La detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet podría repercutir en la situación de militares en Argentina, cuya captura también fue solicitada por el juez español Baltasar Garzón.
"Es un magnífico antecedente, porque corroboró que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio convocan a la justicia universal", dijo a IPS Héctor Trastemberg, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
La detención de Pinochet "demuestra que para los crímenes de terrorismo de Estado no hay una jurisdicción determinada, que cualquier tribunal es competente", agregó Trastemberg, quien confía en que "a los criminales argentinos también les llegue la justicia".
Garzón investiga desde 1996 la responsabilidad de más de 150 militares, policías y civiles que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar argentina (1976-83).
El juez español ya solicitó la detención de altos oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas, entre ellos la del teniente general Jorge Videla, ex jefe del Ejército y presidente de la primera junta militar tras el golpe de Estado de marzo de 1976.
El proceso iniciado en Madrid también involucra al ex integrante de esa junta, almirante Emilio Massera, al general Leopoldo Galtieri y al general Antonio Bussi, actual gobernador de la norteña provincia de Tucumán.
El proceso de Madrid, a diferencia de los de Alemania, Francia e Italia, es por "genocidio y terrorismo" y, por tanto, no se limita sólo a los ciudadanos españoles o sus descendientes, dijo a IPS el pastor José De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
Garzón sostiene que esos delitos caen dentro de la competencia de la justicia universal, porque se trata de crímenes graves que afectan a toda la humanidad. Pero las autoridades argentinas han rechazado sistemáticamente las solicitudes de cooperación presentadas por el juez español.
Alrededor de 500 ciudadanos de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Suecia y Suiza fueron asesinados en Argentina entre 1976 y 1983.
El 9 de julio, una coordinadora de entidades defensoras de los derechos humanos presentó ante el Tribunal de Gran Instancia de Alemania una denuncia por crímenes cometidos por los militares argentinos en ese período. Unos 55 ciudadanos alemanes o sus descendientes fueron asesinados o desaparecieron en Argentina.
Italia, por su parte, inició en 1983 un juicio por los desaparecidos italianos, con la esperanza puesta en los procesos que Argentina llevaba a cabo contra los represores.
La sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem llevaron a Italia a buscar justicia en sus propios tribunales.
En 1990, un centenar de familiares de italianos desaparecidos efectuó una presentación ante la Fiscalía de Roma. Ante los obstáculos puestos por el gobierno argentino, que negó colaboración, el proceso estuvo a punto de cerrarse.
Francia, en tanto, condenó en ausencia al ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, por el asesinato de dos religiosas francesas, que asistían a los familiares de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura.
Astiz, que no puede salir de Argentina porque sería detenido de inmediato por la Interpol (Policía Internacional), también es responsable del asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin, por quien las autoridades de Suecia han reclamado al gobierno argentino.
"La detención de Pinochet demuestra la importancia de los juicios en el exterior, ante la falta de justicia en los países donde se cometieron los delitos", consideró De Luca.
"Los criminales que creyeron que la conciencia de la humanidad puede ser pasada por alto fácilmente, que se puede viajar al exterior con un pasaporte diplomático, ahora ven lo que les puede pasar", advirtió De Luca, quien no descartó que Gran Bretaña le conceda a España la extradición de Pinochet.
En tanto, la secretaria de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Evel Petrini, dijo a IPS que debe condenarse la falta "de voluntad política para condenar a los criminales que existe en la Argentina y en Chile", actitud que calificó de complicidad.
"Es muy importante que Gran Bretaña, que tiene una tradición de justicia independiente, haya tomado una decisión de este tipo", manifestó Petrini.
Organismos argentinos y grupos de exiliados chilenos, paraguayos y uruguayos realizaron el martes pasado en la Plaza de Mayo un acto en respaldo al arresto de Pinochet y en repudio al Plan Cóndor, la alianza represiva orquestada en los años 70 por las dictaduras militares del sur de América. (FIN/IPS/va/ag/hd-ip/98
