Otros diez altos funcionarios del gobierno que presidió el socialista Felipe González (1983-96) irán a la cárcel en España por la "guerra sucia" contra los independentistas vascos, ordenó hoy el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Doce ex colaboradores de González fueron condenados en julio a penas de prisión, inhabilitación y multa por el secuestro de Segundo Marey, perpetrado en diciembre de 1983. Dos de ellos, el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Seguridad Rafael Vera, ingresaron en la cárcel el 8 de este mes.
En aquel momento, el TSJ dispuso mantener en suspenso la orden de prisión de los otros diez condenados, pues éstos habían solicitado el indulto, un beneficio que Barrionuevo y Vera se niegan a pedir, por considerarse inocentes.
Ahora, una vez analizados los recursos presentados, el TSJ atendió a la opinión del fiscal, quien consideró que por la gravedad del delito, la dureza de las penas y la alarma social provocada por el caso, no corresponde esperar hasta que el gobierno resuelva si procede o no el indulto.
Marey fue secuestrado en su residencia, ubicada en Francia, cerca de la frontera con España, al ser confundido con un dirigente de la organización ilegal vasca ETA a quien los responsables del hecho pretendían canjear por cuatro policías que estaban presos en el país vecino.
Los cuatro agentes españoles habían sido detenidos por la policía francesa cuando intentaban secuestrar a otro dirigente etarra, a quien no pudieron apresar.
Según consta en la sentencia, al ser informado Barrionuevo de que Marey no era el que buscaban, ordenó mantenerlo secuestrado "para presionar al gobierno francés", lo que efectivamente se hizo. Marey permaneció cautivo durante diez días.
Ese fue el primero de más de 40 atentados cometidos entre 1983 y 1987, que ocasionaron 28 muertes y fueron reivindicados con la firma de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Los diez sentenciados que ingresarán en la cárcel en los próximos días confesaron su culpa, e involucraron también a Barrionuevo y Vera.
Entre ellos figuran el ex gobernador civil de la provincia de Vizcaya Julián Sancristóbal, a cuyo mando estaban las fuerzas de seguridad de esa zona, y Ricardo Damborenea, ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Los demás son ex policías, como Francisco Alvarez, quien fue jefe del Mando Unico Antiterrorista, Miguel Planchuelo, ex jefe superior de policía de Bilbao, la capital de Vizcaya, y José Amedo, que fue subcomisario en el mismo cuerpo.
Sobre el pedido de indulto de esos diez condenados y sobre otras solicitudes presentadas por terceras personas a favor de Barrionuevo y Vera – que éstos no rechazaron—, el gobierno ha dicho que serán tratados como todos los que recibe.
Es decir, que primero solicitará el informe de la prisión acerca de la conducta de los condenados, y la opinión del juez penitenciario. Con esos documentos en su poder, tomará su decisión.
Este lunes, al iniciar sus labores diarias, el rey Juan Carlos se encontró con los primeros telegramas de dirigentes socialistas madrileños que le piden que ejerza su constitucional derecho de gracia e indulte a Barrionuevo y Vera.
Los dirigentes del PSOE se niegan a pedir el indulto al gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar, porque lo consideran "el verdugo", el culpable de que el TSJ haya dictado sentencia condenatoria contra los dos ex altos funcionarios.
La tregua unilateral, incondicional y por tiempo indefinido (al menos seis meses) dispuesta por ETA a partir del último viernes, no ha influido hasta ahora en este caso. Pero en medios políticos se especula que, si prospera la pacificación en el País Vasco, las medidas de gracia podrían ser generales. (FIN/IPS/td/ff/ip/98
