El incremento histórico de la fuerza laboral será el rasgo distintivo de la población de América Latina y el Caribe en las dos primeras décadas del nuevo milenio, lo cual implica grandes expectativas de desarrollo que podrían frustrarse.
Se trata de un "bono demográfico", según la definición del Equipo de Apoyo Técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP) para la región, con sede en Santiago, y que encabeza el experto Joop Alberts.
De acuerdo con el informe "Estado de la Población Mundial 1998", difundido por FNUAP el martes pasado, la población económicamente activa de América Latina y el Caribe, entre 15 y 64 años de edad, aumentará de 292 millones en 1995 a unos 460 millones en el 2025.
El fenómeno se debe a un descenso de la natalidad, que disminuirá la proporción futura de los menores de 15 años en el total, acompañado de un aumento porcentual importante, pero modesto en términos absolutos, de los ancianos o miembros de la tercera edad, como se identifica a los mayores de 65 años.
Esto significa que el segmento en mayor aumento demográfico en América Latina será en las próximas décadas el de 15 a 65 años y, en particular, el de 15 a 24, edad en la cual comienza, de hecho, la integración a la población económicamente activa.
De esta forma, en las dos primeras décadas del nuevo milenio habrá una incorporación masiva de jóvenes a la fuerza laboral, con crecimientos importantes en el segmento de 15 a 24 años, lo cual abre espectativas en el campo económico.
"En el caso del milagro asiático, se estima que entre 15 y 40 por ciento del crecimiento del ingreso por persona se debió a cambios en la estructura de edad", señala un comentario del Equipo Técnico de Apoyo al informe anual del FNUAP.
Como "milagro asiático" se entiende al proceso de rápida industrialización que se desarrolló en las décadas del 70 y 80 los llamados "tigres", como Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur.
El "bono demográfico" que representa para América Latina y el Caribe el crecimiento de la fuerza laboral "es una oportunidad que depende (para su aprovechamiento) de que se adopten las políticas apropiadas con visión estratégica".
Tras formular esta advertencia, el equipo de expertos llamó a los países latinoamericanos a seguir invirtiendo en servicios sociales básicos, pese a la crisis asiática, que está induciendo políticas de austeridad para el sector público.
Alberts y su equipo formularon un planteamiento en que el gasto social, y sobre todo la inversión en salud y educación, se constituye en el soporte para preservar y potenciar el "bono demográfico" y asegurar su aporte al desarrollo económico.
Los jóvenes deberán recibir una educación y capacitación acorde con las demandas del mercado laboral, lo cual implicará no solo reforzar la educación básica sino también reformar la enseñanza técnica y profesional para los adultos.
El acceso a nuevas oportunidades, sobre todo para los más pobres, se verá sin embargo limitado si no se fortalecen las políticas de salud, con una mejor formación e información en sexualidad para los jóvenes.
De esta forma se podrán evitar embarazos no deseados y el peligro del sida y otras enfermedades de transmisión sexual, que representan tanto problemas de salud pública como obstáculos para la inserción laboral de los jóvenes y, en especial, de las mujeres.
Alberts, que se declara católico, dijo que la Iglesia es conservadora en materia de educación sexual y defendió los programas escolares de información y difusión sobre afectividad y sexualidad que desarrolla el Ministerio de Educación en Chile.
El experto del FNUAP destacó que en Chile, donde el aborto es penalizado, se registra 45 por ciento de interrupciones voluntarias (y clandestinas) de embarazos, la más alta de la región.
El desafío del crecimiento de la fuerza laboral obligará también a revisar los actuales sistemas de previsión social, para garantizar en el futuro programas más justos de jubilación para los trabajadores.
Las tendencias demográficas indican que aumentará la población de la tercera edad, que será más sana, pero que a la vez sufrirá mayor incidencia de cánceres y otras enfermedades de tratamiento costoso.
Se requieren nuevas reformas para modernizar los sistemas de salud y a la vez habrá que analizar en América Latina y el Caribe el aumento de las edades de jubilación, que como norma general son hoy de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Alberts dijo además que se debe revisar el modelo privado de previsión, basado en el ahorro individual de los trabajadores, que por sus características tiene más futuro que el antiguo sistema de reparto solidario de administración estatal.
Advirtió, sin embargo, que para garantizar pensiones dignas, sobre todo para los trabajadores de menores ingresos, debe aumentarse la tasa de aportes, actualmente de un promedio de 10 por ciento del salario en la región, a 24 por ciento.
Pero este aumento, señaló, debería corresponder sólo en seis por ciento al trabajador y en 18 por ciento a los patronos, bajo nuevas modalidades que propendan a la ampliación del sistema y también a garantizar su eficiencia y transparencia.
En el caso de Chile, las administradoras de fondos de pensiones tienen altos costos administrativos, que pagan todos los contribuyentes, y sus decisiones de inversión de los recursos captados se toman sin participación de lo afiliados, recalcó Alberts. (FIN/IPS/ggr/mj/pr dv/98
