La policía de Carabineros de Chile advirtió hoy que recurrirá a las leyes de Seguridad Interior y Control de Armas para impedir que el alcalde y precandidato presidencial derechista Joaquín Lavín cree un cuerpo de vigilantes armados en su comuna.
La advertencia, transmitida por fuentes de la institución al diario El Mercurio, cerró una semana de polémicas en torno a la iniciativa de Lavín, proclamado aspirante a la presidencia el lunes por su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El alcalde del rico municipio santiaguino de Las Condes, que aspira a ser un candidato "suprapartidario" en las elecciones de diciembre de 1999, pretende formar un cuerpo de 36 vigilantes armados con ex miembros de la policía y el Ejército.
La iniciativa se enmarca en una creciente preocupación por el aumento de la delincuencia, en la cual la oposición derechista juega la carta de la "inseguridad ciudadana" como un elemento de crítica al gobierno de Eduardo Frei.
Pero esta campaña a la vez sugiere que los dos cuerpos policiales del país, Carabineros e Investigaciones, son sobrepasados por la delincuencia e incapaces de impedir el incremento de asaltos, robos y violaciones.
Lavín, un político identificado con la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), sostiene que es irracional no aprovechar la experiencia y capacidad de policías y militares retirados para controlar a los delincuentes.
La idea de Lavín fue rechazada ya por el gobierno y los mandos de Carabineros e Investigaciones, pero suscitó reacciones variadas en los partidos de la oficialista Concertación por la Democracia.
Las primeras denuncias sobre el carácter anticonstitucional de una guardia armada municipal procedió de parlamentarios de tres de los cuatro partidos gobernantes, el Demócrata Cristiano (PDC), Por la Democracia (PPD) y el Socialista (PS).
La Constitución plebiscitada en 1980 por Pinochet establece que las únicas instituciones encargadas del orden público en Chile son el Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Carabineros es un cuerpo militarizado que cumple tanto funciones de represión y vigilancia callejera como de dirección del tránsito, investigación de delitos y búsqueda y detención de sus autores a través de departamentos especiales.
Investigaciones, como institución de policía civil, trabaja igualmente en la prevención de crímenes y actos ilícitos en general y a menudo en su tarea de pesquisa y persecución de delincuentes tiene choques con efectivos de Carabineros.
Los cuerpos policiales dependían tradicionalmente en Chile del Ministerio de Interior, pero desde 1974 la dictadura de Pinochet los adscribió al Ministerio de Defensa, junto al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
No obstante las denuncias contra Lavín de diputados del PPD, la dirección de ese partido apoyó esta semana la idea del alcalde "pepedeísta" de Viña del Mar, Rodrigo González, de crear una policía comunal en el lujoso balneario situado 130 kilómetros al oeste de Santiago.
La decisión del PPD fue interpretada como un implícito respaldo al proyecto de Lavín, en tanto el alcalde de Santiago- Centro, Jaime Ravinet, del PDC, sostuvo que el proyecto de su colega de Las Condes debe ser analizado.
La polémica va desde quienes consideran muy positiva la creación de cuerpos policiales armados en los municipios, hasta quienes ven en estas iniciativas el germen de futuros "escuadrones de la muerte".
Los municipios de mayores ingresos de Santiago, como Las Condes, Providencia y Vitacura, cuentan ya con vigilantes que patrullan permanentemente las calles en camionetas o motos, pero no están autorizados a portar armas.
En sectores de izquierda se teme que la propuesta de Lavín sirva para "reciclar" a ex efectivos de las Fuerzas Armadas que sirvieron en cuerpos de represión bajo la dictadura y pasaron a retiro con el restablecimiento de la democracia en 1990.
Pinochet, que dejó el mando del Ejército el 10 de marzo de este año para convertirse desde el día siguiente en senador vitalicio, no se ha pronunciado en la polémica en torno al proyecto de Lavín.
Las leyes que ahora invoca Carabineros contra el alcalde y precandidato presidencial derechista sirvieron a la dictadura para dar algunos visos de legalidad a violaciones de derechos humanos en la persecución a izquierdistas.
La Ley de Seguridad Interior creó el marco jurídico para modalidades de estados de excepción en cuyo marco se atropellaron las garantías individuales y colectivas, y en especial las libertades de expresión y reunión.
La Ley de Control de Armas fue aprobada en 1972 por la mayoría del parlamento, opositora al gobierno socialista de Salvador Allende, que conformaban el PDC y la derecha.
Apoyadas en esta ley, las Fuerzas Armadas y Carabineros realizaron desde fines de 1972 continuos allanamientos a empresas, sedes sindicales y viviendas de partidarios de Allende, en una suerte de preámbulo del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98
