El gobierno de Argentina desmintió hoy versiones de indulto del ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán, encarcelado por el sangriento asalto a un cuartel en 1989, y del ex coronel Mohamed Ali Seineldín, cabecilla de la última rebelion militar, en 1990.
El ministro del Interior, Carlos Corach, descartó la especie y aseguró que no hay "ninguna gestión oficial ni extraoficial" para liberar a Gorriarán, condenado a prisión perpetua, o a Seineldín, recluido por tiempo indeterminado.
El propio Seineldín declaró desde la prision que descreía de la veracidad de la versión, y la atribuyó a una "maniobra" del propio gobierno para quitar la atencion de la opinión pública de temas "gravísimos", como el escándalo por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que involucra a ministros.
El rumor del indulto cobró fueza al saberse que el diputado oficialista César Arias visitó el sábado en la cárcel a Gorriarán.
Pero Corach aseguró que se trató de una decisión "personal" y "por propia iniciativa" de Arias, y negó que el presidente Carlos Menem se proponga otorgar el perdón al ex guerrillero.
Arias fue sorprendido el sábado por una reportera gráfica del diario La Nación cuando ingresaba en el penal de Villa Devoto. Luego de intentar ocultarse, el legislador debió admitir que respondía con su visita a un pedido de Gorriarán, con quien estuvo reunido, pero sin conversar sobre un eventual indulto.
"Gorriarán me pidio hablar sobre temas generales y de derechos humanos y yo le dije que volcara sus ideas por escrito, pero en ningun momento de nuestro diálogo se planteó el tema de su liberación", aclaró Arias.
Menem indultó en 1990 a decenas de militares que participaron de dos sublevaciones contra el gobierno de su antecesor, Raúl Alfonsín.
Luego concedió igual beneficio a los jefes de las juntas militares impuestas entre 1976 y 1983, que habían sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos, y a cuatro ex líderes guerrilleros, entre ellos Mario Firmenich, cabecilla del grupo Montoneros.
La visita de Arias al penal hizo resurgir versiones acerca de un posible indulto presidencial que alcanzaría a Seineldín, preso desde 1991 junto a otros militares, y a Gorriarán, sentenciado en julio de 1997 por el asalto al cuartel de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, un hecho que costó 39 vidas.
La idea de que la entrevista de Arias con Gorriarán es una "cortina de humo" para distraer la atención de asuntos de corrupción que involucran al gobierno fue agitada este lunes por diputados y dirigentes de la Alianza de oposición, que de esa manera coincidieron con la interpretacion de Seineldín.
Así mismo, Eugenio Zafaroni, experto en asunto penales en la Alianza, consideró que presumiblemente el gobierno teme una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades en el juicio a los participantes del ataque a La Tablada, y podría anticiparse a ese pronunciamiento con un indulto.
Entonces, para aplicar igual tratamiento a todos, también serían indultados Seineldín y sus seguidores, comentó Zaffaroni.
Esa idea fue abonada por el sacerdote Antonio Puigjané, uno de los participantes del asalto a La Tablada, que cumple detención domiciliario en un convento desde hace menos de un año, tras purgar ocho de cárcel.
Puigjané señaló que hace tres meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo para convertir en obligatorias las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno argentino.
Para el 6 de octubre se prevé una audiencia ante la Corte a la que debe asistir un funcionario del gobierno y una abogada de los presos de La Tablada.
Previendo la posibilidad de tener que anular el juicio a los atacantes de La Tablada, representantes del gobierno habrían propuesto a Gorriarán que asuma públicamente un compromiso de luchar por sus ideas en el marco de la democracia y que manifieste arrepentimiento por La Tablada y por su pasado como jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo en los años 70.
Gorriarán se exilió tras el golpe de Estado de 1976, y vivió en Cuba y México. Partició en 1980 en el asesinato en Paraguay del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en 1989 planificó el asalto a La Tablada bajo la justificación de que allí se gestaba un golpe contra el gobierno civil.
El episodio de La Tablada costó la vida a 11 policiías y soldados y a 28 miembros del grupo asaktante, el Movimiento Todo por la Patria.
Los guerrilleros sobrevivientes fueron juzgados y condenados, pero Gorriarán se mantuvo prófugo hasta 1997, cuando fue capturado en México. Extraditado a Argentina, fue condenado a reclusión perpetua. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
