El Frente Democrático Nacional (FDN) creado por partidos y sindicatos en Paraguay pedirá en el parlamento la renuncia del presidente Raúl Cubas, por reducir la pena y liberar a su líder Lino Oviedo sin cumplir requisitos constitucionales.
El juicio político pedido el jueves 20 en la Cámara de Diputados por todos los partidos, continuará su proceso en comisión, para analizar la conducta del nuevo mandatario, quien redujo el martes 18 a tres meses la pena de 10 años de prisión militar por rebelión que cumplía el ex jefe del Ejército.
Oviedo encabezó en abril de 1994 un frustrado golpe de Estado contra el presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-98).
La falta de dos votos para llegar a los 30 senadores necesarios – dos tercios de los 45 componentes requeridos- enlenteció el trámite en la Cámara de Diputados, que acusar para que el Senado juzgue.
También se presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, como tercera vía simultánea para que Oviedo sea nuevamente recluido, ya que el Poder Ejecutivo adoptó la decisión sin dictamen previo del máximo tribunal, como exige la Constitución.
La presentación el martes 25 el presidente del Congreso, Luis Gonzalez Macchi, acompañado por una movilizacion de partidos, sindicatos y campesinos sin tierra, del FDN, que constituirán su comité ejecutivo el lunes próximo.
La Coordinadora Obrero-Campesina, que integran la Federación Nacional Campesina con tres de las cuatro centrales sindicales, que reúnen en total 125.000 afiliados, se integraron el viernes 21 a la reunión de líderes políticos, establecida dos días antes, para formar el FDN.
Estos movimientos sociales y políticos coinciden en el respaldo al pedido de renuncia de Cubas, quien asumió la Presidencia el sábado 15, pues acaba de anunciar el lunes 17 un plan de desmonopolizaciones y recorte de funcionarios públicos.
El gobernante Partido Colorado, cuyos hilos mueve el vicepresidente Luis María Argaña, busca dejar a Cubas sin apoyo legislativo, e incluso dividir a "oviedistas" y "cubistas", para abrir una crisis que obligue al mandatario a cambiar su gabinete o dejar el gobierno en manos del vicepresidente.
Así defendería también los intereses de una burocracia estatal y militar colorada, que le responde en la movilización y en lo electoral, pero que en una semana de gestión del nuevo gobierno quedó erizada por la destitución de 400 cargos de confianza y recorte de privilegios vigentes durante medio siglo.
Argaña desapareció de los actos públicos para dirigir desde su despacho la operación que lo podría llevar a la Presidencia, a la que no pudo acceder porque Oviedo fraguó las elecciones internas del Partido Colorado de 1992 en favor de Wasmosy.
El mismo silencio mantuvo en abril de 1996, sin pronunciarse en favor de la democracia, cuando el ex jefe del Ejército se resistió al retiro ordenado por Wasmosy, en la última crisis política grave en Paraguay antes de la actual.
Cubas anunció además un recorte en el presupuesto militar, cambió a casi todo el tribunal militar extraordinario que condenó a Oviedo y destituyo al jefe de la Armada, Jesús Manuel Royg, el fiscal acusador que pidió la condena de 10 años por rebelión.
La oposición, encabezada por los presidentes del Partido Liberal Radical Auténtico, Domingo Laíno, y del Encuentro Nacional, Carlos Filizzola, denunció la conmutación como "golpe de Estado jurídico".
Los dos líderes, cuya fórmula coaligada fue derrotada en las elecciones del 10 de mayo, prefieren a Argaña en la Presidencia como figura más previsible que el multimillonario Cubas, según analistas locales.
Temen que el oviedismo rápidamente desestructure la costosa cuotificación del poder que lograron armar durante cinco años de compromisos cíclicos con el gobierno de Wasmosy, quien tampoco contó en el parlamento con los votos de los seguidores de Argaña.
Se estima que con Cubas en el poder la oposición perdería sus cargos en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Consejo de la Magistratura y la Contraloria General de la República.
Por eso se arriesgarían a promover la salida de Cubas, dejando el gobierno en manos de Argaña, ex presidente de la Corte Suprema que cubría la retaguardia del terror de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), quien lo respalda y financia desde su exilio en Brasilia, aseguran los mismos analistas.
Dirigentes alejados de la cúpula opositora tras la derrota electoral, interpretan que los líderes de la ex Alianza Democrática apuestan a lograr así elecciones antes del 2003, ya que Argaña estaría enfermo de cáncer, aunque su entorno lo niega.
La Constitución establece que, en caso de que ninguno de los miembros de la fórmula presidencial pueda encabezar el gobierno, debe asumir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para convocar a comicios anticipados.
Los organismos empresariales, que el martes 18 festejaron el severo plan de ajuste económico anunciado la noche anterior por el gobierno de Cubas, quedaron ahora descolocados porque el mismo quedó empantanado en el parlamento por la crisis.
Los parlamentarios dedicaron el resto de la semana a redactar y votar una declaración de repudio a la conmutación de pena a Oviedo, una acusación de juicio político presentada en la Cámara de Diputados el jueves 20 y un recurso que será presentado ante la Corte Suprema para que se declare nulo el acto de liberación.
Consideran que ya no tienen "confianza en los funcionarios del actual gobierno" para otorgarle recursos por 400 millones de dólares, que Cubas necesita que el parlamento le autorice para comenzar su programa de acción, tras el "vaciamiento del Estado" del que acusó esta semana a Wasmosy.
El ex presidente juró el jueves como senador vitalicio, pero tuvo que pasar la noche en la embajada de Argentina en Asunción, para evitar su detención a causa de una de las demandas abiertas sobre supuestos favores a sus empresas durante su gestión.
La Corte Suprema habría "tirado un cabo" a Cubas para contribuir a que reviera la conmutación, como pide el Congreso, al escribir una carta al Poder Ejecutivo en la que explica los motivos por los cuales considera que no siguió el requisito constitucional de dictamen judicial para luego emitir su decreto.
Sin embargo, Cubas ratificó su actuación en "fondo y forma" y consideró haber procedido en ejercicio de sus "facultades constitucionales discrecionales, privativas e indelegables", por lo que "no puede ser objetado por los otros poderes del Estado».
Tras una reunión de la Corte Suprema para analizar la carta, su presidente, Raúl Sapena, admitió la gravedad de la conmutación de la pena a Oviedo, pero no se expidió sobre la forma en que fue concedida.
Los miembros de la Corte sólo podrán rever la liberación si llega al máximo organismo jurisdiccional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto por parte de la Fiscalía General del Estado o el mismo Congreso.
En tanto, desde el gobierno se desmienten las versiones sobre la disolución del Congreso, no prevista en la Constitución.
El presidente del Congreso, el argañista Luis González Macchi, calificó la liberación de Oviedo como "equivocación jurídica" del gobierno, pero concluyó que "la disolución (del Congreso) sería ya un golpe de Estado".
Tenga éxito o no la movilización en favor de la renuncia de Cubas, el juicio político o los recursos legales, todos los actores coinciden en que la carta de crédito del presidente se ha depreciado en menos de una semana.
"No podremos definirnos sobre ninguno de los proyectos económicos de ley de un gobierno autoritario, salvo que se garantice a las instituciones democráticas, si es que quiere Cubas el apoyo del Congreso", declaró el presidente del Encuentro Nacional. (FIN/IPS/cm/ag/ip/98
