Treinta organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de Estados Unidos pidió al fiscal de California que revoque el estatuto de la compañía petrolera Union Oil Company (Unocal) por sus operaciones en Afganistán y Birmania.
En un pedido entregado el jueves a la oficina del fiscal en Sacramento, los grupos acusaron a Unocal de violar leyes estadounidenses e internacionales por sus relaciones con la dictadura militar birmana y el movimiento islámico Talibán, que controla más de 90 por ciento del territorio afgano.
Unocal criticó enérgicamente la medida y negó cualquier ilegalidad. "La iniciativa no tiene fundamento legal. La petición es sólo un intento de organizar cierto tipo de presión antiempresarial", declaró a IPS el portavoz Barry Lane.
Los intereses de Unocal en Afganistán y Birmania son fuente de controversia hace años. La compañía ha sido objeto de varias demandas judiciales, incluyendo una de ciudadanos birmanos que aseguran haber sufrido graves violaciones de derechos humanos como consecuencia de un proyecto de la empresa.
Unocal es propietaria de 28 por ciento de un consorcio de 1.200 millones de dólares con la estatal Empresa de Petróleo y Gas de Birmania, Total SA de Francia y una firma tailandesa para construir un gasoducto que se inicia en los yacimientos del mar de Andaman, pasa por Birmania y termina en Tailandia.
El proyecto provocó el desplazamiento obligatorio de los habitantes, empleó mano de obra por la fuerza y violó otros derechos humanos, según los activistas.
Las organizaciones hace años que exigen el retiro de Unocal de la zona y de Birmania en general, en vista de la represión empleada por el régimen militar.
En Afganistán, Unocal cooperó con el movimiento Talibán para promover la construcción de un gasoducto, de un valor estimado de 2.000 millones de dólares, entre Turkmenistán y Pakistán, pasando por territorio afgano.
Organizaciones de mujeres criticaron esta colaboración, que incluyó visitas a Washington de altos funcionarios de Talibán financiadas por Unocal, debido a las medidas del movimiento islámico contra los derechos de la mujer.
"Si Unocal cree que puede negociar con un régimen que, de hecho, niega a las mujeres el derecho de existir como seres humanos, entonces pensamos que el privilegio de Unocal de existir como compañía también se le debe negar", manifestó Katherine Spillar, coordinadora de la Fundación Mayoría Feminista.
Otras organizaciones contrarias a las actividades de Unocal en Afganistán y Birmania son el Colegio Nacional de Abogados, la Red de Acción por el Bosque Tropical, Amazon Watch, Earth Island Institute y el grupo de San Francisco Global Exchange.
Además de sus actividades en Afganistán y Birmania, el petitorio también denuncia la supuesta responsabilidad de Unocal por un derrame de petróleo ocurrido en 1969 que provocó un desastre ambiental en las playas del sur de California.
Las organizaciones también denuncian "centenares" de violaciones cometidas por Unocal contra leyes laborales, de seguridad, sanitarias y contra la contaminación, como razón para revocar su estatuto.
La petición se basa en la teoría de que una compañía puede ser responsabilizada por los actos ilegales de sus socios comerciales y de que el Estado, como poder soberano que autoriza la existencia de la firma, tiene la obligación de proteger al público de esas actividades ilegales.
"Para los tribunales, las compañías son entidades artificiales, 'creaciones del Estado', y deben responder ante el pueblo por usurpar el poder y violar la confianza del público, como lo hizo Unocal", manifestó el abogado Richard Grossman, uno de los redactores de la petición.
"La ley permite que el fiscal acuda a la corte para disolver una corporación por sus delitos y vender sus bienes a otros que los utilicen en aras del interés público", opinó Robert Benson, profesor de la Universidad Loyola.
Entre los últimos precedentes, según Benson, se incluye una demanda del fiscal de Nueva York para revocar los estatutos de dos compañías que supuestamente presentaron información falsa a favor de la industria tabacalera, y otra de un juez de Alabama para disolver a las propias compañías tabacaleras.
En California, un fiscal republicano solicitó en 1976 a un tribunal que disolviera a una compañía privada de agua por haber entregado agua impura a sus clientes.
Por su parte, Lane afirmó que Unocal no violó leyes internacionales y que las gestiones que los activistas realizaron en el pasado para obligar a la compañía a retirarse de Birmania fueron rechazadas por todos los foros donde se presentaron.
"Estas organizaciones le piden al fiscal del estado de California que subvierta la voluntad democrática de los accionistas de la compañía, del público consumidor, las decisiones independientes de gobernantes de todo el mundo y de la corte federal. Creemos que no es apropiado", dijo a IPS.
Lane destacó que Unocal trabajó con todas los grupos en pugna en Afganistán para promover el proyecto de gasoducto y que luego suspendió sus operaciones en ese país el 21 de agosto, un día después de que el presidente Bill Clinton ordenó bombardear supuestos campamentos terroristas en territorio afgano.
"Es un asunto muerto", aseguró Lane. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq- mj/hd en/98
