Activistas comunitarios y un sindicato se han unido para luchar contra los planes del gobierno de instalar una central de energía a carbón en Guayama, sobre la costa sur de Puerto Rico.
La usina, que generará 413 megavatios, será construida por la corporación estadounidense AES a un costo de 700 millones de dólares.
El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad y la Irrigación (STEI), que representa a los empleados de la estatal Puerto Rico Electric Power Authority, afirma que la central de AES representa el comienzo de la privatización de la generación de electricidad en esta isla caribeña.
También sostiene que el establecimiento de la central implicará la introducción de una fuerza laboral no sindicalizada en este sector de la economía.
Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, donde rigen la mayoría de las normas federales, y los pobladores son ciudadanos estadounidenses.
Para los ambientalistas, el proyecto significa un daño irreparable a la ecología de la zona.
De acuerdo con el la organización de base Sur Contra la Contaminación (SURCCO), radicada en Guayama, la central de AES emitirá bióxido de azufre, el cual causa asma, efisema y hemorragias pulmonares, así como casi 5.000 kilos de hollín contaminante por día.
El grupo estima que en 30 años la central habrá creado suficientes cenizas tóxicas para cubrir un área de 1,6 kilómetros cuadrados y 10 metros de profundidad.
SURCCO sostiene que la central usará 30 millones de litros de agua por día, cantidad que los lagos y ríos de los alrededores apenas alcanzan a proveer. A los miembros de la organización también les preocupa la lluvia ácida.
AES escogió para la instalación de la usina la zona de Jobos, uno de los barrios más pobres y con desempleo más alto en Guayama, que a su vez es uno de los municipios más pobres de Puerto Rico.
Barrio Jobos es una comunidad socialmente aislada, con su propio lenguaje callejero y su plaza, como si fuera una municipalidad en sí misma.
"AES escogió ese barrio precisamente por su pobreza extrema. Presumen que podrán aprovecharse de la desesperación económica de la comunidad para llevar adelante su proyecto", afirmó Ismael Muller, portavoz de SURCCO.
Barrio Jobos ya tiene problemas de contaminación, pues allí hay un parque empresarial con 11 centrals industriales, incluyendo una refinería de Philips Petroleum, y fábricas de productos farmacéuticas de propiedad de ICI, Baxter y otras corporaciones.
Se estima que 57 por ciento de la población de esta zona sufre enfermedades respiratorias, seis veces el porcentaje promedio de las áreas urbanas Puerto Rico. Guayama está en segundo lugar en el Inventario de Emisiones Tóxicas en Puerto Rico de la agencia ambiental estadounidense, EPA.
El área sur de la isla también sufre por la polución de las centrales generadoras de electricidad ya instaladas.
"Más de 70 por ciento de la producción de energía eléctrica del estado viene de la costa sur, lo que resulta en una desproporcionada contaminación causada por las plantas termoeléctricas", sostiene la consultora ambiental Sarah Peisch.
La escuela secundaria pública Ramona Mendoza, ubicada en Barrio Jobos, debió cerrar 150 veces en cinco años debido a la contaminación del aire. Y desde 1990, 34 de sus maestros se han presentado ante el fondo estatal de seguros con enfermedades originadas o agravadas por la contaminación.
La escuela funciona con la presencia permanente de una ambulancia y un equipo médico de emergencia en sus instalaciones.
Tanto AES como la EPA afirmaron que Guyama, y en particular Jobos, no son áreas especialmente desprovistas de privilegios, y por lo tanto la instalación de la central no representa un problema de injusticia ambiental.
Sin embargo, Peisch señaló que el análisis de EPA se basa en información acumulada, una herramienta estadístsica que se usa a menudo para ocultar sectores de bajos ingresos.
La agencia ambiental federal "realizó un análisis superficial y erróneo consistente en informaciones del censo en relación a toda la municipalidad de Guayama", sostuvo la consultora.
SURCCO indicó que AES y sus aliados han lanzado una agresiva campaña propagandística, brindando fondos para equipos deportivos locales y ayudando a familias pobres con sus cuentas médicas.
Los ambientalistas también denunciaron que los medios de prensa local son castigados por difundir reportjes que mencionan a SURCCO, retirándoseles la publicidad de AES.
Hace dos años, fue atacada la central transmisora de una radio local que entrevistó a los oponentes a la central de carbón.
La policía de Guayama ha sido acusada de hostigar a los miembros de SURCCO, y se ha visto a empleados municipales rompiendo volantes contra AES en lugares públicos.
SURCCO trabaja en conjunto con el movimiento sindical puertorriqueño. La organización participó de la huelga general del 7 y 8 de julio contra la política de privatización del gobierno. (FIN/IPS/tra-en/cr/di/mj/en/98
