Un ex militar acusado de violaciones de derechos humanos en Honduras en los años 80, prófugo en España, decidió regresar a Honduras para presentarse ante la justicia.
Un canal de televisión de Honduras difundió el viernes una extensa entrevista a Billy Joya, ex capitán en el Batallón de Inteligencia 3-16, efectuada en Madrid.
El ex militar expresó entonces su decisión de regresar a su país para presentarse en el juicio para esclarecer el secuestro en abril de 1982 de los estudiantes Adán y Edwin López, Milton y Marlen Jiménez, Hilda y Suyapa Rivera.
El juicio fue iniciado en 1994 por la Fiscalía de Derechos Humanos y, el 17 de octubre de 1995, un juez de un tribunal de Tegucigalpa libró orden de captura contra Joya, el coronel Alexander Hernández y el mayor Manuel de Jesús Trejo, quienes huyeron de inmediato del país.
Los seis estudiantes universitarios fueron capturados por Joya y otros militares cuando estaban reunidos para planificar actividades políticas de un frente de izquierda en la estatal Universidad Nacional.
Después de ser interrogados y torturados durante varios días, los estudiantes fueron liberados por la presión de organizaciones de derechos humanos. Entre ellos figuraban dos hijos del entonces subprocurador general de Honduras, Jorge Rivera.
La Dirección de Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público buscó sin éxito a los militares prófugos.
El Comité de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), con apoyo de otras organizaciones, mediante el uso de Internet y otros recursos, logró detectar a Joya en España y hace dos semanas solicitó a la Audiencia Nacional del país europeo su captura preventiva y extradición.
Ramón Custodio, presidente del CODEH, explicó que entre España y Honduras no existe tratado de extradición vigente, y que Tegucigalpa no ha ratificado el Tratado Multilateral en esta materia.
La cancillería de Honduras negó un solicitud de renovación de pasaporte presentada por Joya ante la embajada en España y, por lo tanto, sólo podrá viajar a su país.
Joya sostuvo en la entrevista televisiva que actuó en cumplimiento de órdenes superiores impartadas por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Alvarez, ya que el Batallón de Inteligencia 3-16 estaba bajo su mando directo.
Las operaciones contra izquierdistas procuraban defender el sistema democrático de Honduras, ya que ellos amenazaban la estabilidad del país al realizar secuestros, asaltos bancarios y otras acciones subversivas, aseguró.
El ex militar alegó que sólo participó en operaciones de detección y decomiso de armas, pero admitió que participó en la detención de los seis estudiantes. "Sólo participé en este caso, pero no sé de otras operaciones y esto indiqué en mi testimonio ante la Fiscalía", dijo.
Joya pidió perdón por los violentos acontecimientos de la década pasada y acusó a las organizaciones de derechos humanos, en particular al CODEH, de emprender campañas con información falsa, injuriosa y calumniosa.
El ex capitán dijo estar dispuesto a comparecer ante los tribunales, pero demandó garantías para su vida y la de su familia. "Tengo temor de que le pueda pasar algo al ingresar al país", aseguró.
Custodio reiteró que los militares prófugos dirigieron la detención arbitraria de dirigentes populares e incluso de personas sin actividad política durante la década pasada.
El activista afirmó que el CODEH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos "medidas cautelares" para proteger la vida de Joya.
Una decena de ex militares se encuentran procesados pero prófugos de la justicia. Otros se han presentado ante los tribunales y están en libertad bajo fianza.
De los acusados, sólo el ex mayor Juan Blas Salazar, ex director de la temida y disuelta Dirección Nacional de Investigaciones, se encuentra preso, en su caso por narcotráfico y violaciones de derechos humanos. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
