Empresas de Estados Unidos utilizan el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte para demandar a Canadá y México con el fin de debilitar normas ambientales, una estrategia que podría difundirse si se replica este modelo de integración económica.
El primer caso se produjo después que Canadá prohibió un aditivo de la gasolina para proteger la salud de sus habitantes. La empresa estadounidense fabricante de la sustancia le entabló un juicio argumentando que se violaban disposiciones de libre comercio, y lo ganó.
Otra compañía estadounidense utilizó una estrategia similar para obligar a autoridades canadienses a retractarse de una prohibición a las exportaciones de desechos químicos, y ahora recurrió a los tribunales para solicitar una compensación económica.
El tercer caso tiene que ver con la paralización de una planta de desechos en el estado mexicano de San Luis Potosí. La empresa estadounidense involucrada espera el resultado de su demanda, que cuestiona la legislación ambiental y se ampara en el libre comercio.
En todos estos juicios se invoca al TLC, conocido también como NAFTA por sus siglas en inglés, un acuerdo firmado en 1994 que permite demandar a los gobiernos cuando imponen barreras al libre comercio. Los casos son tratados por tribunales cuyas decisiones deben ser acatadas, y que pueden sesionar en secreto si una de las partes lo solicita.
Analistas críticos del proceso de integración argumentan que este tipo de demandas podrían proliferar contra los países que suscriban el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) y otros convenios modelados en base al TLC, cuyos miembros son Canadá, Estados Unidos y México.
"Los tratados comerciales son utilizados para sabotear metas ambientales, pese a que durante la negociación del TLC el gobierno de Estados Unidos aseguró reiteradamente que esto no ocurriría", dijo Lori Wallach, directora del Public Citizen Global Trade Watch, un grupo con sede en Washington.
"Lo peor es que en vez de bajar el perfil y evaluar su estrategia de acuerdos comerciales, Estados Unidos se apresura por negociar otros acuerdos que implicarán la aplicación de estas mismas condiciones a nivel mundial", dijo Wallach.
Estados Unidos ya inició las conversaciones con países latinoamericanos y caribeños para crear un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en octubre deberían reanudarse las negociaciones para el AMI.
El primer caso tuvo su desenlace en julio, cuando Canadá aceptó levantar la medida de prohibición del aditivo MMT que se usa para la gasolina. Además, acordó pagarle 10 millones de dólares a la fabricante Ethyl Corporation y emitió una declaración garantizando que el compuesto no afecta la salud.
El hecho se produjo justo cuando aparecieron nuevas evidencias según las cuales el manganeso del MMT, utilizado para aumentar el octanaje de gasolinas, podría afectar el sistema nervioso.
A cambio de este gesto por parte del gobierno de Canadá, Ethyl retiró una demanda por 250 millones de dólares en la cual alegaba apropiación indebida de los beneficios que hubiera recibido con la comercialización del MMT. La empresa también afirmaba que se había dañado su reputación.
El abogado Lawrence Herman, especializado en temas comerciales, comentó que el caso "demuestra que es peligroso para los gobiernos aprobar medidas que impliquen la apropiación directa o indirecta de capitales extranjeros".
Canadá también prohibió la exportación de desechos industriales que contuvieran PCB, un compuesto cancerígeno. Pero en 1997 anuló la medida, después que empresas estadounidenses amenazaron con acudir a la justicia para invocar sus derechos en el marco del TLC.
Meyers Inc., una compañía especializada en tratamiento de PCB, advirtió que pretende obtener una compensación económica en la corte, pues la medida gubernamental le impidió obtener ganancias previstas, y por lo tanto fue equivalente a confiscar su capital.
Sin embargo, Wallach hizo notar que Meyers no podrá importar PCB de Canadá aún si gana, pues leyes ambientales de Estados Unidos prohibieron el ingreso de ese compuesto en 1997.
"La demanda sólo busca sacarle dinero al gobierno de Canadá por pérdidas registradas durante unos meses en los cuales sí se podía importar el PCB", dijo.
Este caso demuestra "cómo el TLC le da poder a las empresas para forzar al nuestro gobierno a pagar por haber tratado de defender el medio ambiente", señaló la presidenta de la organización no gubernamental Consejo de Canadienses, Maude Barlow.
Entre tanto, un tribunal tripartito tiene pendiente el fallo de un caso registrado en enero de 1997 ante el Centro Internacional para la Solución de Disputas sobre Inversiones (ICSID). La Metalclad Corporation, dedicada al procesamiento de desechos, denunció al estado mexicano de San Luis Potosí.
Metalclad había adquirido una planta de procesamiento de desechos, pero las autoridades del estado declararon el área como zona ecológica y paralizaron el proyecto tras descubrir la presencia de napas de agua subterráneas. Ahora la empresa quiere una compensación de 90 millones de dólares por daños.
"La empresa argumenta que la declaración de zona ecológica equivale a una confiscación de su propiedad", comentó la directora de estudios de Public Citizen, Michelle Sforza.
"Si en el TLC no existieran las poderosas cláusulas contra expropiaciones, Metalclad debería hacerse cargo de los riesgos de su inversión y habría aprendido a realizar evaluaciones ambientales adecuadas antes de comprometer sus recursos", dijo Sforza.
Pero según los términos del acuerdo, "el gobierno de México podría verse en la obligación de hacerse cargo de los riesgos y los costos de Metalclad".
En el marco del TLC, las disputas son resueltas por el ICSID o la Comisión sobre Legislación Comercial Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Viena. (FIN/IPS/tra-en/aa/kb/lc-ml/en-if/98
