El gobierno de Gran Bretaña propuso un sistema que considera más "justo, rápido y firme" para procesar las solicitudes de asilo político, pero organizaciones de refugiados no comparten esta opinión.
"Se trata de una estrategia integrada para controlar la inmigración de manera más justa, rápida y firme", explicó el secretario del Interior, Jack Straw, al presentar la iniciativa el lunes pasado como parte de un informe a la cámara baja del parlamento.
La propuesta de Straw, revelada simbólicamente en el cincuentenario del arribo del primer grupo de inmigrantes del Caribe, incluye mayores poderes de los funcionarios de inmigración con el fin de ingresar a lugares para buscar y detener personas.
Los funcionarios también tendrían mayores facultades para retirar y deportar a los solicitantes de asilo o posibles inmigrantes, informó Straw a organizaciones de refugiados.
Esta situación "nos preocupa mucho, así como la intención de aumentar los controles a las personas en sus países de origen", señaló Mick Chatwin, director jurídico del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes.
Los funcionarios de inmigración ya tienen la autoridad de entrar por la fuerza a un lugar para buscar y detener a personas, pero en presencia de la policía.
"Con estos poderes, junto con la facultad de emitir una orden de cateo, los funcionarios de inmigración podrán actuar en forma independiente de la policía con mayor frecuencia", explica un documento del Ministerio del Interior aparecido en la prensa.
Uno de los planes del gobierno consiste en multiplicar por cuatro el personal de enlace con las aerolíneas, o sea los funcionarios destinados en el exterior, para asegurar que sólo se permita el ingreso de visitantes auténticos a Gran Bretaña.
En la actualidad, hay cinco de estos funcionarios en Accra, Dacca, Lagos, Islamabad y Nueva Delhi.
"La meta es limitar el número de controles de los pasaportes en los aeropuertos británicos. Straw nos dijo que no hay necesidad de controlar los pasaportes de todos los turistas japoneses, por ejemplo, lo que implica que el control se concentrará en algunas aerolíneas", sostuvo Chatwin.
Pero grupos de inmigrantes y refugiados recibieron con cautela la decisión de Straw de acelerar la decisión sobre 10.000 solicitudes de asilo pendientes.
"La medida es insignificante. Veremos si el gobierno puede ofrecer un sistema más eficiente o si los casos se van a acumular de nuevo", manifestó Nick Hardwick, ejecutivo del Consejo de Refugiados.
Pero Straw se negó a autorizar la aprobación automática de parte de las 53.000 solicitudes de asilo pendientes, que le cuestan al gobierno unos 825 millones de dólares por año en gastos legales y de manutención.
"En los últimos 10 años, la cantidad de personas que solicitan asilo en este país se multiplicó por 10", dijo.
"Si sus casos se definen con precisión y no pueden volver a sus países por temor a la persecución, entonces se podrán quedar. Pero seremos mucho más severos con los que vienen y abusan del sistema", agregó Straw.
La cuestión de los solicitantes de asilo es polémica en este país, y aunque su cantidad no es grande comparada con otros estados europeos, la espera para obtener el permiso de permanencia puede demorar hasta siete años mientras los funcionarios de inmigración deciden el caso.
Muchos extranjeros residen en centros de asilo administrados como prisiones por compañías privadas de seguridad, en condiciones criticadas por el propio jefe de inspectores de prisiones del gobierno, David Ramsbotham.
Los extranjeros alojados en el más cuestionado de estos centros, el de Campsfield, cerca de Oxford, protagonizaron una jornada de disturbios en agosto de 1997.
"Hasta que se definan con claridad las normas y obligaciones para las personas alojadas (en estos centros), y para el personal que las vigila, la posibilidad de nuevos disturbios seguirá vigente", dijo entonces Ramsbotham.
"Este país detiene a demasiados solicitantes de asilo durante demasiado tiempo, en muchos casos a personas muy jóvenes, sin razones válidas, sin supervisión judicial, bajo un régimen equivocado y sin las garantías adecuadas", criticó el legislador opositor Evan Harris.
Una de las propuestas más controvertidas de Straw es la de mantener a los solicitantes de asilo a través de la entrega de alimentos y ropa, y no de dinero.
"La mejor forma de mantener a los solicitantes de asilo es permitirles que trabajen. Si no es así, el sistema más sencillo y eficiente es el pago de dinero. La propuesta del gobierno de entregar ropa y alimentos es un gran riesgo y podría cambiar un sistema malo por otro", advirtió Hardwick. (FIN/IPS/tra-en/dds/aq-ml/pr/98
