Los indígenas del sureste de Venezuela desbloquearon la carretera que une este país con Brasil, un gesto conciliador en la antesada de una reunión que sostendrán este domingo con cinco ministros que se trasladarán a la localidad de San José.
Yaritza Aray, dirigente del pueblo kariña, dijo a IPS desde San José, en el estado de Bolívar, que la suspensión del bloqueo se produjo después de que los ministros acogieron la demanda de diálogo directo y otros requisitos preliminares de los indígenas.
La reunión se realizará en ese poblado, donde se han congregado los manifestantes desde el 27 de julio, y se espera que al menos 2.000 indígenas de todo el estado lleguen al lugar el domingo para defender sus derechos.
Entre 800 y 1.000 indígenas de los pueblos pemón, arawak, akawayo y kariña han mantenido semibloqueado el tránsito de la única conexión vial entre Venezuela y Brasil, en demanda de que el gobierno reconozca la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales.
El detonante del conflicto fue la inconsulta interconexión eléctrica de 700 kilómetros que se construye entre la represa de Guri, Venezuela, y Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima, que atraviesa comunidades de las cuatro etnias.
Guri, en la confluencia de los ríos Caroni y Orinoco, tiene una capacidad de generación eléctrica de 10.000 megavatios, en parte excedentaria, y el tendido con Brasil es defendido por los dos gobiernos como un motor de desarrollo en un área binacional muy distanciada de sus respectivas metrópolis.
La represa está situada 750 kilómetros al sureste de Caracas e integra un proyecto de generación de electricidad de más de 13.000 megavatios, aprovechando las tumultuosas aguas del Caroni.
Aray, dirigente de la Federación de Indígenas de Bolívar (FIB), destacó en diálogo telefónico que los indígenas se niegan a que el tendido viole sus derechos ancestrales y cruce sus comunidades y cultivos, "sin ninguna participación o consulta al respecto".
"El eje de nuestro reclamo es que se nos reconozca nuestro derecho legal de la propiedad y tenencia de la tierra", puntualizó Aray, en una batalla que de tener éxito representaría un precedente que beneficiaría a los más de 315.000 indígenas del país, repartidos en 28 pueblos diferentes.
El acuerdo para la reunión entre cinco ministros del gobierno de Rafael Caldera y los caciques indígenas se adoptó el jueves en Ciudad Bolívar, capital del estado de Bolívar, en el marco de una sesión del gabinete social dedicado a analizar los criticados programas destinados a las 28 etnias desperdigadas por el país.
La FIB ha requerido, desde que comenzó el bloqueo de la carretera BR-174 entre el kilómetro 16 y el 14, un diálogo directo con el gobierno central, el único que puede acoger su reclamo territorial.
Desde fines de julio, los manifestantes sólo permitieron el paso restringido cada cuatro o cinco horas de vehículos de transporte y turismo, con cuyos ocupantes dialogaban sobre su causa y entregaban material sobre la situación de sus comunidades.
Aray precisó que el desbloqueo vial excluye a los vehículos de las empresas que construyen la interconexión eléctrica o de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la promotora estatal del desarrollo de la selvática e industrial región fronteriza al sur con Brasil y al este con Guyana.
La FIB indica que la demanda de que se le entreguen títulos de propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales es avalada por el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OI), ratificado por Venezuela.
Venezuela no ha ratificado el más reciente Convenio 189 de la OIT que profundiza los derechos a la propiedad y la autonomía de las etnias originarias, mientras el parlamento demora hace una década la aprobación de una ley tendente a superar el gran rezago del país en el trato a los pueblos indígenas.
José Luis González, dirigente pemón y presidente de la FIP, precisó que la batalla comenzada el 27 de julio procura el reconocimiento de los derechos originarios de los indígenas en lo que denominó "las áreas de influencia".
Esas áreas abarcan ríos, bosques y otros recursos naturales donde subsisten las comunidades indígenas del estado de Bolívar, cada vez más codiciado por sus riquezas mineras, madereras e hídricas.
Bolívar, que con sus 238.000 kilómetros contiene 26 por ciento del territorio venezolano, es el asiento de 18 grupos étnicos, con un total de 35.000 personas, y de los parques nacionales de Canaima y de la Gran Sabana.
En el primero está el Salto Angel, el salto de agua más alto del mundo, y en el segundo, de un tamaño superior a Bélgica, se hallan los míticos tepuyes, las montañas planas que se consideran las formaciones geológicas más antiguas de la tierra.
El frágil ecosistema de la Gran Sabana sirvió de inspiración a Arthur Conan Doyle para su libro de aventuras "Un mundo perdido". En Bolívar fue ubicado también la mítica zona de El Dorado que los conquistadores europeos buscaban, dadas sus riquezas auríferas.
Canaima y la Gran Sabana son atravesados por la proyectada interconexión y son el hábitat de las cuatro etnias que participan directamente en el conflicto, con el apoyo de los demás pueblos indígenas del estado y del resto del país.
La posición determinante a favor del diálogo que se celebrará en San José este domingo fue la del ministro del Interior, Asdrúbal Aguiar, mientras el ministro para Asuntos Fronterizos, Pompeyo Márquez, advirtió en Ciudad Bolívar que el tendido eléctrico "va, pese a quien pese".
El diálogo se decidió después de que el miércoles la militar Guardia Nacional disolvió por unas horas y de manera violenta el bloqueo, con maltratos a los manifestantes y daños a sus propiedades, según la FIP.
"No nos oponemos a la electricidad. Pero el tendido se hizo sin nuestro conocimiento y pasaron las máquinas por nuestros conucos (sembradíos) y nuestras comunidades y ni siquiera nos brindará luz a nosotros", dijo el pemón Italo Pizarro.
"Las compañías madereras, en tanto, se aprovechan de las brechas abiertas por la construcción del tendido para extraer madera en grandes cantidades", añadió González. La actividad maderera ya afectó 2.000 hectáreas en la Gran Sabana, agregó.
La protesta indígena también procura alertar sobre el proyecto del gobierno de otorgar grandes concesiones mineras y madereras en la vecina reserva forestal de la Sierra Imataca (3,6 millones de hectáreas), que por ahora está en suspenso en espera de un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. (FIN/IPS/eg/mj/en hd pr/98
