La unidad de élite del Ejército de Venezuela rodea a los cadetes sublevados en la Academia Militar, pero tras breve asedio el batallón levanta el sitio y vuelve sus armas contra el dictador, que huye en cuestión de horas, el 23 de enero de 1958.
Cuarenta años después, el periodista Eleazar Díaz Rangel investiga las órdenes de mando y la nómina de oficiales al frente del batallón que hizo la jugada decisiva de aquella hora, para escribir una historia del alzamiento cívico militar que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez.
"Ninguno de los documentos que buscaba apareció, a pesar del interés del ministro de Defensa y de los oficiales que comisionó para ayudarme", dijo a IPS Díaz Rangel.
"Nadie sabe qué se pudieron haber hecho esos materiales", detalló Díaz Rangel, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas y ex director de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país.
Esa experiencia es sólo una muestra del desierto que encuentran los investigadores que buscan información oficial en Venezuela, desde los trámites más sencillos hasta los secretos de la historia militar. Pero esa situación puede cambiar con una ley que discute actualmente el parlamento.
El proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información de la Administración Pública y de Regulación del Secreto de Estado es producto directo de la historia inconclusa de Díaz Rangel sobre los secretos militares hace 40 años y nadie sabe si aún lo son.
"Una cierta cultura de la administración pública venezolana, marcada por el desorden, se ha refugiado en el no, en lugar de que la información sea la norma y el secreto la excepción", dijo a IPS el diputado socialista Luis Esculpi, presidente de la Comisión de Defensa y principal promotor de la ley.
El resultado es que dominan las órdenes de este tipo: "usted no puede revisar ese documento" o "no puede acceder a esa información", comentó Esculpi, quien aseguró que se trata de actitudes casi siempre injustificadas, que son el refugio para corruptelas la mayoría de las ocasiones.
A raíz del caso Díaz Rangel, la Comisión investigó las leyes sobre el secreto de Estado y acceso a la información de la administración pública en unos 15 países, hasta elaborar un proyecto propio "con sentido positivo, que en primer lugar garantiza ese derecho ciudadano".
El texto que ha discutido el Congreso bicameral y contaría con el respaldo de todos las fuerzas políticas, establece que los órganos de la administración pública están obligados a informar sobre las materias a su cargo a toda persona que lo solicite.
A partir de allí se desgranan las excepciones: será información restringida la relativa a la vida privada y doméstica de las personas, y las materias protegidas por el secreto comercial e industrial.
Bajo el secreto de Estado quedarán las deliberaciones del Consejo de Ministros, documentos cuyo conocimiento pueda dañar la seguridad del Estado, y cualquier otro aspecto de seguridad y defensa clasificado como secreto sólo por el presidente de la República y el ministro del ramo.
Una categoría, la "información secreta-confidencial", sólo podrá desclasificarse a los 10 años, y otra, la "información secreta-reservada", a los 20 años. Esta última es extensible por 10 años más si así lo dispone el presidente.
El ciudadano, en contrapartida, podrá utilizar el recurso de hábeas corpus si considera afectado su derecho de acceder a la información o que en la sometida al examen público se vulnera su derecho a la vida privada.
"Un primer resultado de esta ley sería llevar orden a los archivos de la administración pública. No tememos por un gran costo adicional, pues la infraestructura para organizar el servicio ya existe", dijo Esculpi. Además, "el cuidado en manejar los documentos sería mayor".
Para el ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores y "en particular para los periodistas, se ensancha el campo de la investigación posible", sostuvo Díaz Rangel, y añadió que "editores y gremios de la prensa deberían interesarse más por el proyecto".
Los defensores de los derechos humanos en Venezuela todavía no han entendido la importancia del proyecto de ley. "La violación de otros derechos esenciales es tal, que éste podemos considerarlo secundario", admitió a IPS un portavoz de la organización humanitaria Provea.
Díaz Rangel cita como ejemplo de situaciones que pueden investigarse la última declaración de un ex ministro de Defensa, el vicealmirante Radamés Muñoz, en el sentido de que "detrás de cada contrato de armas hay un parlamentario".
Otro ejemplo es que dos estudios de ingeniería, guardados por el secreto sin que se sepa con base en cuál criterio, están a favor y en contra del destino que la alcaldía de Caracas dio a unas instalaciones como terminal de pasajeros.
"Si la ley propuesta estuviera vigente, bastaría con solicitar esos informes y procurar que el público y los especialistas los conocieran mediante el debate desde los medios de comunicación", dijo Díaz Rangel.
Quizá nunca se sepa cómo deliberaron los oficiales del batallón "Bolívar" para dejar de apuntar con sus armas a los cadetes la noche del 22 de enero de 1958. En cambio, un venezolano común podrá saber las garantías ofrece el lugar donde abordará un autobús para ir a otra ciudad. (FIN/IPS/jz/ag/ip/98
