El gobierno de Panamá dio inicio a la última etapa del plan de privatización de empresas públicas con la venta de las compañías de agua potable y electricidad, esta última considerada el más importante de los activos en subasta.
La privatización de empresas públicas forma parte del plan de "Modernización del Estado" comnzado a fines de 1994 por el presidente Ernesto Pérez Balladares con miras a insertar el país en el proceso de globalización económica.
Hasta ahora, el Estado recaudó alrededor de 900 millones de dólares con la enajenación de activos públicos. La compañía telefónica dada en concesión a la transnacional inglesa Cable y Wireless en 1997 arrojó un monto de 797 millones de dólares.
Con excepción de la telefónica y de la antigua empresa de cemento Bayano, vendida en 1994 a un consorcio mexicano por 59 millones de dólares, los activos privatizados eran pequeñas y medianas unidades incautadas a sus antiguos dueños por deudas no pagadas al Estado.
El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), los próximos a licitar, son compañías de elevado capital y con ingresos superiores a 160 y 60 millones de dólares anuales, respectivamente.
Las hidroeléctricas Fortuna y Estrella-Los Valles, localizadas en la occidental provincia de Chiriquí, la represa también denominada Bayano, en la provincia de Panamá y la termoeléctrica Bahia de las Minas, en la provincia de Colón, en el Caribe, fueron evaluadas en más de 500 millones de dólares en total por la gerencia del Irhe.
El resto de la infraestructura del Irhe aún no fue evaluada por sus autoridades.
Las instalaciones del Idaan, unas diez plantas potabilizadoras y una importante red de acueductos y alcantarillado en los centros urbanos del país, están tasadas en 357 millones de dólares.
El economista Rafael Mezquita, encargado de organizar la venta del Idaan, informó que hay seis compañías extranjeras interesadas en la concesión que de ese servicio, que se otorgará por espacio de 30 años.
El concesionario deberá pagar una renta, cuyo monto se mantiene en secreto, así como invertir 350 millones de dólares en modernizar la red de alcantarillado y 150 millones en la ampliación de las plantas potabilizadoras y la red de acueductos, explicó Mezquita.
La cobertura de agua potable dada por el Idaan llega a más de 90 por ciento de la población urbana, que equivale a 84 por ciento de los 2,7 millones de habitantes del país. Pero la cobertura de la red de alcantarillado es deficitaria.
Mezquita explicó que el servicio de alcantarillado sólo llega a 62 por ciento de las viviendas de la región metropolitana, que tiene 1,2 millones de habitantes.
En las zonas urbanas de las centrales provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas, la cobertura de alcantarillado es de 23 por ciento de las residencias, y en Chiriquí, de 15 por ciento.
Las restantes provincias, Darién, fronteriza con Colombia, y Bocas del Toro, limitrófe con Costa Rica y ubicada en el litoral Caribe, no cuentan con sistema de alcantarillado público.
Mezquita afirmó que otras metas que deberá cumplir la compañía que gane la licitación para administrar el Idaan son "mejorar el servicio al cliente, disminuir el tiempo de las quejas, aumentar el sistema de facturación, mejorar los sistemas de cobro y resolver deficiencias y desbordes en los alcantarillados".
La privatización del Irhe aparenta ser un poco más complejo que el Idaan.
El parlamento promungó una ley en 1997 que dividió el Irhe en ocho compañías, cuatro de las cuales se dedican a la generación de electricidad, tres a la venta y distribuición y otra encaragada de operar el sistema nacional de transmisión.
El Estado conservará 39 por ciento del capital accionario de las tres compañías de distribución, 10 por ciento será cedido a los trabajadores y 51 por ciento pasará a manos de un operador privado
En el caso de las compañías de generación de electricidad, la distribución de acciones de la termoeléctrica de Bahía las Minas seguirá esquema del caso anterior.
Tratándose de Fortuna, La Estrella-Los Valles y Bayano, el capital accionario se dividirá en 49 por ciento para el inversionista privado, 49 por ciento para el Estado y dos por ciento para los trabajadores.
Por último, la compañía de transmisión de electricidad permanecerá en poder del Estado.
Las 26 empresas extranjeras interesadas en la licitación del sector eléctrico panameño superan en número a las que han participado en licitaciones "de este tipo" en América Latina, destacó el gerente del Irhe, Fernando Aramburú.
Sin embargo, el dirigente sindical Rodolfo Benitez, advirtió que una de esas 26 compañías estuvo involucrada en un escándalo en Chile y otras dos despidieron a más de 50 por ciento de los empleados cuando se hicieron cargo de empresas eléctricas de Argentina y Perú.
Benítez instó al gobierno panameño a exigir a los aspirantes a las concesiones a "poner en claro desde un principio las reglas del juego" que regirán sus relaciones con los trabajadores. (FIN/IPS/sh/ff/if/98
