Nicaragua y Costa Rica superaron el problema limítrofe originado hace dos semanas por la navegación en el río San Juan tras la firma de un acuerdo en el que, según las autoridades de ambos países, no hay vencedores ni vencidos.
El acuerdo, suscrito el jueves en Managua por los ministros del área de seguridad de los dos países, reconoce la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan y permite que guardias civiles de Costa Rica naveguen armados por sus aguas bajo custodia de militares nicaragüenses.
"Aquí nadie ha ganado ni ha perdido. Hemos ganado ambos pueblos, al estar juntos, al estar unidos, al navegar por el río", afirmó el ministro costarricense de Seguridad, Juan Rafael Lizano, tras una reunión de seis horas con el de nicaragüense de Defensa, Jaime Cuadra Somarriba.
El conflicto limítrofe se suscitó el 16 de julio, cuando las autoridades militares nicaragüenses prohibieron que guardias civiles costarricenses navegaran armados el río San Juan, limítrofe entre ambos territorios.
Las autoridades costarricenses, en respuesta, amenazaron con llevar la disputa al Tribunal Internacional de La Haya, y el presidente Miguel Angel Rodríguez suspendió una visita a Nicaragua por invitación de su homólogo Arnoldo Alemán.
Además, por espacio de dos semanas, se libró una virtual guerra verbal, en la que no faltaron incluso advertencias sobre la posibilidad de "defender la soberanía" a través de las armas.
El jueves, sin embargo, el clima de enfrentamiento dio paso al arreglo político y a la distensión. "Siempre dije que era un problema menor que se infló sin necesidad. Somos países hermanos, muy cercanos, no hay un gran problema. de Costa Rica está satisfecho con el acuerdo", señaló Lizano en rueda de prensa.
El acuerdo, en su parte medular, permite a los policías costarricenses navegar por 130 kilómetros del río San Juan portando sus armas de reglamento para garantizar el relevo de efectivos y el aprovisionamiento.
Sin embargo, eso los obliga a una coordinación previa con los militares nicaragüenses ubicados en la franja fronteriza, quienes podrían custodiarlos con naves propias.
Además, los efectivos costarricenses estarán obligados a reportarse a los diferentes puestos militares nicaragüenses, establecidos a lo largo de la ruta.
"El territorio (del río San Juan) pertenece a Nicaragua, ellos (los costarricenses) sólo tienen derecho a la navegación", explicó Cuadra.
En el acuerdo, los dos ministros llaman a los jefes militares y policíacos de Nicaragua y Costa Rica a reunirse en los próximos días para reglamentar el compromiso.
Con excepción de los militares y los políticos nicaragüenses, que enarbolaron consignas y banderas de índole nacionalista, la población abogó siempre por un acuerdo pacífico que diera fin al conflicto y no pusiera en peligro la permanencia de miles de nacionales que han emigrado hacia Costa Rica.
Según datos extraoficiales, en Costa Rica residen alrededor de medio millón de nicaragüenses, en busca de empleo y mejores oportunidades. La mayoría de ellos está ilegalmente.
Ricardo Chavarría, director ejecutivo del Instituto de Promoción Humana (INPRHU), calculó en 250 millones de dólares anuales el monto de las remesas que los nicaragüenses radicados en Costa Rica envían a sus familiares en Nicaragua.
La cifra podría ser mayor ya que una cantidad indeterminada llega en persona, a través de familiares y amigos, agregó Chavarría.
"Es un monto superior a las remesas que provienen de Estados Unidos, de acuerdo con los registros de las empresas dedicadas al envío de dinero", aseguró el experto al diario La Tribuna.
Desde Estados Unidos se estima que llegan al país cerca de 200 millones de dólares anuales.
"Es tanta la cantidad de dólares que proceden de Costa Rica que hay empresas de ese país que están considerando instalar sus agencias en Nicaragua para canalizar esos recursos", dijo Chavarría.
La emigración nicaragüense hacia Costa Rica se acentuó a fines de los años 70, debido a la guerra civil entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el dictador Anastasio Somoza.
Luego continuó en la década de los 80, pero entonces quienes emigraron eran opositores al régimen izquierdista del FSLN y su servicio militar obligatorio. En los años 90 continuó el flujo, esta vez por razones estrictamente económicas.
De acuerdo con una encuesta nacional entre 1.250 personas, auspiciada por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), tres de cada diez nicaragüenses mayores de 16 años han pensado en emigrar en el último año.
De éstos, 51,6 por ciento respondió que estaba dispuesto a emigrar en busca de trabajo, y 35,2 por ciento señaló que lo haría para buscar mejores oportunidades. Al indagar sobre el país de destino preferido, 41,6 por ciento apuntó a Costa Rica y 37,1 a Estados Unidos. (FIN/IPS/rf/mj/ip pr/98
