El ejército de Nicaragua lanzó una ofensiva contra las bandas armadas que reaparecieron en los norteños departamentos de Matagalpa y Jinotega y siembran el terror entre los agricultores.
Los militares atribuyen a esos grupos 180 delitos cometidos n de enero a junio 180 delitos, entre los que se destacan asaltos, secuestros, asesinatos y la extorsión de hacendados y campesinos.
El ejército movilizó al norte del país un contingente de 700 soldados apoyados por helicópteros de combate y fuerzas especiales.
"Ya tenemos desplegado todo el plan de seguridad, con un poco más de mil hombres", declaró el teniente coronel Leonel Martínez, jefe del Sexto Comando Regional del ejército
Las bandas armadas que operan en el norte cuentan con 175 hombres, entre los que figuran ex soldados y ex combatientes de la "contra" que lucharon contra el gobierno sandinista (1979-1990) y no se reinsertaron en la vida civil tras concluir la guerra en mayo de 1990.
Agrupados en pequeñas unidades irregulares, asuelan los departamentos de Matagalpa y Jinotega, donde se cultiva café y granos básicos y se desarrolla la ganadería.
"El ejército empleará todos los recursos técnicos y humanos para enfrentar a estas bandas, y vamos a obtener buenos resultados", advirtió Martínez.
Los militares desarticularon 19 bandas en los últimos siete meses, dieron muerte a 30 irregulares y capturaron a 180, según fuentes castrenses.
No obstante, los campesinos desconfían de la información divulgada por el ejército y creen que los militares no están dispuestos a enfrentarse decididamente a los grupos armados.
"Lo penoso de todo esto es que un grupo reducido de (hombres) armados tiene en jaque al país", comentó Julio Solórzano, vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua.
"Debemos vencer el miedo y continuar adelante. Necesitamos invertir para llevar el desarrollo a esas zonas rurales", señaló Solórzano, que en 1991 estuvo secuestrado, junto a su esposa y a su padre.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió al gobierno que declare el norte como "zona de emergencia", debido a la inseguridad reinante.
El Poder Ejecutivo anunció la "ofensiva militar" en marcha, y el Cosep dio un plazo de 60 días al gobierno para demostrar su voluntad de resolver la situación.
Si al vencer ese plazo continúa la actividad de las fuerzas irregulares, los empresarios crearán sus propias milicias de autodefensa, un proyecto resistido por los mandos militares, que lo consideran violatorio de la Constitución.
No obstante, lo cierto es que la situación de las autoridades es más que "precaria" en esas zonas, ya que sólo disponen de tres patrullas para vigilar 11,700 kilómetros cuadrados.
Matagalpa y Jinotega forman una región 11.700 kilómetros cuadrados y casi un millón de habitantes, en la que se registran 20 por ciento del total de delitos.
El Comisionado Evenor Gutiérrez, jefe policial del norte, informó que 120 policías y voluntarios participan en un "plan de pacificación" paralelo a la ofensiva militar.
"El objetivo es prevenir el delito, documentar todos los crímenes que no han sido denunciados por parte de la población y organizar unidades pequeñas de policías comarcales dirigidos por oficiales", explicó Gutiérrez.
Según el jefe policial, en la región operan 16 bandas, siete de las cuales han sido neutralizadas.
"La mayoría trabajan a medio tiempo. Salen a operar por la noche, encapuchados, y durante el día se integran a sus labores normales", dijo Gutiérrez.
Además de la falta de medios de transporte, las autoridades policiales señalan que disponen de un presupuesto insuficiente y que su laboratorio criminalístico es inoperante.
Esto último los obliga a remitir las pruebas a la capital, y los delincuentes salen en libertad, ya que la ley impide retenerlos más de 48 horas si la policía no tiene pruebas para encausarlos.
El viceministro de Gobernación, Miguel Campos, informó a los agricultores del norte que el Poder Ejecutivo solicitó a Japón n, recursos técnicos para equipar el laboratorio policíaco en la zona.
Campos también aseguró que se ha solicitado a España, a través de los Fondos de Ayuda para el Desarrollo (FAD), la donación de cien vehículos para la policía, 40 de los cuales serían destinados a Matagalpa.
"Vamos a usar hasta la artillería si es necesario", afirmó el viceministro a los productores del norte.
La primera gran desmovilización de fuerzas irregulares se realizó en mayo de 1990, poco después de asumir el gobierno Violeta Chamorro. Meses después, sin embargo, llegó la primera ola de rearmados, que persistió hasta 1994.
El año pasado se produjo el desarme de unos 2.500 efectivos irregulares, pero la paz lograda se disipó poco después. (FIN/IPS/rf/ff/ip/98
