes del conflicto civil de Colombia, pero en especial los grupos paramilitares, son culpables de la violación sistemática de las leyes de la guerra, denunció Human Rights Watch (HRW).
Entre las atrocidades cometidas por todos los grupos armados se cuentan asesinatos, tortura, reclutamiento de menores de 15 como soldados y desplazamiento forzado de comunidades enteras, señaló la organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Nueva York.
El informe de 225 páginas dado a conocer el jueves, titulado "Guerra sin Cuartel", es el producto de dos años de investigación y el primer libro que HRW dedica a Colombia, cuya situación de los derechos humanos es la peor de América Latina desde los años de las guerras civiles en América Central.
En 1997, casi 2.200 civiles fueron asesinados por motivos políticos, sostiene el informe. Los asesinatos fueron perpetrados por el ejército, la policía, los paramilitares (apoyados por los dos grupos anteriores) o una de las tres principales organizaciones guerrilleras.
El número de combatientes muertos durante el mismo año fue de aproximadamente 1.100.
La publicación del informe se produce en medio de un creciente optimismo en Colombia sobre las proyectadas conversaciones de paz entre todas las partes.
Sorpresivas reuniones del presidente Andrés Pastrana -electo en junio en base a una plataforma de paz- con líderes de la guerrilla alimentaron las esperanzas en que el fin de las hostilidades sea posible.
"Hay algunas señales alentadoras hacia la paz en Colombia", destacó José Miguel Vivanco, director de HRW/América, que lanzó el informe en Bogotá.
Sin embargo, "es imposible construir la paz en medio de las masivas y sistemáticas violaciones de las leyes de la guerra", agregó.
El cumplimiento de las normas de la guerra es crítico para el éxito de cualquier conversación de paz, observó Anne Manuel, investigadora de HRW y observadora veterana de Colombia.
"Mantuvieron muchas conversaciones de paz y celebraron muchos acuerdos a través de los años, pero ninguna de las partes modificó sus prácticas. Por eso los acuerdos fracasan", dijo.
Las leyes de la guerra incluyen las convenciones de Ginebra de 1949, sus protocolos, y el derecho consuetudinario internacional.
El segundo protocolo, que se refiere a conflictos internos donde las fuerzas insurgentes están muy organizadas, como en Colombia, intenta proteger a los civiles, prisioneros y combatientes incapacitados de los grupos armados.
Todas las partes del conflicto acordaron que las leyes de la guerra deben ser cumplidas, "pero la distancia entre las palabras y los hechos es muy vasta", observó HRW.
El informe analiza los antecedentes de cada una de las partes del conflicto: el ejército, la policía, fuerzas de autodefensa autorizadas por el gobierno (Convivir), grupos paramilitares aliados bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y los tres principales grupos guerrilleros.
Las mayores organizaciones insurgentes son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Para realizar el estudio, investigadores de HRW viajaron a las zonas de conflicto donde entrevistaron a testigos, víctimas, investigadores del gobierno y personal de seguridad.
También se reunieron con algunos protagonistas del conflicto, entre ellos el ex presidente Ernesto Samper, el ex comandante de las fuerzas armadas, general Manuel Bonett, el líder de las ACCU, Carlos Castaño, y varios líderes guerrilleros.
Los peores violadores de las leyes de la guerra, según el informe, son las ACCU, cuyos siete mayores grupos "operan con frecuencia en coordinación directa con fuerzas del gobierno", mientras retienen sus propias estructuras de comando y fuentes de armas y otros suministros.
"Las ACCU dependen de la violación explícita, deliberada y sistemática de las leyes de la guerra para llevar adelante su lucha", señala el informe, y agrega que "la violencia empleada es tan excesiva que sólo puede tener por finalidad sembrar el terror".
Históricamente los más activos en el noroeste del país, los paramilitares, con ayuda del ejército, extendieron sus operaciones hacia el interior.
Aunque Castaño expresó su voluntad de respetar las normas de la guerra, "las ACCU reiteradamente infringen las leyes internacionales mediante masacres, asesinatos de civiles y combatientes fuera de combate, tortura, mutilación de cadáveres, amenazas de muerte, desplazamientos forzados, toma de rehenes, detenciones arbitrarias y saqueos", agrega el documento.
Las violaciones más graves cometidas por el ejército surgen precisamente de su apoyo a los grupos paramilitares, el cual varía desde servicios de inteligencia compartidos hasta maniobras conjuntas que resultan en masacres, según HRW.
Los abusos del ejército, añade el informe, varían de región a región y de unidad a unidad. En las áreas donde la presencia paramilitar es débil o inexistente, los militares están implicados directamente en la matanza de no combatientes e insurgentes desarmados.
Aunque la policía está en general más preocupada por los abusos, numerosos agentes ejecutaron sospechosos en forma sumaria y cooperaron con paramilitares o toleraron sus actividades, sostuvo HRW.
Las fuerzas Convivir también cometieron abusos, incluidos asesinatos planificados, y fácilmente "olvidan la diferencia entre civiles y combatientes". HRW recomendó el desmantelamiento de estos grupos.
En cuanto a los guerrilleros, las FARC "no se esfuerzan mucho, si es que se esfuerzan, por respetar las leyes de la guerra". Sus abusos incluyen masacres, asesinatos planificados de civiles y combatientes desarmados, tortura, toma de rehenes y ataques a objetivos no militares, como ambulancias.
El ELN fue el primer grupo insurgente que llamó a "humanizar" el conflicto político, pero "esta apertura a la negociación no se refleja en su conducta, ya que ha asesinado civiles y combatientes armados, torturado y empleado minas de tierra".
El EPL también es culpable de asesinatos políticos, toma de rehenes y atentados contra objetivos civiles, afirmó HRW.
Todas las partes rutinariamente reclutan niños menores de 15 años, en violación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ratificada por Colombia.
Hasta 30 por ciento de algunas unidades guerrilleras estaban constituidas por niños en 1997, mientras unos 3.000 menores de 15 o 16 años servían en el ejército ese mismo año.
Así mismo, hasta la mitad de algunas unidades paramilitares están compuestas por menores, señala el informe. (FIN/IPS/tra- en/jl/ml/kb/ml/hd/98
