Más de 20.000 propiedades incautadas a narcotraficantes en Colombia no han podido ser expropiadas debido a obstáculos legales, indicó un informe oficial.
La ley para la expropiación de propiedades de los narcotraficantes fue promulgada en diciembre de 1996, como parte de la agenda del gobierno de Ernesto Samper para que Estados Unidos evaluara positivamente su lucha contra el narcotráfico.
Pero la norma presenta 16 dificultades o falencias que han sido aprovechadas por los abogados de los narcotraficantes para impedir que las propiedades pasen definitivamente al poder del Estado, según un informe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
La jefa de la DNE, Ivonne Alcalá, expresó que se trata "de una ley nueva que no tiene resultados a corto plazo" y plantea al nuevo gobierno del presidente Andrés Pastrana el reto "de modificarla en varios aspectos pertinentes a trámites".
Entre los recursos jurídicos a los que han acudido los abogados de los narcotraficantes para impedir la acción de la justicia se encuentran la utilización de testaferros para trasladarles las propiedades, hipotecas ficticias o embargos.
Además, muchas personas afectadas por la ley de extinción de bienes adquiridos con dinero ilícito acuden a la opción legal del cambio de nombre para dificultar la ubicación de las propiedades.
Otros cancelan sus cuentas bancarias o ceden sus derechos a asociaciones o fundaciones para neutralizar las medidas cautelares.
La creatividad de los delincuentes se ha revelado también con la creación de empresas sin fines de lucro, la presentación de balances falsos o con la constitución de empresas fantasmas para lavar dinero.
Así mismo, algunos han tramitado créditos ante entidades bancarias que incumplen para provocar el embargo del bien que han puesto como garantía y la expropiación sólo procede por el saldo del valor de la propiedad rematada.
Una fuente de la DNE que pidió reserva de su nombre dijo a IPS que los bienes incautados en todo el territorio nacional desde 1996 están avaluados en cerca de 1.800 millones de dólares.
A los problemas procedimentales que presenta la aplicación de la ley se suma la falta de recursos que presenta la DNE, entidad encargada del manejo de los bienes incautados, que sólo cuenta con 20 funcionarios para todas sus funciones.
Además, carece de funciones de policía judicial, lo que le impide ubicar directamente las pruebas para señalar que son bienes ilícitos o para realizar labores de inteligencia.
El abogado constitucionalista Juan Charry dijo a IPS que los resultados de la ley, que cumplirá ya dos años de promulgada, son desalentadores.
La extinción de dominio a los bienes ilícitos está establecida en el artículo 34 de la Constitución, por lo que no era necesario expedir la Ley 333, que estableció términos y casos en los que procedía la expropiación, con lo cual se complicó su aplicación, afirmó el jurista.
La forma como fue reglamentada la ley 333 deja abierta la posibilidad "para que sea el Estado el que resulte pagando cuantiosas sumas de dinero a quienes son investigados por la justicia" y no llegan a ser condenados por la impunidad que reina en Colombia.
Ahora, el gobierno proyecta presentar al Congreso un proyecto de reforma a la ley 333 que dote al Estado de las herramientas probatorias y logísticas para su aplicación y de una estructura administrativa que facilite el manejo de esos bienes.
No obstante, el ex ministro de Justicia Carlos Medellín advirtió esto comporta un riesgo, por lo que el gobierno debe analizar el tema muy bien antes de promover la reforma, para evitar que en lugar de mejorarla, las presiones de los narcotraficantes logren que sea derogada. (FIN/IPS/yf/ag/ip/98
