Grupos ambientalistas y políticos mexicanos celebraron la cancelación en Estados Unidos de un proyecto de vertedero nuclear en la frontera, tras seis años de protestas, e instaron al gobierno a renegociar acuerdos con Washington para evitar que se repita el problema.
La suspensión del proyecto, ubicado en la localidad estadounidense de Sierra Blanca, a 30 kilómetros de México, se debió "al empuje de la sociedad" mexicana, más que a su gobierno, que actuó en forma contradictora y timorata", dijo a IPS Roberto López, portavoz de la organización Greenpeace.
Luego de recibir notas diplomáticas de protesta y reportes de movilizaciones en México, y de estudiar varias y contradictorias evaluaciones de impacto ambiental, la comisión de Conservación de Recursos Naturales del estado de Texas rechazó este jueves la propuesta de construir el basurero nuclear.
En la decisión habrían influido los intereses electorales del gobernador de Texas, George Bush Jr., quien estaría buscando la candidatura a la presidencia por el partido Republicano, señalaron observadores mexicanos.
Desde 1992, cuando se hicieron las primeras gestiones para instalar el basurero en Sierra Blanca,
Ambientalistas estadounidenses y mexicanos combatieron el proyecto de vertedero en Sierra Blanca desde que surgió la iniciativa, en 1992.
Además, residentes en la frontera se organizaron para protestar y políticos mexicanos reclamaron la suspensión definitiva del plan, al que llamaron "racista", pues se ubicada cerca de un población cuyos habitantes son en su mayoría de origen hispano.
El gobierno mexicano mantuvo primero silencio, luego pidió explicaciones técnicas, más tarde dijo que el proyecto no era peligroso y finalmente, ya con las presiones encima, pidió que no se construyera "por el bien de la vecindad".
Según la cancillería de México, la negativa de la gobernación de Texas a conceder la licencia para la obra "atiende las preocupaciones expresadas por amplios sectores de la sociedad mexicana y da respuesta a la gestiones llevadas a cabo por el gobierno de México".
Pero políticos opositores que ralizaron una huelga de hambre contra el vertedero nuclear replicaron que el gobierno no tiene derecho a reivindicar el caso de Sierra Blanca, pues no hizo nada importante para detener el proyecto.
Greenpeace exigió al gobierno mexicano renegociar con Estados Unidos acuerdos de cooperación fronteriza, pues los vigentes, presentados por los dos países como ejemplo de "buena vecindad", demostraron ser ineficientes en materia ambiental.
Igual postura expresó el ex secretario de la comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, Víctor Lichtinger.
"Necesitamos mecanismos claros a fin de solucionar conflictos binacionales que aseguren un diálogo fluido y efectivo", declaró Lichtinger.
Sierra Blanca estaba destinada a almacenar hasta 1,8 millones de pies cúbicos de desechos radioactivos de bajo impacto, como equipo hospitalario, guantes protectores, filtros, cortinas y otros componentes de centrales nucleares.
Diversos estudios indicaron la presencia de mantos freáticos que se conectan al río Bravo o Grande -límite entre Estados Unidos y México- cerca del lugar donde se instalaría el vertedero, y que éste estaba sobre una zona geológicamente inestable.
Además, se consideró que el plan violaba el compromiso de La Paz, firmado en 1983 entre los dos países. Ese documento incluye la promesa de cada gobierno de no instalar focos contaminantes en una franja de 100 kilómetros de frontera.
La comisión de Conservación de Recursos Naturales de Texas argumentó que en Sierra Blanca hay inestabilidad geológica y problemas de "justicia ambiental", relacionados a la habilitación de instalaciones peligrosas en lugares donde viven minorías étnicas.
El pronunciamiento de Texas llegó luego de que otras instancias, como el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dieran su visto bueno al proyecto.
"Si el asunto quedaba sólo en manos del gobierno mexicano, hoy el vertedero de Sierra Blanca estaría ya en construcción", dijo el senador Luis Alvarez, del conservador partido Acción Nacional, tras descatar el papel "crucial" que jugó la sociedad para frenar el proyecto. (FIN/IPS/dc/ff/en/98
