Ambientalistas de la localidad de Cataño, Puerto Rico, afirmaron que una confabulación entre el gobierno de la isla y la agencia ambiental de Estados Unidos permite a la compañía estatal de energía contaminar el aire.
Quienes pueden aprovechan la primera oportunidad para irse de Cataño, un municipio en el área metropolitana de la capital puertorriqueña, San Juan. Los habitantes que quedan tratan de no salir a las calles para no ser afectados por el aire contaminado.
En las afueras de esta pobre localidad de 35.000 habitantes hay dos plantas de la estatal Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA), considerada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) la empresa que más contamina el aire en la zona denominada Area Dos .
El Area Dos comprende los estados de Nueva York, Nueva Jersey y los territorios estadounidenses en el Caribe.
Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos y, como tal, se atiene a casi todas las leyes federales. Aunque la isla no está anexada a ese país, los puertorriqueños son ciudadanos estaounidenses.
A principios de los años 90, la organización Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCO) llamó la atención de la EPA sobre las emisiones de la empresa energética.
Al ver la gravedad del caso, en 1993 la agencia estadounidense demandó a PREPA por 60 millones de dólares. Tras años de negociaciones, alcanzaron en la corte un acuerdo en febrero por el que se redujo la demanda a seis millones de dólares.
Además, PREPA se comprometió a renovar sus plantas a un costo de 200 millones de dólares. Pero los activistas de CUCCO, organización radicada en Cataño, no están conformes con ese resultado.
En primer lugar, el acuerdo PREPA-EPA no prevé la contratación de un técnico independiente para medir el grado de contaminación del aire en Cataño. CUCCO sostiene que los técnicos puertorriqueños dependen económicamente del gobierno de la isla, y por lo tanto no le resultan confiables.
Otro aspecto del acuerdo que no satisface a los ambientalistas es que la compañía de energía estará autorizada a quemar combustible con un contenido sulfúrico de 1,5 por ciento.
Los integrantes de CUCCO afirman que el contenido sulfúrico máximo aceptado por la ley federal estadounidense es 0,5 por ciento, y que las plantas deben ajustarse a ese nivel para que el aire de Cataño sea aceptable. EPA sostiene que 1,5 por ciento no es excesivo.
Los activistas consiguieron que una corte federal nombrara a CUCCO interventora en el caso, dándole la potestad de modificar el acuerdo PREPA-EPA. La sentencia, sin precedentes, sorprendió a los involucrados.
"Esto se sale completamente de lo ordinario. Hace 23 años que trabajo en esto y es la primera vez que tenemos que cambiar un acuerdo alcanzado en la corte", dijo el abogado de EPA Walter Mugdan, comentando la decisión tomada por la jueza federal Carmen Vargas.
Rosa Hilda Ramos, presidenta de CUCCO, dijo que el grupo está particularmente molesto porque EPA le ha pedido a la jueza Vargas que no vea las evidencias que los activistas le quieren presentar.
"¿Por qué EPA le pide a la jueza que no nos escuche? Porque le da vergüenza admitir lo que está permitiendo que pase aquí", dijo Ramos.
Los integrantes de la organización de base confían en que Vargas no prestará atención a EPA y accederá a ver las evidencias.
Si tal es el caso, Ramos no llevará las pruebas a la corte, sino que traerá a la jueza a Cataño para que vea lo que ella define como un desastre ambiental causado por una confabulación entre el gobierno de la isla y el de Estados Unidos.
Ramos aseguró que PREPA, la compañía energética, "es una mafia que tiene el apoyo tanto del gobierno local como del de Estados Unidos".
La dirigente citó como ejemplo que PREPA firmó un acuerdo con la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, por el que se dejaron de controlar los contaminantes generados por una de las plantas, en Puerto Nuevo.
"¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos permita a una planta energética contaminar sin restricciones?", observó Ramos.
La agencia ambiental estadounidense reconoció la existencia de tal acuerdo, pero sostiene que no viola la política ambiental de Estados Unidos.
"EPA no ha hecho nada para detener al peor delincuente ambiental de Puerto Rico, que es Puerto Rico Electric Power Authority", sostuvo Pablo Santos, del grupo Ciudadanos en Defensa del Medio Ambiente.
"La prueba es que entre ellos negociaron convertir una multa de 60 millones de dólares en una de seis millones", agregó.
En la zona de Cataño hay otras industrias, como plantas de asfalto y cemento, molinos de granos e incluso las destilerías de Ron Bacardi, pero los problemas ambientales que éstas causan son menores comparados con las usinas de PREPA en las áreas llamadas Puerto Nuevo y Palo Seco.
"No importa de dónde sople el viento. Los contaminantes aéreos de esas plantas siempre pueden ser respirados por niños o ancianos que tienen derecho a vivir saludablemente", observó Ramos. (fin/ips/tra-en/cr/di-mj/en/98
