El gobierno de Italia comenzó esta semana, en un clima de guerra contra un enemigo que asalta sus costas a diario y asediado por la oposición de derecha que exige mayor dureza, la expulsión de unos 3.000 inmigrantes clandestinos procedentes del norte de Africa.
Junto a los turistas italianos y extranjeros que desembarcaron en la Costa Esmeralda de Sicilia, al sur del país, arribaron unos convidados de piedra sucios, mal vestidos, con barba de varios días tras navegar una noche entera en frágiles embarcaciones.
Esos turistas no deseados comenzaron a ser expulsados. Los verdaderos turistas amenazaban con irse del lugar a pesar de que ni siquiera habían visto a los africanos y se habían enterado de su proximidad por la prensa.
Los inmigrantes clandestinos no alcanzaron a pisar la blanca arena siciliana cuando ya habían sido encerrados en galpones calurosos, herméticos, vigilados, donde acabó su sueño de construirse una vida mejor en un país rico.
La desesperación, la irritación y la frustración se transformaban a menudo en revuelta. Los inmigrantes clandestinos saltaron tapias y rompieron barreras, pero en su gran mayoría fueron detenidos de nuevo a pocas horas de haber escapado de los galpones.
El gobierno centroizquierdista de Italia se apresuró a otorgar 90 millones de dólares al gobierno de Túnez, el día 6, para que aceptara el retorno de sus ciudadanos que, sin pedir permiso, se abalanzaron sobre este país europeo y de aquellos que, no siendo tunecinos, habían partido igual desde sus costas.
Los emigrantes africanos, que conocen las leyes italianas que los afectan, llegaban a las costas de Sicilia sin documentación y daban nombres falsos a las autoridades.
Para poder expulsarlos, las autoridades italianas necesitaban saber sus nombres y su nacionalidad. Pero el acuerdo obligó a los tunecinos a facilitar su identificación.
Los que no han podido ser identificados deberán abandonar de todos modos los centros de recepción, donde, de acuerdo con la ley italiana, no pueden permanecer más de 30 días.
En ese caso, reciben la orden de expulsión, que debe hacerse efectiva dentro de 15 días durante los cuales la mayoría entra en la clandestinidad para permanecer en Italia o, como hace la mayoría, dirigirse a otro país europeo.
Cuando se los puede consultar, la mayoría de los inmigrantes en situación ilegal admiten que usarán esos 15 días para dirigirse a Alemania o Francia, donde tienen parientes o amigos que les puedan ayudar a buscar un trabajo.
Esta disposición fue muy criticada por la oposición de derecha, que pide al gobierno de centroizquierda mayor severidad y que, aunque contraviniendo la ley, no se les permita ese período para evitar la expulsión.
"Tengo seis hermanos, mi padre y mi madre, todos desocupados. Vivía en un pueblo cercano a Kelibia (Túnez) y estaba cansado de esperar que un día u otro mi vida cambiara", dijo Youssef Sakaud, de 18 años.
"Mi único camino era la clandestinidad, como muchos lo habían hecho, buscar trabajo en Francia, Alemania o incluso en Italia. Invertí todos mis ahorros, poco más de mil dólares para embarcarme a Italia", agregó.
"Cuando llegué, estaba seguro que mi vida cambiaría. Pero ahora estoy por iniciar de nuevo un viaje hacia el infierno del cual había escapado. Ahora, todo volverá a ser como antes, o peor que antes", se lamentó Sakaud.
"No pensaba que sería devuelto a mi casa como una encomienda. Yo soñaba una vida como tantos otros jóvenes italianos y franceses: una casa decente, un trabajo, dinero para enviar a mi casa, una motocicleta", dijo.
"Por el contrario, he vuelto a ser un peso muerto, sin futuro. He muerto cuando pensaba que comenzaba a vivir, cuando estaba seguro de haber realizado mi sueño. Volveré, aunque sea nadando", concluyó.
El ministerio italiano del Interior precisó, en un comunicado oficial, que "se están haciendo todos los esfuerzos para identificar y repatriar a los emigrantes clandestinos y haciendo todos los esfuerzos para reducir al mínimo el numero de los no identificables que no pueden ser inmediatamente repatriados".
El ministro del Interior, Giorgio Napolitano, del ex comunista Partido Democrático de Izquierda, afirmó "el gobierno no renunciará a su humanismo" y explicó que "para repatriar a alguien es necesario saber cuál es su patria".
Napolitano dijo que en julio entraron en forma clandestina a Sicilia 2.313 personas y 184 solo en lo que va de agosto, y aseguró que Italia no cierra las puertas a los extranjeros, pero advirtió que solo es posible entrar al país respetando sus leyes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Lamberto Dini, aclaró que podrán entrar "solo los emigrantes que puedan obtener un trabajo fijo o temporal".
El gobierno indicará cada año el numero de personas que podrán entrar, que serán unas 20.000, afirmó Dini. (FIN/IPS/jp/mj/pr hd/98
