México, cuyos diplomáticos son considerados entre los mejores negociadores del mundo, recibió esta semana un duro golpe al no impedir que la ONU le llamara la atención por violaciones de derechos humanos a iniciativa de organizaciones no gubernamentales.
La Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías de la ONU (Organización de las Naciones Uniadas) pidió este jueves en Ginebra al gobierno de Ernesto Zedillo garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de quienes los defienden.
Además, exhortó a las autoridades a realizar esfuerzos a favor de la paz en el estado de Chiapas, en el sur de este país, donde opera el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a dar prioridad a la lucha contra la impunidad.
Según las organizaciones, la resolución es una "derrota absoluta para el gobierno mexicano y los violadores de los derechos humanos".
Integrada por expertos de 26 países, la Subcomisión entendió que las denuncias y gestiones que hicieron los activistas para demandar la resolución tenían sustento, no así los argumentos del gobierno de Zedillo.
Los diplomáticos mexicanos no lograron parar la resolución ni con reuniones reservadas, difusión de documentos ni con operaciones de descrédito contra las organizaciones no gubernamentales, según denunciaron sus miembros.
Molesto por la conclusiones de la Subcomisión, el delegado mexicano en Ginebra, Antonio de Icaza, anunció que su gobierno no toma nota de la advertencia.
El documento, considerado un "triunfo histórico" por los activistas, fue elaborado con "ligereza" y sus resultados son "absurdos". Además, fue redactado por un grupo de expertos "que no tienen responsabilidad política" en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dijo.
"La subcomisión se ha metido en asuntos políticos y en verdad el resultado es un poco absurdo", añadió.
Los miembros de la Subcomisión, que no responden políticamente a sus gobiernos, son una brazo asesor de la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de su resolución sobre México pidieron a la Comisión una examen "preventivo" del respeto a los derechos humanos en el país.
Icaza vaticinó que la Comisión de Derechos Humanos, donde sí están representados los gobiernos, no considerá el pronunciamiento "absurdo y ligero" de la Subcomisión.
Menos agresiva que Icaza, la cancillería mexicana se limitó a tomar nota de la resolución del organismo de la ONU, e indicó luego que no tiene carácter vinculante y que es firmada a título personal por sus miembros.
La cancillería destacó que la Subcomisión manifestó su satisfacción por "el imporante anuncio del gobierno de México en cuanto a su apoyo a la aprobación por la Asamblea General de la ONU del proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones".
También subrayó que la Subcomisión dijo que es una señal alentadora la afirmación de los delegados de México en cuanto a que la estrategia aplicada en Chiapas es el diálogo e informó de algunas de las medidas que adoptó el gobierno de Zedillo en relación con el conflicto.
Las organizaciones no gubernamentales afirman que el gobierno quiere opacar su triunfo, pero agregan que no lo logrará.
La resolución es "un acto con el cual se ha levantado el velo de silencio sobre las sistemáticas violaciones de derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas", señaló el diputado Marcelino Díaz de Jesús.
Al iniciar sus gestiones para que la Subcomisión de la ONU se pronuncie como lo hizo, las organizaciones y el diputado Díaz de Jesús tenían pocas esperanzas de éxito, pues los diplomáticos mexicanos tienen fama de ser buenos "negociadores de pasillo".
Pero lograron que la resolución pase gracias al apoyo de algunos representantes, entre ellos los de Brasil, Francia, Chile, Noruega y Gran Bretaña.
Los activistas denunciaron que recibieron múltiples presiones de los delegados del gobierno mexicano en Ginebra y que fueron acusados de querer "poner el nombre de México en una lista negra".
Miembros de la delegación mexicana a las negociaciones habrían dicho a los expertos de la Subcomisión que algunos miembros de las organizaciones no gubernamentales mexicanas eran terroristas, dijeron portavoces de estos grupos.
Con el pronunciamiento de la Subcomisión, el gobierno de Zedillo, en funciones desde diciembre de 1994, sumó un nuevo informe negativo a los emitidos desde tiempo atrás por organismos locales e internacionales en materia de derechos humanos. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98
