Los agricultores de Sudáfrica, unos de los principales objetivos de la delincuencia en los últimos cuatro años, advierten que llevarán su protesta a las calles si el gobierno no toma medidas para poner fin a la criminalidad.
La Unión Agrícola de Sudáfrica (UAS) afirmó que en los últimos cuatro años se produjeron más de 3.300 ataques contra agricultores "indefensos".
Más de 550 agricultores fueron asesinados en una ola de violencia que la UAS atribuye a motivaciones políticas, pero que el gobierno califica de actividad delictiva común.
Las estadísticas policiales revelan que, el año pasado, los ataques contra granjas aumentaron 53 por ciento en todo el país.
La comunidad agricultora, integrada por unos 60.000 miembros en su mayoría blancos, explotó de furia el pasado fin de semana cuando cuatro personas fueron asesinadas y quemadas en una hacienda de la Provincia del Cabo.
Otro ataque ocurrió el martes contra la esposa de un granjero en la localidad de Belén. La mujer fue herida de bala por dos hombres que robaron un minibús y una escopeta.
Los agricultores atribuyen los ataques al Ejército Azaniano de Liberación Popular, del opositor Congreso Panafricanista (CP), famoso por su consigna "un colono, una bala" y su postura contra los blancos.
Durante la guerra de liberación, los granjeros blancos eran un objetivo habitual, pero el CP arguye que ésos eran tiempos de guerra. El secretario general del partido, Michael Muendane, negó reiteradamente toda participación de su organización en los actos delictivos.
"Debido a nuestra historia única y desafortunada, las especulaciones sobre la responsabilidad por los asesinatos podrían reavivar viejas emociones y ello no haría ningún bien a nuestro país ni a su nueva democracia", advirtió Muendane.
"Los integrantes del CP sentimos que la manera de empezar es organizar una conferencia multipartidaria. Puede que así reunamos influencia para que se destinen todos los recursos posibles a la seguridad de los agricultores de este país", agregó.
Con el fin de impulsar sus demandas de acción gubernamental contra la criminalidad, la filial de UAS en la provincia de KwaZulu Natal comenzó un boicot fiscal esta semana.
Los granjeros blancos arguyen que las nuevas políticas de derechos humanos impulsadas por el gobierno del Congreso Nacional Africano otorga más derechos a los criminales que a los ciudadanos respetuosos de la ley, y que el gobierno no ha puesto límites a la delincuencia.
Desde las elecciones democráticas de 1994, que colocaron en la presidencia a Nelson Mandela, existe la percepción de que hay una escalada criminal en Sudáfrica, un país donde se comete un homicidio cada 30 minutos y una mujer es violada cada 18 minutos.
"La responsabilidad primaria de todo gobierno consiste en proteger a sus ciudadanos", destacó Graham McIntosh, presidente de la filial de UAS en Kwazulu Natal.
"El gobierno no cumple con sus obligaciones con los contribuyentes, por lo tanto no pagaremos nuestros impuestos", anunció.
Otra acción sugerida por los agricultores para dar a conocer su situación es una manifestación de protesta en la ciudad de Durban durante la cumbre del Movimiento de No Alineados, a fines de este mes. (FIN/IPS/tra-en/gm/pm/ml/ip/98
