La presión migratoria en el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, se mantiene, a pesar de que unos 1.000 africanos, cinco por día, murieron allí en lo que va del año, según una organización de inmigrantes marroquíes.
Treinta y dos magrebíes, la mayoría marroquíes, que la noche del domingo irrumpieron en el enclave español de Melilla, cuya soberanía reclama Rabat, fueron devueltos "sin ningún incidente digno de mención", informó este martes la delegación local de Madrid.
Esta vez no hubo muertos, pero pudo haberlos. Las alrededor de 40 personas que atravesaron corriendo una alambrada electrificada que separa a Melilla de Marruecos fueron perseguidos por las calles de esa ciudad por policías españoles, que dispararon al aire y utilizaron materiales antidisturbios.
Parte de los magrebíes fueron detenidos en la playa del mar Mediterráneo, donde pretendían eludir la persecución policial.
La alambrada tiene puestos de vigilancia cada 25 metros, a cargo de fuerzas militares y policiales, pero el ingreso a Melilla de personas a través de ella es creciente.
También lo es el ingreso de africanos a España por otros puntos, mediante frágiles lanchas o escondidos en barcos de transporte de pasajeros y carga, o en camiones de mercancías.
Esa presión migratoria irregular obedece a que habitantes de Marruecos, Argelia, Túnez y Africa subsahariana buscan las buenas condiciones de vida y de trabajo que no encuentran en sus países, inmersos en crisis sociales, políticas y económicas.
Las restricciones impuestas por la Unión Europea al ingreso de ciudadanos de países ajenos al bloque se reflejan en España en una cuota anual de 25.000 permisos de trabajo y residencia, que no siempre se llega a cubrir debido a omisiones administrativa y a trámites que demoran la entrega de visa hasta ocho meses.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) calculó que en lo que va de 1998 murieron un millar de personas que intentaban ingresar a Europa por el estrecho de Gibraltar, que comunica el océano Atlántico con el mar Mediterráneo.
El gobierno español, que sólo registra los fallecidos en sus aguas territoriales, contabilizó 200. Pero la Atime estimó que otros 800 perecieron en aguas marroquíes. El total arroja un promedio de cinco muertos por día, con edades que van de 16 a 30 años.
Atime calculó que la policía española capturó y devolvió a Marruecos a 17.000 sobrevivientes y que 20.000, que eludieron la persecución, buscaron trabajo y refugio en España o en el resto de Europa.
Las autoridades españoles destacaron, al informar sobre la deportación de 32 inmigrantes irregulares, la colaboración con las de Marruecos.
La Atime, en cambio, se lamentó de que esa colaboración llegue al extremo de que los guardacostas españoles se abstengan de socorrer a náufragos cuando sufren accidentes en aguas marroquíes.
Esta organización de inmigrantes, la más fuerte de España, recordó que el 6 de julio naufragó una frágil embarcación con 38 personas a bordo y que los guardacostas españoles se abstuvieron de prestarle auxilio con el argumento de que se trataba de "un asunto interno" de Marruecos.
Ambos gobiernos mantuvieron en secreto el caso durante dos semanas, hasta que otros inmigrantes lo denunciaron.
"La negación marroquí de auxilio nos duele, aunque no nos sorprende, pero el silencio y el no auxilio de España sí nos preocupa", afirmó entonces el presidente de Atime, Beyuki Abdel Hamid.
Ramón Jáuregui, del opositor Partido Socialista Obrero Español, sostuvo que el Ministerio del Interior español rozó el delito al no auxiliar a las 38 personas ahogadas el 6 de julio, pues el Código Penal obliga a prestar auxilio a una persona en peligro.
Mientras, se mantiene la presión migratoria, por tierra en Melilla y en Ceuta, otro enclave español en Marruecos, y por mar en las costas del mar Mediterráneo.
Ni la valla electrificada instalada en esas dos ciudades a un costo de 30 millones de dólares ni el despliegue de las fuerzas de seguridad logran detener la ola de personas ansiosas por trabajar y ayudar a las familias que dejan detrás cuando se lanzan a la aventura europea.
Los activistas humanitarios afirman que, mientras no se modifique la legislación europea o los países africanos no logren superar el subdesarrollo, esa presión se mantendrá, y con ella lo que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía calificó de "genocidio de pobres". (FIN/IPS/td/mj/hd/98
