El Parlamento Europeo exhortó a España que pida cuanto antes la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en un hospital en esta capital.
Los parlamentarios europeos se pronunciaron el jueves por 184 votos a favor y 12 en contra, con 14 abstenciones, para adoptar una resolución que llama al gobierno de España a solicitar la extradición del general Pinochet "cuanto antes".
Además, felicitaron a las autoridades judiciales españolas y británicas por su "cooperación efectiva" en la detención del ex presidente chileno el 16 de este mes en una clínica londinense. Pinochet, de 82 años, permanece bajo custodia policial tras su arresto con una orden emitida por la justicia española.
El juez español Baltazar Garzón se propone lograr la extradición de Pinochet para que responda a preguntas sobre su participación en el asesinato, tortura y secuestro y desaparición de miles de opositores políticos durante y después del golpe militar de 1973 en Chile.
Parlamentarios de seis agrupaciones partidarias diferentes habían convocado a un debate urgente para la tarde del jueves, y la mayoría habló a favor de las medidas, haciéndose eco del claro respaldo de varios importantes gobiernos europeos esta semana.
El primer ministro francés, Lionel Jospin, calificó la detención como "una noticia buena y justa", y agregó que "sería bueno que aquellos que cometen crímenes bajo dictaduras no esperaran contar con impunidad".
El nuevo canciller designado alemán, Joschka Fischer, del Partido Verde, elogió el coraje de los jueces españoles que pidieron la extradición del general chileno, ahora senador vitalicio.
En Nueva York, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, citó la detención como evidencia de que la ley internacional sobre derechos humanos gana interés, y de que cada vez quedan menos sitios para que se oculten los sospechosos.
Hablando en Estrasburgo el jueves, el parlamentario socialista europeo Manuel Medina Ortega dijo que él, al igual que otros, quiere la extradición de Pinochet, cuyo gobierno escribió una de las más negras páginas de la historia sudamericana.
El parlamentario francés Pierre Pradier dijo que el caso subrayó la necesidad de una corte penal internacional, a medida que aumenta la cantidad de personas acusadas de crímenes contra la humanidad.
Pero algunos parlamentarios expresaron cautela. Ahora que Pinochet fue detenido, agregó el conservador británico Tom Spencer, "¿no sería apropiado detener al presidente (de Cuba) Fidel Castro, a la dirigencia china y a una docena de dictadores africanos?".
La justicia debe ser buscada en las cortes, concluyó Spencer, pero "la venganza es del Señor".
El socialista Stan Newens dijo que los derechos del general Pinochet serían "escrupulosamente respetados" bajo las leyes de Gran Bretaña y España, en contraste con el régimen de Pinochet.
El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991 identificó 3.197 víctimas de asesinatos sancionados por el régimen de Pinochet, incluyendo 1.102 personas aún desaparecidas o presuntamente muertas.
Aunque la decisión de Gran Bretaña de permitir la detención de Pinochet fue recibida con fuerte respaldo en toda Europa, Estados Unidos evitó los comentarios. Se ha sugerido que una audiencia judicial en España revelaría el papel de Estados Unidos en el golpe y la brutal represión que le siguió.
El socialista británico Eryl McNally condenó la "desafortunada intervención" de Margaret Thatcher, primera ministra británica entre 1979-1990, quien llamó a la liberación de Pinochet.
Thatcher alegó el jueves en una carta al diario London Times que Pinochet debe ser liberado, ya que respaldó a Gran Bretaña durante la guerra de 1982 contra Argentina en el Atlántico sur, y debido a que, alegó, su detención pone en peligro la nueva democracia de Chile.
Hablando para la ejecutiva Comisión Europea, el comisionado Franz Fischler dijo que la Unión Europea carece de poderes en el área de la cooperación judicial, y que se trata de un asunto de los países miembros involucrados.
Dos convenciones europeas sobre este tipo de cooperación aún no fueron ratificadas por los 15 estados miembros.
Mientras, en Londres, abogados de Pinochet apelaron ante una corte alegando que la policía británica actuó ilegalmente al aceptar la orden de detención de Pinochet. El juex Kondrad Schiemann fijó fecha para el lunes para una audiencia ante la Alta Corte, pero se negó a escuchar los argumentos de los abogados.
En la noche del jueves el presidente de Chile, Eduardo Frei, urgió al gobierno de Gran Bretaña a liberar a Pinochet por motivos humanitarios. La apelación siguió a informaciones de un empeoramiento de la salud del general chileno. (FIN/IPS/tra-en/mom/lp/ip hd/98
