El orgullo con que Chile recibió la clasificación de país menos corrupto de América Latina fue aminorado por expertos que advirtieron el peligro de la autocomplacencia en este terreno.
Como para dar fe de lo anterior, el secuestro de una mujer reactiva en estos días la atención sobre el "caso Chispas", una turbia operación bursátil hecha en 1997 en que están involucrados ex funcionarios de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990).
Marlene Martínez, ex esposa del estadounidense Mark Klugmann, uno de los denunciantes de las irregularidades en la venta de acciones con consorcio Enersis a Endesa-España, fue secuestrada y amedrentada en octubre de 1997 y el día 22 de este mes.
En la "operación del siglo", como se denominó el traspaso de Enersis a la compañía española, obtuvieron millonarias ganancias el ex presidente del consorcio, José Yuraszeck, y otros ejecutivos que tuvieron cargos públicos durante la dictadura.
Estos mismos empresarios de hoy fueron quienes en las postrimerías del régimen militar planearon la privatización de la estatal Empresa Nacional de Electricidad, para convertirse luego en accionistas mayoritarios de esa compañía, en torno a la cual se gestó Enersis.
Este caso no es tal vez un prototipo de corrupción, la cual se identifica tradicionalmente con abusos o delitos de funcionarios públicos para su enriquecimiento, pero revela actuaciones dolosas bajo la dictadura nunca aclaradas, que hoy irrumpen desde el área privada.
La institución Transparencia Internacional difundió el día 22 su índice de percepción de corrupción, elaborado con encuestas a empresarios, inversionistas, analistas de riesgo y otros expertos en 85 países.
De acuerdo con esa investigación, Chile es el país mejor evaluado de América Latina y se ubica en el puesto número 20 entre los menos corruptos en todo el mundo, mientras Paraguay fue considerado el de mayor corrupción de la región.
Con grados altos de corrupción resultaron también Honduras, Colombia, Venezuela y Ecuador, en tanto El Salvador, México, Guatemala, Argentina, Nicaragua y Bolivia son países en que el fenómeno alcanza niveles preocupantes.
El presidente de Chile, Eduardo Frei, consideró muy favorable la clasificación de Transparencia Internacional, en especial porque contribuiría a atraer las inversiones extranjeras necesarias en estos tiempos de crisis internacional.
La satisfacción recorrió desde los despachos ministeriales hasta los gremios de empresarios y terminó contagiando, a través de la prensa, a la población de todo un país que siempre está a la expectativa de "triunfos" internacionales.
Pero los llamados a la cautela procedieron de la propia Transparencia Internacional, a través del director ejecutivo de su capítulo chileno, el jurista Luis Bates, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado.
Bates advirtió que el estudio mide percepciones de los inversionistas y de empresarios chilenos y extranjeros, y que, por lo tanto, no es una medición de la corrupción en sí, aunque aporta, sin duda, elementos al respecto.
En segundo término, dijo, la encuesta tiene como base el concepto de corrupción concentrada en el sector público, definida como el abuso en el ejercicio de un cargo para beneficio privado.
"El índice de la percepción de la corrupción no intenta reflejarla en el sector privado. No obstante que el privado influye en la corrupción cuando actúa en casos de sobornos", señalaron Bates y otros representantes de Transparencia Internacional.
La abogada Clara Szczaranski, actual presidenta del Consejo de Defensa del Estado, exhortó también a "no encantarse" en cuestiones de corrupción con estadísticas o encuestas "que son muestras que tienen una base relativa".
Szczaranski advirtió que, en rigor, se desconoce el grado de corrupción que hay en Chile, porque el fenómeno tiene múltiples manifestaciones y no sólo se expresa en aspectos que tienen un origen monetario.
"La corrupción es un fenómeno mucho más profundo que afecta nuestros derechos como personas en una vida social organizada", apuntó Szczaranski.
Desde que la abogada asumió la presidencia del Consejo de Defensa del Estado, en 1995, se detectaron dos casos de grandes operaciones de lavado de dinero del narcotráfico, con implicaciones de jueces y policías.
El consejo estudia unos 10 nuevos casos de tráfico de drogas y lavado de dinero, indicó Szczaranski durante una charla que ofreció la semana pasada en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Bates advirtió, a su vez, que las cuatro áreas más vulnerables a la corrupción en Chile son la policía, las obras públicas, los servicios de aduana y los tribunales. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/98
