Un alto dirigente del partido gobernante de Panamá pidió hoy al presidente Ernesto Pérez Balladares que firme el acta de defunción del Centro Multilateral Antidrogas (CMA) que negociaba con Estados Unidos, mientras voceros de los dos países aceptan que el proyecto está virtualmente muerto.
Una fuente oficial del gobierno panameño, cuya identidad no fue revelada por el diario Panamá-América, indicó el miércoles que este país ya desistió del proyecto pese a que no lo ha comunicado de forma oficial a Washington.
Por su parte, otra fuente del gobierno de Estados Unidos señaló a ese mismo medio de comunicación que, en efecto, "ya hace tiempo que las negociaciones se estancaron".
Sin embargo, al igual que Panamá, Washington demora en finiquitar formalmente el proyecto.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento, el ex canciller Oyden Ortega, afirmó este jueves que lo más apropiado es que el gobierno de Panamá "firme el certificado de defunción" del CMA.
La propuesta para instalar el CMA fue presentada hace más de dos años por Pérez Balladares al Grupo de Río y al gobierno de Estados Unidos, con la condición de que fuera una entidad multilateral de tipo civil y también regida por civiles.
Pero las negociaciones con Estados Unidos, que se iba a encargar de proveer el equipamiento y de la parte operativa del CMA, entraron en crisis a inicios de 1998 cuando Washington demandó una serie de privilegios que Panamá rechazó por improcedentes.
Además de pedir la radicación de más de 2.000 combatientes, Washington aspiraba a que desde el CMA sus tropas pudieran realizar "otras misiones" ajenas a la detección de operaciones de tráfico de drogas en la región, así como que sus militares disfrutaran de la extraterritorialidad diplomática.
También se opuso al término de tres años de vigencia del CMA que planteaba Panamá, y en cambio reclamaba que el mismo perdurara por 12 años.
La embajada de Estados Unidos en Panamá emitió el 17 de julio un comunicado donde anunciaba que buscaría otro sitio para instalar el CMA, pero el gobierno de Estados Unidos nunca declaró oficialmente su renuncia al proyecto.
Los sitios alternativos señalados por Estados Unidos son Puerto Rico, Honduras y el estado de Florida, en su propio territorio.
"Es preferible que no se haya logrado el acuerdo porque" de haberse concretado "el país no podría ser país", dijo Ortega, una de las voces que dentro del gobernante Partido Revolucionario Democrático se opuso al proyecto por estimar que lesionaba la soberanía panameña.
Aceptar el CMA bajo las condiciones que imponía Estados Unidos "significaba una limitación a las facultades jurisdiccionales y soberanas de la nación", explicó Ortega, integrante en los años 70 del equipo de expertos panameños que negociaron con Estados Unidos los tratados sobre el canal de Panamá firmados en 1977.
Según los tratados, firmados por los presidentes James Carter y Omar Torrijos, Estados Unidos debe cesar su presencia militar en Panamá y entregar el canal y sus bases militares a este país el 31 de diciembre de 1999.
Ortega coincidió en que el CMA ya dio los "últimos estertores" pero "nadie se atreve a darle su certificado de defunción".
Otros políticos panameños, como el independiente Carlos González la Lastra y el ex presidente Jorge Illueca, también reclaman que de manera oficial y definitiva se ponga punto final a las negociaciones.
González, director de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dijo que el país podrá abordar proyectos alternativos para el uso civil de las actuales bases militares "mientras no se supere el colonialismo mental que sufre desde 1903" cuando Panamá logró su independencia.
Ese año, Panamá otorgó a Estados Unidos una franja de territorio de 1.400 kilómetros cuadrados entre los océanos Atlántico y Pacífico para que ese país construyera el canal, inaugurado en 1914, así como el enclave militar que Washington construyó en las riberas del ingenio.
Illueca indicó que, tal como pretendia Estados Unidos, el CMA se hubiese convertido "en una descarnada base militar extranjera" en Panamá, lo cual está prohibido en los tratados canaleros y en el Tratado de Neutralidad Permanente firmado en 1977 y respaldado actualmente por más de 50 estados.
Según Illueca, ese tratado establece "que sólo Panamá mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro del territorio nacional" a partir del 31 de diciembre de 1999. (FIN/IPS/sh/mj/ip/98
