PERU: La solitaria fortaleza del Defensor del Pueblo

Jorge Santistevan, el primer Defensor del Pueblo en Perú, ha recibido e investigado 24.758 violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades o empresas privadas que administran servicios públicos.

La mayor parte de las denuncias recibidas por la institución, creada por la Constitución de 1993, se refieren a la actuación del Ejército, la policía y los funcionarios del sistema de pensiones jubilatorias, así como a procedimientos judiciales.

De esa lluvia de quejas precipitada sobre la insuficiente estructura que dirige Santistevan, designado en abril de 1996, con 10 oficinas en Lima y en algunas ciudades del interior, resolvió o encaminó 7.288 petitorios y denuncias.

Su resultado más destacado fue conseguir la libertad de casi 450 presos, acusados de de terrorismo y sentenciados con pruebas insuficientes.

La Defensoría todavía investiga los casos de otros 900 presos acusados de terrorismo, de un total de casi 3.000 en las cárceles peruanas, que aducen ser inocentes condenados por error o calumnias.

Este es el saldo judicial de una etapa de violencia política iniciada en Perú en 1980, que costó casi 30.000 muertos y desaparecidos.

Otra victoria de la Defensoría fue la supresión de los llamados "jueces sin rostro", que actuaban enmascarados por temor a las represalias del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que mató a centenares de autoridades civiles.

La actuación de los "jueces sin rostro" permitió juzgar a miembros de los grupos guerrilleros, pero fue también fuente de abuso, por el empleo de procedimientos que no garantizaban el derecho a la defensa legal.

El Defensor del Pueblo en Perú libra una batalla solitaria en un país cuyo gobierno es el más impugnado actualmente en materia de derechos humanos.

Santistevan, elegido por el Congreso con el voto de 95 de los 120 miembros. El respaldo de la mayoría oficialista provocó cierto recelo en un sector de la oposicion, que inicialmente pensó que sería un instrumento de propaganda gubernamental.

Pero Santistevan ha ganado legitimidad ante la opinión pública por su actuación autónoma y neutral, que ha irritado a algunos miembros del gobierno, que tienden a considerarlo como opositor al presidente Alberto Fujimori.

El Defensor del Pueblo en Perú no pueden juzgar ni sancionar los abusos que comprueba. Su única fuerza es moral: su capacidad de denuncia.

"Somos la voz de los que no tienen voz, nuestra fuerza es la conciencia pública, a la que apelamos en cada caso. No somos ni debemos ser imparciales, después de investigar una denuncia tomamos partido en defensa de los derechos conculcados", dijo Santistevan.

"Ejercemos la magistratura de la persuación, no buscamos culpables sino soluciones a los problemas, aunque a veces persuadir es una tarea gigantesca", añadió.

La Defensoría del Pueblo intervino también para obligar al gobierno a suspender sus procedimientos de esterilización de mujeres pobres del área rural y de los barrios marginales de las ciudades, adoptado por el Ministerio de Salud para combatir el crecimiento demográfico.

"Nuestra prioridad inicial fue la libertad individual y el de los casos de inocentes acusados de terrorismo, el segundo tema es el de los derechos de la mujer, el tercero es la situación de la población desplazada de sus zonas de origen para escapar de la violencia", expresó Santistevan.

La Defensoría del Pueblo inició también el estudio de la situación legal a las comunidades nativas de la selva, con el propósito de proponer la promulgación de una Ley indígena que establezca con claridad sus derechos. (FIN/IPS/al/ag/hd/98

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