La ópera parece destinada en Uruguay a convertirse en patrimonio exclusivo del Estado, debido a la crisis económica que afecta a una institución privada que hace 13 años se convirtió en su principal soporte.
En 1985, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el uruguayo Enrique Iglesias, un conocido melómano, decidió promover la actividad lírica y fundó Pro Opera, organización que hoy arrastra deudas de 400.000 dólares.
Para este país de 3,1 millones de habitantes y un escaso número de fanáticos de la lírica, se trata de una cifra enorme.
Ni el actual presidente de Pro Opera, el arquitecto uruguayo Carlos Ott, factótum del moderno edificio de la Opera de París, ni otros empresarios integrantes de la comisión directiva estan dispuestos a arriesgar su patrimonio para salvar a la institución.
Ese es quizá el principal problema de la ópera en Uruguay, que volvió a plantearse en términos históricos ante las diferencias de enfoque entre los mecenas y los melómanos.
La mayoría de los directivos de Pro Opera son empresarios o personalidades, alejados del mundo artístico pero firmantes de los avales que le permitieron a Pro Opera hacer frente a sus compromisos.
"Lo importante es asumir que uno fue estúpido. Por mi parte, lo he asumido", dijo el empresario Carlos Gorini.
Cuando los empresarios llegaron a sus cargos en la comisión directiva, desconocían que Pro Opera ya arrastraba una deuda de 160.000 dólares.
"Si hubiera sabido de la deuda podría haber pensado: 'entro o no entro"', dijo Aram Rupenian, dueño de una emisora radial conocida por difundir de música popular.
Gorini dijo que cuando se conformó la comisión directiva se buscaron personas y personalidades que, aún cuando no estuvieran vinculadas con el mundo de la ópera, pudieran respaldar esta actividad.
En el caso personal de Gorini, el hecho de que Iglesias fuera el presidente honorario de la institución y que Ott integrara la directiva fueron dos elementos que influyeron en su aceptación de un cargo.
Los empresarios mostraron su irritación con declaraciones públicas de Antonio Soto, coordinador ejecutivo de Pro Opera y uno de sus fundadores.
Soto dijo que los empresarios que presentaron renuncia la institución "nada tienen que ver con la ópera y ni siquiera con el ámbito cultural".
"Aquellos a los que la ópera no les va ni les viene se encuentran con una serie de problemas y dificultades económicas y ahí las cosas empiezan a pesar", agregó.
Gorini replicó que el propio Soto los fue a buscar y les explicó por escrito que "los grandes teatros líricos del mundo siempre han estado conducidos por prominentes personalidades, destacadas y reconocidas en los círculos empresariales y sociales".
"El señor Soto está en el mundo de la ópera y la cultura. Dudo que esté en el mundo de la matemática", dijo Gorini.
Sergio Pintos, principal de una de las mayores empresas de construcción del Uruguay, se sorprendió cuando el tenor José Carreras amenazó con suspender un espectáculo organizado por Pro Opera el año pasado.
"Para dejar bien a Pro Opera sacamos 150.000 dólares de nuestro bolsillo, le pagamos a Carreras y obtuvimos un aval bancario por otros 50.000 dólares", relató Pintos.
Según Soto, otro de los factores que influyó en la debacle de Pro Opera fue la intervención del Estado a espaldas de la institución.
El gobierno municipal de Montevideo y el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), una dependencia del Ministerio de Educación, decidieron unirse para hacer espectáculos de ópera a espaldas de la institución privada, denunció Soto.
Este año, dos óperas fueron montadas por estos dos organismos estatales. Una de ellas, "Ana Bolena", llevó el mayor número de público de los últimos años y recibió elogiosas críticas.
"Elucubraron a nuestras espaldas un plan para dejarnos de lado porque tenemos problemas económicos", dijo Soto.
"Soto es un irresponsable", replicó Claudio Rama, vicepresidente del SODRE, mientras otros funcionarios dijeron a IPS que cuando el coordinador ejecutivo de Pro Opera rechazó el ofrecimiento de coproducciones que le planteó el Estado.
Ahora Pro Opera vuelve a buscar el salvataje en Iglesias. Por gestiones del presidente del BID, Soto se conectó en Estados Unidos con una fundación para que los asista económicamente.
Si esa gestión prospera, Pro Opera deberá representar cada temporada al menos una obra de autor estadounidense. (FIN/IPS/rr/mj/cr/98
