Los habitantes de Cuba, acostumbrados a vivir pegados al auricular, tendrán que reprimir sus ansias de comunicarse a partir del 1 de septiembre, cuando entren en vigor las nuevas tarifas telefónicas.
Por primera vez en este país socialista, una vez cubiertos 300 minutos iniciales de llamadas, comenzará a computarse cada minuto extra con el consiguiente costo adicional sobre la tarifa básica.
Los cubanos se beneficiaron durante decenios de tarifas telefónicas muy bajas, pero tuvieron que aceptar a cambio las condiciones precarias de las líneas, que las autoridades prometen mejorar ahora.
Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba, anunció este martes que el nuevo sistema entrará en vigor el 1 de septiembre y cubrirá al comienzo solo a 19 por ciento de las líneas telefónicas del país.
"Dicho así, 300 minutos parece mucho, pero cuando sacas la cuenta de que son diez minutos diarios, adviertes que no es nada. Ese tiempo a mí se me va en una sola llamada", dijo Aurelio Buendía, un maestro habanero de 42 años.
"La peor parte la llevan los vecinos. A mí que no me vengan a pedir el teléfono prestado", agregó Buendía, que vive en uno de los cinco apartamentos que cuentan con el servicio en un edificio de seis pisos donde viven diez familias.
Los usuarios conectados a las centrales digitales del sector residencial pagarán la tarifa básica de 6,25 pesos cubanos, tres centavos por cada minuto extra en horario laborable y dos centavos después de las seis de la tarde los días festivos y domingos.
El cambio oficial establece la paridad entre el peso y el dólar estadounidense, pero en las casas de cambio abiertas por el gobierno el dólar se compra a 21 pesos. El salario medio en la isla oscila en alrededor de 200 pesos anuales.
En el sector estatal se mantendrá la cuota básica de 9,95 pesos, pero habrá una aplicación diferenciada a la hora de poner el contador de llamadas a funcionar.
Las empresas empezarán a pagar a partir de los 200 minutos, mientras que las dependencias del Estado y del Gobierno, las organizaciones políticas y de masas y las unidades presupuestadas tendrán un margen de hasta 450 minutos.
El vicepresidente Carlos Lage, principal estratega de las reformas económicas aplicadas en la isla desde 1993, afirmó en julio que las nuevas tarifas no pretenden recaudar circulante o impedir la utilización de los teléfonos.
Lage presentó a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) un programa de inversiones en telefonía, gas y agua. En todos los casos, junto con las nuevas tarifas, se pretende mejorar los servicios y ampliar su nivel de cobertura.
En el caso de las telecomunicaciones, el programa dependerá de una inversión de 900 millones de dólares procedentes de un crédito otorgado por la empresa mixta cubano-italiana Etecsa.
La rapidez de la extensión de la nueva forma de cálculo de las facturas dependerá del programa de modernización de la telefonía, que prevé la apertura de centrales digitales en sustitución de las viejas plantas analógicas, algunas con unos 60 años de explotación.
Ejecutivos de Etecsa estiman que sólo el uso más racional de las líneas existentes que conllevará la aplicación de las nuevas tarifas facilitará la instalación de no menos de 40.000 teléfonos con los recursos ya invertidos.
Si el tráfico telefónico descendiera y se mantuviera dentro de los parámetros normales de operación de las centrales digitales, para el 2004 podrían estar en explotación 770.000 nuevos teléfonos.
Etecsa pretende instalar 101.906 líneas digitales este año, 80 por ciento de las cuales destinadas a sustituir líneas analógicas obsoletas y en deficiente estado técnico.
"Las nuevas capacidades digitales se están empleando fundamentalmente para sustituir viejas líneas y no para poner en explotación más teléfonos por el momento", afirmó Granma, y aclaró que está en estudio la política que regirá "el incremento esperado (de líneas) en el sector residencial".
La Oficina Nacional de Estadísticas informó que la isla, con algo más de 11 millones de habitantes, tenía al cierre del año pasado 666.589 teléfonos instalados, para una densidad de 60,2 aparatos por cada 1000 habitantes.
"Hace más de 20 años que solicité la instalación de un teléfono. Dicen que ahora van a priorizar a todas las personas que llevamos esperando tanto tiempo", dice Aracely García, una médica de 47 años. (FIN/IPS/da/mj/if cr/98