/BOLETIN-AMBIENTE/ EE.UU.: Campañas ambientales postergan prioridades sociales

La prioridad otorgada a la lucha contra la contaminación obstaculiza en Estados Unidos la solución de los problemas de los pobres y de minorías étnicas, asegura un libro publicado por un instituto de investigación.

"La pobreza, el desempleo, la mala dieta y el cigarrillo son más peligrosos para estas personas que los posibles riesgos de la contaminación industrial", afirma Christopher H. Foreman, del Instituto Brookings, en el libro "The Promise and Peril of Environmental Justice" (La Promesa y el Peligro de la Justicia Ambiental).

Las conclusiones de Foreman no fueron bien recibidas por organizaciones ecologistas y sociales empeñadas en lucha desde hace años contra el "racismo ambiental", que discrimina a los pobres y las minorías, entre ellos los negros, los indígenas y los inmigrantes latinoamericanos.

Las zonas en que habitan esas minorías son con frecuencia asiento de depósitos de residuos tóxicos o de fábricas que desprenden emanaciones nocivas.

Centenares de comunidades de ese tipo aseguran ser víctimas del "racismo ambiental", porque no tienen poder político o económico para combatir a la industria contaminante.

"La cuestión es qué problemas define el movimiento de justicia ambiental como los más apremiantes de esas comunidades", dice Foreman.

La campaña contra un objetivo visible y fácil, como una fábrica contaminante, relega a segundo plano los riesgos más concretos para una comunidad, como el desempleo y la pobreza, agrega.

Aunque Foreman reconoce que los defensores de la justicia ambiental impidieron la instalación de muchas industrias peligrosas en numerosas localidades, argumenta que esa energía militante podría utilizarse de manera más eficaz.

"No quiero atacar al movimiento de justicia ambiental, pero necesitamos un diálogo nuevo y orientado a la calidad de vida de las poblaciones pobres y minoritarias", escribió.

El activismo contra las industrias contaminantes termina por unir y educar a una comunidad, replicó Lois Gibbs, directora del no gubernamental Centro de Salud, Ambiente y Justicia.

Gibbs encabezó la lucha en los años 70 contra Hooker Chemical Corporation, denunciada por contaminar la zona de Love Canal, un pueblo pobre del estado de Nueva York.

"La justicia ambiental incluye los mismos problemas que menciona Foreman, como la salud pública y la pobreza. El movimiento (ambientalista) hizo pensar a la gente sobre la atención médica y la pobreza, y fortaleció su capacidad para trabajar dentro del sistema político por el cambio y la justicia", sostuvo Gibbs.

El movimiento alcanzó una importante victoria en 1994, cuando el presidente Bill Clinton identificó la justicia ambiental como uno de los objetivos de la política federal.

Esa decisión hizo que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aplicara pautas para asegurar "que las acciones federales que afectan la salud humana o el ambiente no tengan efectos discriminatorios basados en la raza, el color o el origen nacional".

Un ejemplo es la fábrica de cloruro de polivinilo (PVC) que la compañía japonesa Shintech pretende construir, por valor de 700 millones de dólares, en la localidad de Convent, del estado de Louisiana. Los productos químicos utilizados para producir ese tipo de plástico son altamente tóxicos.

Convent es una comunidad de bajos ingresos y 72 por ciento de sus residentes son afro-estadounidenses. Ya es sede de seis fábricas químicas.

A pedido de organizaciones locales, la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Tulane y el grupo ecologista Greenpeace protestaron ante la EPA, arguyendo que la puesta en marcha de la factoría de Shintech violaría los derechos civiles de la población.

Las fábricas petroquímicas, similares a la que pretende instalar Shintech en Convent, liberan miles de toneladas de residuos tóxicos al aire y el agua, advirtieron organizaciones ecologistas. La exposición a las toxinas perjudicará a la población local, agregaron.

Pero muchos residentes de Convent quieren que Shintech se instale en el pueblo, porque creará 165 empleos con buenos salarios.

"Las otras fábricas dieron oportunidades a los residentes. Mis clientes quieren esa misma oportunidad", explicó la abogada Nanette Jolivette, que representa a los residentes partidarios de la fábrica.

Los activistas "nunca consideran si puede valer la pena el bajo riesgo de contaminación a cambio de empleos con buenos salarios en una comunidad de bajos ingresos que necesita con desesperación el trabajo", dijo Foreman.

Pero Gibbs replicó que "los empleos que ofrece Shintech son para trabajadores especializados y no beneficiarán a los desempleados del pueblo".

"Ya hay varias fábricas en Convent, pero no aumentaron las oportunidades de empleo para los desempleados. Esos puestos los obtienen las personas más pudientes y mejor preparadas, que viven lejos de la fábrica", puntualizó.

Foreman también argumenta que no existen pruebas que vinculen a las industrias con el aumento de enfermedades y cuestionó el "callejón del cáncer", término utilizado por los activistas para describir una zona del río Mississippi, entre Nueva Orléans y Baton Rouge, con gran cantidad de refinerías de petróleo y de fábricas de productos químicos.

Los residentes de la zona, en su mayoría negros, aseguran que la actividad industrial aumentó la incidencia del cáncer y de otras enfermedades en el lugar.

"Cuando supe del racismo ambiental y del callejón del cáncer, intenté hallar evidencia empírica sobre la mayor incidencia de la enfermedad, y la EPA me informó que no existen esas pruebas", indicó.

"A medida que examinaba la investigación de las organizaciones que defienden la justicia ambiental, me asombró la debilidad de esa evidencia empírica", agregó.

"Foreman afirma que exageramos o no sabemos con certeza los riesgos que los depósitos de residuos peligrosos, la industria contaminante y los incineradores implican para la salud. Pero él ignora muchos estudios científicos que confirman la toxicidad y el peligro de esos lugares", puntualizó Gibbs.

"Los residuos procedentes de esos lugares, como los que emitirá la fábrica de Shintech, incluyen la dioxina, que la EPA reconoce como un probable factor cancerígeno y que a juicio de muchos científicos, afecta el desarrollo humano en forma similar a las hormonas", explicó. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq-ff/en/98

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