La mayoría de los afectados de VIH/sida en América Central carecen del tratamiento más efectivo contra el mal a causa del alto costo de los fármacos, y porque no defienden su derecho a recibirlo, sostiene un estudio realizado en Costa Rica.
La investigación sobre el tratamiento contra el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) fue realizada por Triángulo Rosa, una organización de homosexuales costarricense.
En los últimos años se desarrollaron fármacos antirretrovirales que atacan al VIH, el virus de inmunodeficiencia humana causante del sida.
La llamada terapia de combinación, que consiste en un cóctel de remedios, alarga la vida de muchas personas que, de otra manera, seguramente morirían a los dos años de contraer el mal.
Los fármacos cuestan en promedio 800 dólares por mes, lo que en un principio limitó su distribución al Norte industrial. Pero las protestas de personas con VIH/sida persuadieron a algunos países en desarrollo a proporcionar el tratamiento en forma gratuita.
La situación de América Central representa un microcosmos del mundo en desarrollo, donde pocas personas con sida tienen libre acceso al tratamiento. Costa Rica es el único país de la región que brinda el tratamiento a los pacientes sin costo.
En principio, el gobierno declaró que el costo de la terapia combinada tendría un efecto económico devastador sobre el sistema de salud de este país, basado en estudios realizados por SIDALAC, una organización financiada por el Banco Mundial, y AIDSCAP, grupo financiado por el gobierno de Estados Unidos.
A fines de 1996, la Coalición de Pacientes, una organización de personas que viven con sida, comenzó negociaciones con el gobierno. Un año después, los funcionarios aún consideraban que los antirretrovirales eran demasiado caros.
Entonces la Coalición apeló a la Corte Suprema y esta obligó al gobierno a suministrar el tratamiento de antirretrovirales a las personas con VIH/sida.
"Ganamos el derecho de recibir los medicamentos e hicimos saber al gobierno y la sociedad que no seremos víctimas silenciosas del odio y la discriminación", dijo Guillermo Murillo, presidente de la Asociación Costarricense de Personas Viviendo con Sida.
En la actualidad, 360 costarricenses, de un total estimado de 700 portadores de VIH, reciben la terapia de combinación. Costa Rica tiene una población de 3,3 millones de habitantes.
Pero que el gobierno proporcione el tratamiento sólo es parte de la solución. Otro problema mayor es que la gente afectada solicite la medicación.
"A las personas con sida de América Central se les debe enseñar a solicitar lo que necesitan. Deben comprender que si se les niega la medicación, se les niegan sus derechos humanos", puntualizó Ruben Mayorga, médico y director de Oasis, organización de homosexuales de Guatemala.
Pero las condiciones varían en los distintos países centroamericanos. En Nicaragua, las personas con sida tienen pocas esperanzas de recibir tratamiento contra las infecciones oportunistas, y ninguna de recibir antirretrovirales.
El tratamiento sólo lo brindan organizaciones no gubernamentales que adquieren medicinas con las contribuciones de pacientes que pueden pagar.
A pesar de la existencia de una ley que garantiza los derechos de los nicaragüenses que viven con sida, la enfermedad se encuentra en una lista de males específicamente excluidos de la atención médica estatal.
Esta situación implica que las personas con sida que acuden a los centros médicos para atenderse de una infección deben ocultar su condición de las autoridades sanitarias, explicó Roberto Pao, coordinador de salud pública del gobierno.
Como el Estado no cuenta con la prueba para determinar la existencia de anticuerpos al VIH, no resulta difícil engañar a las autoridades.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) estima que en Nicaragua, con una población de 4,1 millones de habitantes, hay 4.000 portadores de VIH, pero miles de nicaragüenses emigran a otras zonas de América Central donde la incidencia es mucho mayor.
Pero en la vecina Honduras, por ejemplo, que tiene una población de 5,7 millones, existen 43.000 personas portadoras del VIH.
En Panamá hay 9.000 personas con VIH, de una población total de 2,6 millones. El gobierno suministra el antirretroviral AZT a las personas con sida que pertenecen al sistema de salud estatal, pero no ofrece una terapia de combinación.
Norma de Quinteros, del Programa para el Bienestar y la Dignidad de las Personas con Sida (PROBIDSIDA), quiere cambiar esta situación. El grupo está negociando con el gobierno con ese fin y cuenta con 30 personas con sida dispuestas a firmar una petición dirigida a la Corte Suprema.
Incluso si PROBIDSIDA tiene éxito, muchos panameños con sida no se encontrarían en mejor condición porque no están cubiertos por el sistema de salud estatal. Los sistemas de salud estatal de América Central sólo incluyen a cierto sector de la población, el que puede pagarlos.
En Guatemala, que tiene 10.3 millones de habitantes, hay 27.000 personas que viven con VIH y casi 3.000 con síntomas de sida. Sólo 15 por ciento de la población está cubierta por el sistema de salud estatal.(FIN/PANOS/tra-en/rs/dds/aq-lp/he/98)
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