El gobierno de Alberto Fujimori prefiere no agitar, por ahora, el escándalo del tráfico de armas de Buenos Aires a Quito durante la guerra entre Perú y Ecuador de 1995, pues pretende mantener sus óptimas relaciones con Argentina.
El primer ministro Alberto Pandolfi y el canciller Eduardo Ferrero afirmaron que las relaciones entre Perú y Argentina son "óptimas y fluídas" y coincidieron en expresar su confianza en que la justicia argentina resolverá el caso "apropiadamente".
Pandolfi, que días atrás había expresado que Lima esperaba "explicaciones", se replegó el viernes al expresar que espera "que se pronuncie la justicia argentina".
"Tenemos confianza en el gobierno de Argentina, no solo por cómo manejará este asunto, sino también en el cumplimiento cabal de su papel como país garante del tratado limítrofe entre Perú y Ecuador", dijo el primer ministro peruano.
En círculos políticos y diplomáticos de Lima se considera que presionar al gobierno de Carlos Menem sobre este asunto sería perjudicial para Perú, que necesita el respaldo argentino, o por lo menos su neutralidad, en torno de su litigio fronterizo con Ecuador.
Argentina es uno de los cuatro países garantes del tratado limítrofe entre Perú y Ecuador e integra la misión militar que logró el alto del fuego y supervisa la paz entre ambas naciones, circunstancia que agrava el tráfico de armas pero que también explica el interés de Lima en tranquilizar las aguas.
El caso, investigado por la justicia argentina, compromete a altos mandos del Ejército de ese país y a su cancillería y está, al parecer, detrás del supuesto suicidio hace tres semanas de un oficial naval argentino involucrado en el tráfico de las armas.
En los últimos días surgieron evidencias de la venta a Ecuador de 5.000 fusiles automáticos FAL y 75 toneladas de municiones de fabricación argentina, embarcadas desde el aeropuerto de Ezeiza, cerca de Buenos Aires, en febrero de 1995, en plena guerra.
El embarque se realizó con documentación adulterada que consignaba un falso destino, Venezuela, país que no recibió nunca las armas ni tuvo participación alguna en la operación.
También se investiga la venta de armas a Croacia, operación realizada con un método similar de triangulación para asignar un falso destino al embarque, en este caso Panamá, infringiendo la disposición de las Naciones Unidas de no suministrar armas a los bandos en pugna en la antigua Yugoeslavia.
La prensa argentina confirmó en las últimas semanas que la cancillería y altos funcionarios civiles y militares tenían conocimiento previo del embarque ilegal hacia Ecuador.
La revista uruguaya Posdata difundió un decreto firmado por el presidente Carlos Menem para autorizar la venta supuesta de armas a Venezuela, a pesar de que días antes el embajador de Argentina en Lima había comunicado a su gobierno que esas armas estaban destinadas a Ecuador.
La Fuerza Aérea argentina objetó la venta, según versiones que circulan en Buenos Aires.
Menem pidió a sus ministros y colaboradores que no se refieran al asunto en declaraciones públicas, pues, dijo, las relaciones con Perú son "excelentes" y el gobierno de Lima no estaba interesado en demandar explicaciones, según otras versiones.
La justicia argentina investiga el trafico de armas a Croacia y Ecuador como parte del desmantelamiento de la corrupción en los altos mandos castrenses enriquecidos ilícitamente. El juez Jorge Urso solicitó la comparecencia del coronel Diego Palleros, prófugo en Sudáfrica, país que negó su extradición.
Otro investigado, el oficial naval argentino Horacio Estrada, fue encontrado muerto cuatro días después de admitir sus vínculos con el traficante de armas francés Bernard Lasnaud, fotografiado por la Fuerza Aérea Argentina mientras supervisaba el embarque de armas a Ecuador.
Según fuentes próximas al juez Urso, Estrada abrió una cuenta en Montevideo con casi dos millones de dólares, dinero depositado en febrero de 1995, poco después de efectuado el ilícito embarque de armas desde Ezeiza a Quito. (FIN/IPs/al/mj/ip/98
