El intento de Venezuela por privatizar su industria del aluminio fracasó hoy, cuando el único consorcio inscrito para la subasta se abstuvo de presentar ofertas, por diferencias entre sus socios, el grupo británico Billiton y el estadounidense Kaiser.
"No hubo ningún otro factor diferente a pugnas internas del consorcio por su integración y por la participación financiera de cada uno", dijo el ministro Alberto Poletto, al frente del Fondo de Inversiones de Venezuela, a cargo del proceso privatizador.
Kaiser, Billiton y una procesadora venezolana, Sural, constituyeron hace tres días un consorcio único para optar por la compra de la estatal Corporación Aluminios de Venezuela, el 70 por ciento de la industria.
Pero, en contraste con su solicitud de una semana de prórroga y de febriles negociaciones para repartirse las acciones del consorcio cotizante (35 por ciento para Billiton y Kaiser, y 30 por ciento para Sural), en la sesión de este jueves ni siquiera se presentaron a anunciar que no comprarían.
El complejo ofrecido consta de dos plantas reductoras de 650.000 toneladas por año de aluminio primario, una mina de bauxita capaz de extraer seis millones de TM anuales, una procesadora de alúmina (dos millones de TM/año) y una fábrica de ánodos de carbón, necesarios para el reducido.
Venezuela tiene como ventajas comparativas materia prima abundante y energía hidroeléctrica barata, mano de obra entrenada y buena ubicación frente a mercados consumidores, pero el grupo de plantas adolece de obsolescencia tecnológica y falta de capital, y existe depresión de los precios internacionales.
Un avalúo a principios de este año estimó el valor del complejo en 2.100 millones de dólares (un tercio de lo invertido en tres décadas) pero sobre esa base los grupos interesados en su compra – la docena de colosos internacionales del aluminio- se retiraron para una subasta en marzo.
El Fondo de Inversiones abrió un proceso para una segunda subasta el 15 de julio y fijó un nuevo precio de base en 1.550 millones de dólares, inscribiéndose cinco consorcios, pero se fueron retirando al acercase la fecha y, dentro de ellos, varios socios desertaron.
La última deserción, horas antes de la subasta fallida el día 15, se produjo cuando la francesa Pechiney abandonó a Billiton y Kaiser perdió como socios al consumidor coreano Daewoo y a Century International, del financista húngaro-estadounidense George Soros.
Kaiser y Billiton pidieron prórroga para buscar nuevos socios y finalmente resolvieron acudir a la subasta junto con la venezolana Sural, pero finalmente no se presentaron.
El gobierno de Venezuela "pecó de ingenuo o, a sabiendas de que no se presentarían, montó una especia de 'show' para mostrarse ajeno a la fallida subasta", dijo Waldo Negrón, el principal organizador técnico de la primera subasta, retirado del proceso desde mayo.
"El gobierno no tuvo nada que ver", replicó el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff. "Simplemente, los socios no se pusieron de acuerdo sobre lo que, hablando en criollo, es poner los billetes sobre la mesa".
Petkoff reconoció que, al caer la porción de ingreso neto esperado este jueves -107 millones de dólares-, el Estado deberá aumentar el endeudamiento externo en esa misma medida para atender su déficit fiscal. No es una suma importante, sin embargo, dentro de los 3.000 millones a buscar.
Como se ofertaba 70 por ciento de acciones y las empresas de aluminio arrastran deudas por 1.245 millones de dólares, sólo debía pagarse este jueves 207 millones, de los que 100 millones se devolverían al comprador para compensar diferencias entre los estados financieros de diciembre y junio.
Pero la pérdida para el Estado es mayor al cuantificarse los pasivos de los que no ha podido desprenderse: además de la deuda, están pasivos ambientales por 270 millones de dólares y de salud y pensiones para los 9.900 trabajadores por otros 235 millones.
Además, las empresas necesitan inversiones por 500 o 600 millones de dólares, para sostener en el tiempo su capacidad y ritmo de producción. "Y ese dinero no lo tenemos", reconoció Efraín Carrera, presidente de la estatal Corporación de Guayana, propietaria titular del complejo.
Aunque el gobierno, según dijeron Poletto y Petkoff, no descarta la organización de una tercera subasta antes de que el presidente Rafael Caldera concluya su período en febrero, en lo inmediato debería activarse un duro "plan de contingencia" en las empresas de aluminio.
Este plan incluiría cierre de líneas de producción que estén obsoletas y una severa reducción de gastos, con despido de trabajadores. "No queda sino armarnos de paciencia. Reducir costos implica reducción de personal", dijo el portavoz de uno de los grupos de empleados, René Vitar.
Petkoff dijo que trabajarán para que todas las plantas sigan abiertas "y obviamente hay que hacer un esfuerzo muy grande para que las empresas no colapsen", aunque admitió que el proceso implicará despedir trabajadores.
En el origen de las dificultades está la lentitud y la propuesta a destiempo de la privatización del aluminio en Venezuela, así como la depresión de los precios del recurso a alrededor de 1.300 dólares la tonelada, mientras que las plantas crecieron suponiendo uno mayor de 1.500 dólares.
Pero también está el engranaje casi oligopólico con el que una docena de grandes corporaciones maneja el negocio en todo el mundo, y casi todas ellas se lanzaron a compras y desarrollos diversos durante 1997, agotando prácticamente su cartera de adquisiciones.
Cuando correspondió el turno a Venezuela, las corporaciones interesadas en inyectar rentabilidad a sus plantas en otras partes del mundo hicieron movimientos dobles: por un lado para adquirir las plantas, por otro para neutralizarlas, lo que explica sus progresivas deserciones.
La oferta de 650.000 toneladas/año que hace Venezuela representa 3,9 por ciento de la producción mundial. (FIN/IPS/jz/ag/if/98
