La Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció la destitución de un juez que investigaba la participación de militares en casos de narcotráfico y el asesinato de siete personas en la norteña ciudad de Tocoa.
El presidente del máximo tribunal, Oscar Armando Avila, dijo que el juez Fernando Zúniga fue separado del cargo al comprobarse que "no actuó con la debida diligencia en algunos casos".
La destitución de Zúniga, quien estaba en Tocoa desde hace dos años, se produce en momentos que conocía sonados casos sobre de la participación de altos oficiales del Ejército en delitos de narcotráfico y la muerte de siete personas hace un mes en esa región.
Tras las investigaciones de la Fiscalía y la policía, Zúniga decidió ordenar la captura del coronel Wilfredo Leva, señalado como autor intelectual de la masacre de Tocoa.
Leva, quien se encuentra prófugo, ya había sido vinculado con bandas de ladrones de automóviles, secuestros, asaltos y ejecuciones extrajudiciales, en complicidad con otros militares y policías de la llamada "banda de los 13", que opera en el litoral atlántico del país.
Trascendió que la destitución de Zúniga, anunciada el lunes pasado obedeció a su lentitud en emitir la orden de captura contra Leva, cuya fuga se podría haber evitado si la justicia hubiera actuado con prudencia y eficacia, según se desprende de las declaraciones del presidente de la Corte de Justicia.
No obstante, el ex juez negó las acusaciones en su contra. "Estoy sorprendido por mi abrupta separación, pues soy consciente que en este caso de Tocoa hemos actuado con la debida prudencia y prontitud, aún sabiendo que hay muchos peces gordos tras este negocio", afirmó.
Zúniga dijo que el caso de Tocoa no es un asunto más de narcotráfico: "aquí se juegan cosas muy delicadas y averiguaré que hay tras la decisión de la Corte para hacer la defensa respectiva y descartar cualquier acusación de negligencia".
Entre las capturas en Tocoa destacan la de fuertes comerciantes y empresarios locales. Uno de ellos es de los narcotraficantes más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en América Latina, informaron fuentes de la Fiscalía hondureña.
Las ramificaciones de la operación efectuada en Tocoa llegaron a la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda del país, donde un juez investiga a 25 agentes y oficiales de la policía implicados en el tráfico de drogas.
Una de las fiscales que trabaja en el caso de Tacoa, Doris Aguilar, fue víctima de un atentado a tiros el día 22.
La fiscal dijo que el atentado se produjo luego que solicitó al juzgado de Tocoa que librara dos nuevas órdenes de captura contra militares implicados en casos de narcotráfico, cuya identidad declinó revelar.
El fiscal del Estado, Edmundo Orellana, dijo este lunes a IPS que las amenazas contra los fiscales que trabajan en casos de narcotráfico "no van intimidar a la institución" y aseguró continuarán investigando "hasta dar con las cabezas de estos actos bochornosos".
Orellana no descartó que más militares y policías estén involucrados, ya que la "impunidad en que han vivido por décadas les permite estas ventajas, que poco a poco están siendo cortadas".
El presidente de la Corte de Justicia anunció que se está estudiando la posibilidad de enviar "jueces sin rostro" a Tocoa para continuar las investigaciones, pero descartó que se incluya legalmente la figura de "operaciones encubiertas" en casos de narcotráfico.
Este tema fue analizado este fin de semana por la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, que busca aumentar las penas a estos delitos y reformar la ley de lavado de dinero recientemente aprobada. (FIN/IPS/tm/ag/ip/98
