Una investigación de la justicia de Italia al arzobispo de Nápoles, Michele Giordano, por supuestos delitos de usura, extorsión y asociación criminal, originó una crisis diplomática con el Vaticano.
El allanamiento el sábado de la Curia (representación del Vaticano) de Nápoles en el marco de la pesquisa judicial fue, según expertos, violatoria del Concordato, acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano.
Mauro Leone, profesor de derecho penal de la Universidad de Nápoles, sostuvo que la "jerarquía eclesiástica debió haber sido informada previamente".
Leone recordó que un artículo del último Concordato, firmado en 1984, obliga a las autoridades judiciales italianas a "comunicar a las autoridades eclesiásticas competentes del territorio (del Vaticano) las medidas penales entabladas contra sus representantes".
Sin embargo, el historiador Giuseppe Alberigo estimó que la información preventiva "no constituye un acto obligatorio".
La acusación contra el cardenal Giordano provocó estupor y polémica en Italia, donde los jueces han sido acusados, en especial por la derecha, de utilizar métodos agresivos.
Giordano afirmó este martes que no descarta la posibilidad de presentar un recurso ante el Consejo Superior de la Magistratura italiana.
El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, afirmó el lunes que "la forma como fue tratado el cardenal afecta las relaciones" entre la Iglesia e Italia.
El religioso fue acusado de participar en los negocios de su hermano Mario Lucio Giordano, arrestado el día 20 por usura, extorsión, asociación criminal y apropiación ilícita, junto con Filippo Lemma, ex director de la agencia del Banco de Nápoles en Sant'Arcangelo.
Por las numerosas cuentas bancarias del cardenal napolitano pasaron 600.000 dólares hacia las cuentas de su hermano. La interminable danza de millones generó la sospecha de que el religioso integra una "empresa familiar" dedicada a prestar dinero con hasta mil por ciento de interés.
Los jueces napolitanos que investigan a la familia Giordano interceptaron el teléfono del cardenal.
Los prestamos usureros eran otorgados en el pueblo natal de los hermanos, Sant'Arcangelo. La localidad se sitúa en la región de la Campania, cuya capital es Nápoles, a unos 200 kilómetros al sur de Roma.
Mario Lucio Giordano y Filippo Lemma habrían obligado a empresarios a pagar intereses del mil por ciento anual por sus préstamos. En su poder se descubrieron 16.000 cheques de sus víctimas, que sumaban 35 millones de dólares.
Los jueces investigan además la posibilidad de que la familia se ocupara de lavado de dinero, actividad en la que estarían vinculados con representantes de la 'Ndrangheta Calabrese, la mafia de Calabria.
"Yo no pido privilegios, sino que la justicia reconozca mi total inocencia y que responsabilice a mi hermano solo por aquello que ha hecho, posiblemente un ejercicio ilegal", dijo el cardenal Giordano al diario del Episcopado italiano, Avvenire.
El senador Antonio Di Pietro, ex fiscal que lanzó la operación judicial Manos Limpias contra la corrupción que imperaba en los partidos políticos italianos, escribió en su columna semanal que se publicará este miércoles en la revista Oggi que la ley es igual para todos, incluidos los obispos.
Di Pietro se declaró de acuerdo con la investigación abierta contra el cardenal, quien al final probará su inocencia, sostuvo.
El caso Giordano llegará al Parlamento, donde la oposición derechista e incluso el centrista Partido Popular Italiano (ex Democracia Cristiana), que integra el gobierno de centroizquierda, plantearán sus cuestionamientos a la operación judicial.
El cardenal, que se declara inocente, aseguró que continuará en Nápoles y que no abandonará sus batallas contra la desocupación y la usura. (FIN/IPS/jp/mj/ip/98
