Los gobiernos de América Latina enfrentan fuerte resistencia en la nueva ola de privatizaciones que vive la región, en los sectores de telecomunicaciones y energía, y algunos han tenido que dar marcha atrás en sus planes.
En Honduras, el Poder Ejecutivo dejó el 9 de septiembre en manos del parlamento la decisión final sobre la venta parcial de la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel, prevista para el primer trimestre de 1999.
En Colombia, el gobierno cambió su estrategia de traspaso de empresas estatales al sector privado y ahora promueve una integración mixta de capitales, indicó el director de Crédito Público, Clemente del Valle. El cambio de planes se orginó en la oposición de concejos municipales y asambleas departamentales.
El nuevo sistema de capitalización se aplicará a la Empresa de Energía Bogotá, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica y la Interconexión Eléctrica, una de las mayores del sector en el país.
En Paraguay, el presidente Raúl Cubas, manifestó su desacuerdo con la privatización de empresas públicas deficitarias, como las que proveen los servicios de electricidad, agua y teléfono.
En Ecuador, el mandatario Jamil Mahuad señaló que la privatización de la empresa telefónica será uno de los principales puntos de su gestión para atraer capitales privados, pero los sindicatos amenazan con frenar ese plan.
El intento de Mahuad será el tercero en menos de un año. En noviembre, cuando aún gobernada el presidente interino Fabián Alarcon, se suspendió dicha venta por el súbito retiro de las operadoras de telecomunicaciones extranjeras interesadas.
En México también existe una marcada oposición a la privatización. En este este caso se trata de uno de los grandes complejos petroleros del país, la petroquímica de Morelos, ubicada en el estado de Veracruz y productora de olefinas y polímeros a escala que le permite competir a nivel mundial.
El proceso enfrentó varios obstáculos, sobre todo la resistencia de sectores sindicales y del propio partido de gobierno, los mismos que en 1997 se opusieron a la venta de 49 por ciento de las acciones de 10 complejos petroquímicos en unos 2.000 millones de dólares.
Por esas presiones, la venta de la petroquímica de Morelos será sólo parcial, quedando en manos del Estado el 51 por ciento de las acciones.
La ola de la privatización en México comprendió, entre 1995 y 1997, el ferrocarril, los puertos, seguros de salud, pensiones, carreteras, comunicaciones y satélites.
Con las concesiones y licitaciones de bienes y servicios del sector público, como las frecuencias del espectro radioelectrónico y del ferrocarril, el gobierno de Ernesto Zedillo pudo disponer en julio de 18 millones de dólares para equilibras sus cuentas.
Durante 1997, las concesiones para la telefonía de larga distancia significaron para el país ingresos de 1,6 millones de dólares y las licitaciones para distribuir gas natural y proveer de energía eléctrica privada sumaron cuatro millones de dólares.
Algo similar está ocurriendo en Argentina, donde el gobierno de Carlos Menem anunció que pretende captar este año 3.500 millones de dólares por concepto de privatizaciones de empresas de servicios públicos y de producción.
En concreto, planea transferir antes de fin de año el Banco Hipotecario, tres centrales nucleares, el sistema de comunicación telefónica celular PCS y la central hidroeléctrica binacional Yacyreta, que comparte con Paraguay.
Además, entregará en concesión la Casa de la Moneda, el canal de televisión ATC y parte de la empresa Fabricaciones Militares.
En Panamá, el presidente Ernesto Pérez Balladares favoreció desde su llegada al poder en 1994 la venta de activos del Estado. En 1997 vendió el 49 por ciento de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) al consorcio británico Cable and Wireless (CW) en 652 millones de dólares.
Fuentes oficiales aseguran que desde 1994, el proceso de reducción del Estado permitió al gobierno de Pérez Balladares recibir cerca de 1.000 millones de dólares.
Se espera que antes del año 2000 queden en manos privadas casi todos los servicios básicos de Panamá, entre ellos la empresa telefónica, y las de energía eléctrica y agua potable.
Daniel Hunt, presidente de Nortel CALA, la división para América Latina y el Caribe de Northern Telecom Limited, sostiene que la región se verá beneficiada con los procesos de privatización por las oportunidades que se abren especialmente en las venta de productos relacionados con las telecomunicaciones.
El proceso privatizador en América Latina ha mantenido un progresivo crecimiento. Un estudio de la compañía Securities Data, con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, indica que las privatizaciones en América Latina alcanzaron en 1997 a 31.400 millones de dólares, 142 por ciento más que en 1996.
Una investigación realizada en julio pasado por la Cámara de Comercio de Chile revela que las privatizaciones en América Latina en este año llegarán a 80.000 millones de dólares. El mayor número de operaciones se registrará en el sector energético (electricidad y petróleo), con 61 por ciento.
Las telecomunicaciones ocuparán el segundo lugar, según ese estudio, con 34 por ciento. En ese caso, los mercados más atractivos son Brasil, México, Argentina y Chile.
Brasil será el líder de privatizaciones, con un estimado de 66.000 millones de dólares, seguido de Argentina con 7.000 millones, El Salvador con 1.200 millones, Venezuela con 1.050 millones, Guatemala con 860 millones, Ecuador con 723 millones, Chile con 165 millones y Nicaragua con 120 millones de dólares.
Eduardo Cabrera, jefe de estrategia de América Latina de la empresa bursátil Merryll Linch, opina que la venta de los activos de telecomunicaciones en Brasil ofrecerá grandes oportunidades, pues se estima que habrá ocho teléfonos por cada 100 habitantes, en un país con una población superior a 150 millones. (FIN/IPS/rey/ag/if/98
