Dos de los mayores inversores de Guyana, la compañía de telecomunicaciones GT&T y la empresa minera canadiense OMGL son blanco de críticas, por prácticas monopólicas la primera y por contaminación ambiental la segunda.
Hasta ahora, Guyana Telephone and Telegraph Company (GT&T) y Omai Gold Mines Ltd (OMGL) habían hecho uso de su experiencia en relaciones públicas y sus dotes negociadoras.
Pero los hechos las superaron durante la última semana. Omai, importante contribuyente al producto interno bruto de este país (PIB), invirtió más de 250 millones de dólares en la apertura de una de las tres mayores minas de oro en América del Sur en los últimos cinco años.
La empresa con sede en Montreal, cuya mayoría accionaria es propiedad de Cambior Inc, descubrió que el tiempo no cicatrizó las heridas producidas por un derrame de desechos tóxicos en su propiedad en el distrito de Essequibo occidental, en agosto de 1995.
Tres años después que una Comisión de Investigación declarara a la empresa responsable de todos los daños causados por el desastre, abogados de personas que habitan en áreas cercanas al río Essequibo aún abren juicios contra la OMGL.
Estos juicios atraen cobertura de prensa internacional, y la empresa afirma que demasiada publicidad negativa afecta el valor de sus acciones, aunque tiene poco control de la situación.
La semana pasada, el abogado local Moses Bhagwan abrió juicio contra la empresa en representación de 68 agricultores que viven a lo largo del Essequibo, río abajo de la mina, que está situada unos 160 kilómetros al oeste de Georgetown.
Los 68 se sumaron a una lista de más de 250 que se acercaron a las cortes en los últimos años buscando compensación por la pérdida de ingresos, inconveniencias, traumas y otras quejas en los meses posteriores al derrame.
Aunque Omai llegó a un acuerdo con más de 60 de ellos, una acción judicial simultánea se libra en Canadá, donde grupos ambientalistas luchan para que todos los casos sean juzgados en cortes canadienses y no en Guyana.
Si estas acciones tienen éxito, la compañía tendrá que pagar mayores sumas de compensación en relación a los 30.000 dólares mínimos que los 68 exigen por problemas sufridos, que incluyen desde erupciones y lesiones en la piel causadas por sumergirse en el curso de agua de más de 300 kilómetros, el más largo del país.
A pesar de la mala publicidad y la ira del movimiento verde en Guyana, la compañía juega un papel clave en la economía estatal, con al menos 25 por ciento del PIB y 1.000 puestos de trabajo.
Pero el gobernante Partido Popular Progresista (PPP) con frecuencia declaró que no tiene una relación cordial con la OMGL. El ex presidente y líder del PPP Cheddi Jagan había amenazado con forzar a la compañía a renegociar su acuerdo con el estado.
El PPP denunció más de una vez que funcionarios corruptos en el gobierno anterior virtualmente entregaron los activos del Estado a precios ínfimos.
En el caso de GT&T, la Comisión de Ganancias Públicas (PUC) anunció la semana pasada planes de lanzar audiencias públicas para determinar si GT&T tiene estatuto monopólico legal para los servicios de comunicación más comunes, incluyendo acceso a Internet.
Las audiencias estaban previstas para el lunes, pero abogados de la compañía ganaron el jueves la primera ronda persuadiendo a un juez a emitir una orden temporal que impide a la PUC realizarlas.
A excepción de los servicios de teléfonos celulares y otros pocos, la GT&T tiene los derechos exclusivos por 20 años sobre el sistema, con la opción de renovarlos por otros 20 si la compañía lo decide.
Los abogados habían alegado que la PUC actuaba fuera de su jurisdicción. Ambas partes retornan a la corte a fin de mes.
Esto significa que si la compañía cree que deber ir a la corte, tiene algo que proteger.
"El público puede iniciar un debate sobre la cuestión del monopolio ahora que el gobierno también amenaza con otorgar estatuto similar a un inversor extranjero en el sector de la electricidad", sugirió Lance McKaskey, de PUC.
Grupos de consumidores dominados por mujeres se reunieron esta semana en un simposio público para ventilar el tema para presionar a las autoridades para que tomen medidas sobre el control de la compañía sobre la industria.
"Todo el mundo habla de esto ahora, realmente queremos poner fin a esto ahora", dijo Eileen Cox, de la Oficina de Asesoría a los Consumidores.
McKaseky afirma que aunque GT&T no tiene un monopolio sobre los servicios de Internet, tiene control total de las líneas terrestres y las instalaciones de llamadas internacionales.
El resultado es que los servidores deben utilizar su sistema para enviar y recibir correo electrónico. Cox alega que ninguno de los tres tieen suficientes líneas, provocando a veces congestión y quejas de los consumidores.
Además, las tasas para los servicios domésticos están por encima del alcance de muchos, de allí la necesidad de competir. (FIN/IPS/tra-en/ef/bw/wg/lp/if ip/98
