Los más de 500 campesinos cultivadores de coca que hace una semana llegaron a esta ciudad boliviana en una marcha de protesta se hallan en un callejón sin salida, por la decisión del gobierno de continuar la erradicación de plantaciones ilícitas.
Los cocaleros llevan las de perder, porque el gobierno no parece dispuesto a atender sus demandas y porque influyentes sectores de opinión creen que su protesta está fomentada por los narcotraficantes.
Los campesinos, que marcharon casi 500 kilómetros desde la región del Chapare -zona de producción de coca y cocaína, en el centro del país- realizan todos los días emostraciones pacíficas en las calles de La Paz y su presencia divide a los habitantes de la ciudad: unos los apoyan, otros los condenan.
En el pasado, similares marchas recibían el casi unánime respaldo de la población, pero hoy la realidad es otra. Noventa y cinco por ciento de la coca que obtienen unas 35.000 familias en el Chapare se utiliza para la elaboración de cocaína, y ese hecho reduce al apoyo a la demanda de los cultivadores.
Desde el 2 de este mes, cuando la marcha campesina llegó a La Paz, nadie ha cedido ni un milímetro. Los cocaleros piden el retiro del ejército del Chapare y el cese de la erradicación forzosa de los cultivos no autorizados en esa región.
El gobierno de Hugo Banzer responde que eso sería violar la ley y que no dará un paso atrás. Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical de este país, se pronunció en apoyo de los cocaleros.
La COB realizó este miércoles una manifestación frente a la sede del gobierno, para exigir una respuesta favorable a los campesinos del Chapare, y prepara otras medidas de presión para los próximos días.
Los cocaleros, alojados en locales de la Univesidad estatal de San Andrés, amenazaron con quedarse en La Paz hasta conseguir sus demandas. En respuesta, el ministro de Gobierno (Interior), Guido Nayar, les dijo que pueden permanecer en la ciudad todo el tiempo que quieran, aunque sin alterar el orden público.
"Mientras la ley 1.008 (ley antidrogas) esté vigente, el (Poder) Ejecutivo se encargará de hacerla cumplir. Si los cocaleros quieren plantear alguna modificación de esa ley, que lo hagan ante el Congreso", advirtió Nayar.
Las expresiones del ministro demostraron la inflexibilidad de la administración de Banzer frente a la cuestión planteada, que llevó incluso al presidente a calificar el movimiento cocalero de "narcomarcha".
Apoyado en el argumento de que casi toda la coca del Chapare se destina al narcotráfico y en su "Plan Dignidad" que prometió al gobierno de Estados Unidos, su principal aliado en la lucha antidrogas,
Banzer ha dicho que su gobierno puede hablar de cualquier tema excepto de suspender la erradicación de los cultivos ilícitos de coca.
El presidente se comprometió ante la comunidad internacional y especialmente, frente a Estados Unidos, a eliminar antes del final de su mandato, fijado para agosto del 2002, las 35.000 hectáreas de coca ilegal del Chapare.
Ese compromiso, resumido en el llamado Plan Dignidad, y expuesto en foros internacionales, fue incorporado al acuerdo contra el narcotráfico que Bolivia y Estados Unidos firmaron en agosto.
Allí se establece que Wasgington entregará 49 millones de dólares a Bolivia en el año fiscal 1998-1999 para luchar contra el tráfico de drogas.
El gobierno no ha cesado la destrucción de cultivos ilegales y el miércoles, el ministro Nayar celebró en plena selva del Chapare la eliminación de la hectárea 7.000 del año 1998.
Es decir, mientras los campesinos cocaleros realizaban manifestaciones callejeras en La Paz, el gobierno destacaba con orgullo en la zona productora de coca que, cuando aún faltan tres meses para la expiración del plazo convenido con Estados Unidos, ya ha cumplido con la meta anual de erradicación de cultivos.
Mientras, los principales periódicos de La Paz respaldan en notas editoriales la acción del gobierno y condenan el movimiento cocalero.
También la embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak, elogió a las autoridades.
"El Plan Dignidad es un ejemplo que merece ser repetido", "Yo nunca he visto tanta seriedad en un gobierno o en un pueblo para atacar el problema (del narcotráfico) como lo veo aquí, en Bolivia", dijo Hrinak al diario La Razón, de La Paz.
Incluso la Iglesia Católica no ha insistido en esta ocasión con ofrecimientos de diálogo y mediación entre partes, invariables en otros episodios protagonizados por los cocaleros.
Los obispos sólo han señalado su oposición a la violencia y su adhesión al diálogo y la erradicación voluntaria de cocales.
Jesús Juárez, obispo de la ciudad de El Alto -vecina directa de La Paz- pidió al gobierno salvaguardar los derechos de los campesinos, y advirtió que la presencia de tropas en el Chapare no debe dar lugar a la violación de los derechos humanos de los cultivadores de coca.
Las estadísticas de organismos internacionales especializados en la lucha contra las droga señalan a Bolivia como el segundo productor de coca del mundo, después de Perú, y como el segundo fabricante de cocaína, después de Colombia. (FIN/IPS/jcr/ff/ip/98
