El retiro del Ejército de cinco municipios de Colombia, aceptado por el gobierno tras ser pedido por el principal grupo guerrillero previo al diálogo de paz, podría marcar el inicio de una tregua o de una nueva etapa de la guerra.
El contralor Jaime Bernal, máximo fiscalizador de los organismos del Estado, con el retiro del Ejército de los cinco municipios del sudeste colombiano, que según el anuncio del gobierno deberá producirse antes del 7 de noviembre, "se va a dar de hecho una suspensión del fuego" de carácter temporal.
En opinión de Bernal, la prolongación de esta tregua parcial dependerá "de cómo se desarrollen" el diálogo, pero el funcionario dijo que es "optimista" sobre el éxito de la negociación.
El presidente Andrés Pastrana anunció el viernes el retiro del ejército por espacio de 90 días de los municipios de La Uribe, San Vicente del Caguán, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena, que se constituirían durante la etapa del diálogo en "laboratorios de paz".
La cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal organización guerrillera de este país, le manifestó "que trabajará en la consecusión de la paz, en la paz o en la guerra, pero preferiblemente en paz", dijo Pastrana.
Esa afirmación significa, según algunos analistas, que si bien las FARC mantienen su posición de dialogar en medio de la guerra no descartan la posibilidad de acordar formalmente, más adelante, un cese del fuego.
Otros analistas consideran que el repliegue de los cinco municipios representará un alto costo político para el gobierno y ventajas estratégicas para la guerrilla.
El ex asesor presidencial de Seguridad Nacional, Alfredo Rangel, consideró que, pese a que el gobierno ordenó el retiro del Ejército en otras ocasiones, el que se propone ahora con las FARC no es igual "ni por sus características ni consecuencias".
Los presidentes Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990) autorizaron la retirada de tropas de algunas zonas para firmar la paz con grupos guerrilleros que habían sido derrotados militarmente, y Ernesto Samper (1994-1998) para negociar la entrega de 70 soldados prisioneros de las FARC.
Rangel dijo a IPS que, "si en anteriores ocasiones el retiro fue la culminación de procesos de paz, en este caso puede marcar el inicio de una nueva etapa de la guerra" con las FARC.
Este será el retiro del Ejército de una zona "infinitamente mayor, con una guerrilla victoriosa" que seguirá realizando acciones de guerra en el resto del territorio nacional, para iniciar un diálogo "que podrá durar varios años", agregó.
Rangel recordó que el gran sueño del fallecido líder de las FARC, Jacobo Arenas, fue, hace 15 años, establecer en el sur de Colombia un "territorio liberado" manejado totalmente por esa organización y el repliegue anunciado es el eslabón de una cadena que podría conducir la lucha hacia ese propósito.
El ex funcionario consideró que las FARC están en condiciones de pasar de la guerra de movimientos (combate abierto con el ejército) a la guerra de posiciones (quitarle territorio al adversario), y en este proceso los "territorios liberados" deben surgir necesariamente de zonas controladas por el Ejército.
Estas zonas liberadas, según Rangel, son de un valor estratégico para "la preparación de la última fase de una guerra irregular" en la que la tarea es convertir las unidades guerrilleras en grandes contingentes militares que difícilmente se podrían distinguir de las fuerzas armadas regulares.
Rangel opinó que, con una "zona liberada", la guerrilla intentará prolongar al máximo la duración del repliegue imprimiéndoles un ritmo muy lento a todas las negociaciones, jugará a no dejarse levantar de la mesa y, en última instancia, dejará en manos del Estado la responsabilidad de una ruptura.
Pero Daniel García-Peña, alto comisionado para la Paz en la presidencia de Samper, sostuvo que para la insurgencia el repliegue del Ejército tiene también "un costo militar muy alto".
Al ubicar de manera pública a su comandancia en un lugar determinado "pierden la ventaja estratégica de la guerra de guerrillas", que es la movilidad, la sorpresa y la capacidad de ocultamiento, explicó.
La decisión del retiro de tropas tiene también adversarios dentro de las Fuerzas Armadas, que consideran inconveniente dejar en manos de la insurgencia una zona neurálgica donde coinciden guerrilleros y narcotraficantes.
Los cinco municipios para los que las FARC pidió el repliegue de tropas suman unos 100.000 habitantes y cubren 42.139 kilómetros cuadrados, 3,67 por ciento del territorio colombiano, el doble de la extensión de El Salvador.
Según un informe de las Fuerzas Armadas, en la región hay 10.220 hectáreas de coca cultivadas que representan el 15,72 por ciento del total de estos cultivos ilícitos en este país. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98
